El matrimonio infantil suele sonar como un concepto lejano, un hecho que pasa en culturas muy distintas a la occidental y, definitivamente, como algo que no sucede en Argentina. Sin embargo, la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) sostiene que en nuestro país casi el 5 por ciento de las niñas menores de 18 años están casadas o conviven con varones entre 10 y 15 años mayores que ellas, mientras que UNICEF advierte que la pandemia ha hecho que más de 10 millones de niñas en todo el mundo estén en riesgo de ser víctimas de esta forma de violencia.
El último 8M, Unicef publicó el informe “Covid-19: Una amenaza para el progreso contra el matrimonio infantil”, donde denunció que la crisis socioeconómica provocada por la pandemia dejó aún más vulnerables a niñas y adolescentes. “La Covid-19 ha empeorado una situación ya difícil para millones de niñas. El cierre de escuelas, la ausencia de amigos y redes de apoyo y el aumento de la pobreza han reavivado un fuego que el mundo ya estaba luchando por apagar. Pero podemos y debemos acabar con el matrimonio infantil”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, y señaló que las niñas pueden perder “su educación, su salud y su futuro”.
En Argentina, FEIM busca visibilizar esta problemática. “Durante la pandemia, a estas niñas, que ya de por sí están en una situación no buscada ni planeada, se les ejerce violencia y no pueden salir de sus casas a buscar ayuda”, dice a El Grito del Sur Cecilia Correa, psicóloga e integrante del equipo de FEIM.
Según un informe publicado por la Fundación, “la violencia contra las niñas menores de 14 años es ejercida por los padres y/o padrastros y en las adolescentes de 15 a 18 años, varones jóvenes entre 18 a 29 años” y desde el inicio del aislamiento por Covid esta situación ha recrudecido. “El tipo de violencia que prima es la física y psicológica, pero también inciden violencias de tipo simbólica, sexual y económica, especialmente para el rango de 15 a 19 años”, agrega el documento.
De acuerdo a los parámetros que utilizan tanto FEIM como otros organismos internacionales, el matrimonio infantil hace referencia a todo casamiento entre personas menores de 18 años, aunque también se contemplan las uniones infantiles. “Hablamos de uniones infantiles tempranas y forzadas. Tempranas porque es antes de los 18 años y no se le permite a ese niño o niña un desarrollo pleno tanto en lo físico como en lo educativo, y forzada porque no tiene el consentimiento de una o ambas partes. Para menores de 15 siempre es forzado porque no pueden dar consentimiento”, explica Correa.
El matrimonio o unión infantil, continúa la psicóloga, “es un fenómeno con muchos componentes”, pero hay un aspecto unívoco: constituye una violación de los Derechos Humanos. “Hay desigualdades estructurales y de género, porque en la mayoría de los casos se trata de niñas y adolescentes, y hay muchas prácticas y normas instaladas en sociedades. También tiene que ver con la pobreza porque esos niños son casados para retirarlos de espacios familiares o comunidades que no son seguras. Quizás una familia en la extrema pobreza y con muchos hijos acepta entregar esa hija a un adulto con, entre comillas, una mejor posición económica”, sostiene Correa.
“Por otro lado, ese matrimonio o unión puede ser un beneficio porque hay una transacción económica en el medio. Esto se ve en comunidades, por ejemplo, en Asia o África, pero también en Honduras o El Salvador -afirma la psicóloga-. Es muy importante tener una mirada interseccional de esta cuestión”. Según el relevamiento hecho por FEIM, las provincias con frecuencias más altas de matrimonio y uniones infantiles entre los 14 y los 17 años inclusive son: Misiones (7,2 por ciento); Chaco (6,9) y Formosa (6,4), seguidas por Santa Fe y Entre Ríos (5,4), Santiago del Estero y Corrientes (5,3), Salta (5), La Rioja (4,9).
“Pero los datos que tenemos son del censo de 2010, que no contempla matrimonios o uniones. La información del censo la cruzamos con estadísticas y datos sobre embarazo adolescente y maternidad de 2015 y de violencia de 2018, que en algunos casos es muy sesgado porque tenés datos paralelos y de gobiernos provinciales que cargan datos con distintos criterios. También usamos información de dos encuestas que hicimos en el marco del Covid con la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva (RedNac)”, detalla Correa.
En esas encuestas se incluyó de forma puntual una pregunta sobre matrimonio infantil. Sin embargo, señala la integrante de FEIM, los números no daban cuenta de que existiera esta problemática. “Pero cuando llegábamos a la parte cualitativa y preguntamos si había parejas con una gran diferencia de edad había muchas más de las que figuraban en la parte cuantitativa. Entonces fue necesario hacer todo ese cruce de datos”, explica a este medio.
El matrimonio o unión infantil tiene consecuencias devastadoras en la vida de niñas y adolescentes. “Pone en riesgo la salud sexual y reproductiva de esas niñas y adolescentes, aumenta la posibilidad de tener un embarazo adolescente, pero también de contraer enfermedades de transmisión sexual -detalla Correa-. También impacta en el sistema educativo porque terminan dejando la escuela, que es el único lugar seguro que tienen y que da la posibilidad de pensar un proyecto a futuro. Esa pareja le coarta la posibilidad de seguir educándose y tener salida laboral y autonomía económica”.
Desde Unicef se ha llevado adelante una campaña internacional para que los países cambien las leyes que permiten el matrimonio o la unión infantil. En el caso de Argentina, existen distintas normas que protegen los derechos de les niñes como la Convención sobre los Derechos del Niño o la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), entre otras.
“Para generar un cambio es clave la implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) porque la escuela, además de educar, representa un espacio seguro para conversar y establecer si esa niña o adolescente vive una situación de violencia. También hay que incluir a los varones en esto -asegura Correa-. Hay que visibilizar, poner este tema en agenda, describirlo como un fenómeno de violencia sexual, psicológica, fisica y económica, hacer un trabajo interseccional y transdisciplinario y tener una respuesta multisectorial que involucre al Gobierno nacional, a los provinciales y a las organizaciones de la sociedad civil”.
