El pasado 9 de mayo, Juan Grabois encendió la mecha a través de una columna de opinión en la que calificó a la Tarjeta Alimentar como una «política estúpida» que «carga un enorme desconocimiento de la realidad, un temor reverencial a los formadores de opinión, una confianza infantil en los formadores de precios, una enorme desvalorización de los trabajadores, una enorme sobrevaloración de los tecnócratas y una adicción inocultable a los focus groups». «Masificar el asistencialismo no es el camino», remató el dirigente social que ahora ocupa un cargo en el Vaticano.
Casi en sintonía, el mismo día Emilio Pérsico -secretario de Economía Social de la Nación- cuestionó que «esa tarjeta es pan para hoy y hambre para mañana». La coincidencia de opiniones entre Grabois y Pérsico dio lugar en la tarde de ayer a un posteo de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) bajo el título «Alimentemos con trabajo», donde plantearon que «las políticas paliativas a corto plazo son un mal camino cuando estamos en condiciones de potenciar y crear trabajo en actividades como la producción en pequeña escala, servicios ambientales, tareas comunitarias, infraestructura urbana y producciones agroalimentarias». «Esta política es doblemente errada si no se logran controlar los sobreprecios que sufren los usuarios de la tarjeta cuando la utilizan en los comercios. Ni los aumentos que genera la especulación de algunos con el precio de los alimentos. Los monopolios y los actores financieros trasnacionales terminan absorbiendo gran parte de la renta, aprovechando que los comercios barriales no cuentan con dispositivos de pago electrónico», agregaron.
La implementación de esta «política de complemento integral alimentario», tal como la define el Gobierno, se encuentra en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Recientemente, el presidente Alberto Fernández anunció una ampliación del universo de beneficiarios de ese programa social -ahora llegará a 3,7 millones de niños y niñas de hasta 14 años- y una suba de hasta el 100% del monto mensual que percibe cada familia: se mantendrá en 6000 pesos para quienes tienen un hijo/a, se incrementará a 9000 pesos para quienes tienen dos y a 12 mil pesos para quienes tengan dos o más hijes. Frente a las críticas de los dos principales referentes de los movimientos sociales, el ministro Daniel Arroyo señaló que «lo básico de lo básico es que todos coman pero coman bien en este contexto donde es evidente que están aumentando los precios de los alimentos». Por su parte, la presidenta del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, sostuvo que «ayuda a poder tener la tranquilidad de darle de comer a 4 millones de niños».
El conocimiento académico frente a la Tarjeta Alimentar
La tarjeta alimentaria nació en diciembre de 2019 como una de las primeras medidas gubernamentales para reducir la pobreza y dinamizar el consumo. Tres meses después llegaría la pandemia y el margen de maniobra para mejorar los indicadores sociales se achicó notoriamente. En marzo de este año, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) realizó un balance de la Tarjeta Alimentar a un año de su implementación y señaló que «se encontraron indicios descriptivos de un papel positivo de ALIMENTAR sobre la inseguridad alimentaria severa: mientras 10,3% de los hogares receptores han padecido episodios de inseguridad severa, esta cifra alcanzó a 31,3% de los hogares vulnerables no destinatarios».
Si bien el trabajo de la UCA reportó que entre 8 y 9 hogares con Alimentar declara haber comprado lácteos, carnes, frutas, verduras, legumbres o cereales y huevos en su última compra de alimentos, también dio cuenta del carácter insuficiente de esta política: «En efecto, 20,7% de los niños/as destinatarios de Alimentar experimenta déficit en la calidad del desayuno (…) y se observa que entre los niños/as con Alimentar el 41,7% tiene déficit en el consumo de lácteos».
Desde el IDAES-UNSAM, por su parte, analizaron este tema en una producción colectiva titulada «¿Qué pone la cuarentena sobre la mesa? Debates sobre soberanía alimentaria y economía popular». Allí, las autoras -Julieta Monzón y Andrea Sosa- remarcaron que «sin negar las urgencias indeclinables del hambre en el país, nos preguntamos en qué medida ciertas políticas que buscan paliar la crisis alimentaria pueden terminar favoreciendo la concentración en el sector: por ejemplo, la nueva tarjeta alimentaria difícilmente pueda emplearse en estos emprendimientos (refiriéndose a los de la economía popular) por algo tan burdo y terrenal como que se necesita un posnet». Precisamente, uno de los problemas más comúnmente manifestados por los hogares destinatarios es que algunos productos no se pueden comprar con la tarjeta y que algunos comercios no la aceptan.
Finalmente, el Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación (CEPEA) -donde conviven investigadores e investigadoras de las Universidades Nacionales de Buenos Aires (UBA) y Entre Ríos (UNER)- celebró la iniciativa pero al mismo tiempo sugirió que «la Tarjeta Alimentar ofrezca una clara señal de cuáles consumos son los preferibles (a promover) y cuáles deberían disminuirse». «La distribución de tarjetas y la permanencia en el programa deben ir acompañados en el tiempo por acciones efectivas de educación alimentaria para una mejor compra y preparación de alimentos; con especial énfasis en un mayor acceso a frutas y vegetales y productos frescos entre los alimentos de mayor densidad nutricional, ya que modificar hábitos fuertemente arraigados requiere horizontes temporales que no son cortos», concluyó CEPEA.
