La semana pasada venció el plazo para pagar el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas y el Gobierno logró recaudar hasta el momento más de 223 mil millones de pesos, una cifra ligeramente menor a la prevista pero que representa el 75% de lo estipulado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se trata de al menos 10 mil dueños de patrimonios superiores a los 200 millones de pesos que pagaron el tributo antes de su vencimiento, por lo que constituyen más del 80% de los individuos potencialmente alcanzados. Cabe destacar que hay aproximadamente 200 litigios que reclaman ante la Justicia porque definieron a la medida como «inconstitucional y de carácter confiscatorio».
Las personas con patrimonios de 200 millones de pesos debieron tributar un 2%, mientras que la tasa subió a 2,25% para fortunas entre 300 y 400 millones de pesos. Quienes tienen entre 400 y 600 millones pagaron una tasa de 2,50%, mientras que entre 600 y 800 millones se incrementó a 2,75%. La escala continuó a 3% de impuesto a los patrimonios de entre 800 y 1500 millones de pesos, 3,25% a los de 1.500 a 3.000 millones, y finalmente el 3,5% a quienes posean bienes por encima de los 3.000 millones. «La mayoría de los contribuyentes alcanzados por el Aporte Solidario y Extraordinario cumplieron con su obligación. Los recursos generados serán fundamentales para hacer frente a la urgencias sanitarias y económicas que nos impone la pandemia», destacó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a través de un comunicado.
Precisamente, alrededor de 45 mil millones -20% del total recaudado- será destinado exclusivamente a equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y otros insumos críticos para la prevención y asistencia sanitaria contra el COVID. Otro 20% de los ingresos preliminares del aporte de las grandes fortunas irá a subsidios para las micro, pequeñas y medianas empresas, para sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores y trabajadoras. A las becas Progresar les corresponderá una inyección adicional de recursos equivalente al 20% del total recaudado. Por otra parte, más de 33 mil millones de pesos (15% de la recaudación) serán destinados a mejoras habitacionales para los barrios populares a través del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Finalmente, unos 55 mil millones -25% de los fondos- financiarán «programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural». Éste es visto como uno de los artículos más polémicos, porque aún se desconoce a quién beneficiarán estas inversiones.
«Que hayan pagado más de 10 mil de los 13 mil ricos y famosos que había estimado la AFIP como potenciales alcanzados muestra que quienes iniciaron demandas para no pagarlo son una minoría ruidosa pero poco numerosa. También les resta chances en sus litigios contra la ley», analizó el periodista económico Alejandro Bercovich mediante su cuenta de Twitter. Desde la AFIP estiman que el 20 por ciento que no cumplió con el pago equivale a unas 3000 personas, de las cuales sólo unas 200 presentaron una demanda ante la Justicia. Este listado de litigantes incluye a los accionistas del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro; a Alejandro Julio Saguier, de la familia propietaria de La Nación; Constancio Vigil, heredero del ex dueño de Editorial Atlántida; a Inés Bengolea, familiar de la fallecida Amalia Fortabat; a Milagros, Sebastián, Matías, Marcos, Fátima y María Candelaria, parientes de Nicolás «Nicky» Caputo; a Mario Rovella, de la constructora Rovella Carranza, que figura en la causa Cuadernos; a los empresarios Martín Kalpakian y Eduardo Kalpakian; y al futbolista de Boca Juniors, Carlos Tévez; entre otros.
