En Colombia, los medios masivos de comunicación desarrollaron mecanismos técnicos y estrategias conceptuales, como la espectacularización, para fijar imaginarios individuales y colectivos basados en una cultura del miedo respecto al narcotráfico. En una especie de similitud con el caso colombiano, las cámaras de televisión en nuestro país se posaron esta semana sobre el barrio Padre Mugica de Villa Lugano para exhibir la «guerra narco» que padece el lugar. Luego de un enfrentamiento a tiros entre grupos delictivos que se disputan el negocio de la venta de drogas, los flashes retrataron el ingreso de un batallón de la Policía de la Ciudad para restablecer el «orden». Una vecina apuñalada tras denunciar la pérdida de su casa a manos de los narcos, otros que reclaman mayor seguridad y queman contenedores en un acto de furia. La transmisión televisiva se erige en un show en el que Lugano aparenta ser un territorio perdido – y escindido de la responsabilidad de las autoridades porteñas-, que terminará en el olvido una vez que el foco de atención de estos medios se dirija a construir nuevos relatos.
Pero la situación violenta no es de ahora, viene desde los inicios en que se construyó este complejo habitacional. El barrio Padre Mugica surgió de la firma de convenios entre el Gobierno nacional, el Gobierno de la Ciudad y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el año 2008, para la construcción de 780 viviendas. Luego de que el programa Sueños Compartidos recibiera denuncias de corrupción producto de las acciones de su apoderado Sergio Schoklender, la finalización de las obras quedó en 2012 a cargo de la empresa constructora SENTRA S.A., bajo responsabilidad del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Éstas jamás culminaron en su totalidad y los consorcios no llegaron a conformarse; no obstante, el Gobierno porteño decidió relocalizar a familias de Villa El Cartón, del camino de ribera de la Villa 21-24, del asentamiento Agustín Magaldi y del Barrio Inta (ex Villa 19).
Éste último no es un detalle menor, puesto que vecinos y vecinas aseguran que la llegada al barrio de nuevos pobladores provenientes de distintas zonas de la Ciudad y la Provincia dio lugar a los primeros enfrentamientos por el dominio territorial, con los negocios y ventajas que esto traía aparejado para las bandas criminales.
Exclusión social, conflictos con la Policía y penetración narco
El barrio Padre Mugica se ubica en Villa Lugano (Comuna 8), donde -de acuerdo con un reciente informe del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM)- el 21 por ciento de los vecinos y vecinas del barrio viven hacinados, contra el 3 por ciento que padece esa condición en Recoleta y Palermo. Asimismo, la mortalidad infantil en Lugano es más del doble que en Recoleta. «Esto da cuenta de una ausencia del Estado en forma estructural y en todas las vertientes: infraestructura, educación, salud, seguridad y lo alimentario. El barrio está en pésimas condiciones, hay una parte de las viviendas que no se terminaron de construir y la Ciudad no tiene en cuenta eso. Tampoco hay un seguimiento y cuidado de los espacios comunes. Durante el comienzo de la pandemia, incluso, el GCBA no consideraba al Padre Mugica como un barrio popular, con lo cual no querían acercar ni siquiera bolsones», explica en diálogo con El Grito del Sur Nayla Loitegui, integrante de la Junta Comunal Nº8 por el Frente de Todos.
Este malestar social se hizo evidente el martes pasado, cuando habitantes de la zona elevaron el nivel de protesta y quemaron dos contenedores, lo cual generó enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad. Cabe destacar que las prácticas abusivas de las fuerzas de seguridad en los barrios populares -en especial hacia los jóvenes- son moneda corriente y se profundizaron durante el gobierno de Mauricio Macri con la llamada «guerra contra el narcotráfico». Entre los años 2016 y 2018, por ejemplo, se destinaron 84 millones de dólares a causas por tenencias de drogas, encarcelando perejiles o inocentes.
«La política del macrismo en relación al narcotráfico fue una de las más nefastas de la historia. Instalaron el combate al narcotráfico como un discurso de guerra, pero no hubo resultados concretos ni materiales como por ejemplo el secuestro y golpe a las bandas más importantes ligadas a este fenómeno. Una de las prácticas habituales del macrismo, en cambio, fue detener pibes que estaban fumando en una plaza», señala a este medio Gabriel Ganón, abogado y profesor de Criminología y Política Criminal de la Universidad Nacional de Rosario.
En la Ciudad de Buenos Aires, se mantiene la tendencia de un elevado número de causas por estupefacientes frente a otros delitos. De acuerdo con un trabajo de la Defensoría del Pueblo porteña del año 2017, en 5 de cada 10 causas iniciadas en la Justicia Federal en el ámbito de la Ciudad se investigan delitos previstos en la Ley 23.737 sobre contrabando de estupefacientes.
Mayor presencia del Estado para dar vuelta una «batalla perdida»
El narco colombiano Henry de Jesús López Londoño -alias «Mi Sangre»-, gran conocedor del tema, sostuvo cinco años atrás que «el narcotráfico entra en cada estrato de la sociedad porque hay vacíos estatales. Si se entendiera que es un problema de salud pública y no solamente de criminalidad, tendríamos mejores resultados en la reducción del consumo». Hasta el momento, la persecución y criminalización de las personas que usan drogas ha tenido como consecuencias la vulneración de derechos humanos, violencia institucional, estigmatización social y recursos económicos direccionados a la criminalización selectiva.
Frente a esta problemática, tanto Loitegui como Ganón proponen una mayor presencia del Estado desde una perspectiva multidimensional, que excluya la faceta represiva. «Las autoridades del Gobierno de la Ciudad saben qué sucede en ese barrio porque los vecinos y las vecinas lo denuncian hace mucho tiempo. No se puede seguir mirando para otro lado, la única forma de resolverlo es a través de una política integral, que tenga que ver con la seguridad y la prevención a partir de la inclusión social. La ausencia del Estado es aprovechada por la delincuencia organizada», asegura la comunera opositora al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Por su parte, el especialista en Criminología afirma que «hay que sacar a estas personas de la situación de miseria y abandono en la que viven. En la medida que continúen las situaciones de desigualdad extrema, el fenómeno va a seguir fluyendo en las barriadas populares. Es una batalla perdida, pero se pueden reducir los daños con un Estado que entre en esas barriadas y ponga puntos de asistencia y desarrollo. Si el Estado se retira, alguien ocupa su lugar. De todo esto se sale con más Estado».
