«No queremos tenerles miedo, queremos fuerzas de seguridad democráticas»

✊🏻 En un nuevo aniversario de la Masacre de Budge avanza en el Congreso un proyecto de ley Integral contra la Violencia Institucional, que busca introducir una reforma estructural en las fuerzas de seguridad.

Foto: Nicolás Cardello

En el marco de un nuevo Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, El Grito del Sur conversó con Ayrton Blanco, presidente del centro de estudiantes de la escuela Nuestra Señora de Fátima, Nora Calandra, de la Rama de Liberades del MTE, y con el diputado nacional Leonardo Grosso, coautor del proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional que se está discutiendo actualmente en la Cámara de Diputados de la Nación. Hasta el momento, ya se realizaron dos reuniones informativas en torno a la iniciativa: la primera con la participación de organismos de derechos humanos, y la segunda con representantes de las organizaciones sociales. «Nosotros y nosotras creemos que es muy importante que el proyecto salga con el aval de todos los partidos políticos, por el tema que estamos tratando, así que estamos trabajando en los consensos, y en la conciencia de los diputados y las diputadas para construir esas mayorías», explica el diputado. De todas formas, no por esto asumirán que el tema deba dilatarse más de la cuenta; por el contrario, «es importante avanzar con legislación lo antes posible, porque después en la campaña electoral todos los partidos políticos incurren en el grave error de la demagogia punitiva como elemento para «atraer votos», pero que después genera o profundiza estos problemas estructurales que no reformamos».

«Esto va más allá de los colores políticos y de la ideología personal de cada uno y cada una. Hay que entender que esto no es un discurso ni una ley que va a ayudar a una campaña política, sino que es una realidad que se vive en los barrios, que viven los compañeros y las compañeras, y realmente es fundamental que salga porque en un país de derechos como la Argentina esto es una deuda con la democracia, es una deuda con todas las familias de los que fueron asesinados a manos de la policía», suma en ese sentido Ayrton, quien no duda un segundo en apoyar la propuesta. El joven vive en Villa 15 – Ciudad Oculta, uno de los tantos barrios populares de nuestro país que tiene marcadas con pintura indeleble las paredes de sus pasillos con la cara y el nombre de más de un pibe y de una piba asesinades por la policía. «Si sos menor de edad y te piden el documento sin motivo también es abuso policial», comenta en relación a una de las prácticas más habituales de las fuerzas de seguridad con los y las jóvenes. «Hay leyes en contra de que los oficiales revisen a los menores: está la Ley 26.061, que es la ley de los niños, niñas y adolescentes de Argentina, que uno de los derechos que establece es la libre circulación de los mismos», sigue.

Además, el representante estudiantil sostiene: «Hay que romper con la falsa idea de «reinserción social», porque los pibes y las pibas de los barrios populares ya estamos en la sociedad, estamos presentes, estamos estudiando, no somos delincuentes por usar una gorra. Quiero que se entienda que nosotros no tenemos ganas de tenerle miedo a la policía, queremos que sea una institución democrática», sostiene. Grosso retoma esta idea de institución democrática en respuesta a la consulta de este medio sobre la probabilidad de construir «fuerzas de seguridad populares» y responde: «Es necesario pensar en fuerzas de seguridad democráticas más que populares. Lo popular o lo no popular es la dirección política que tenga el Estado». «Lo que no hay que permitir es que las fuerzas de seguridad no sean el monopolio del Estado. Entonces, lo primero es que sean estatales siempre, pero después lo importante es que sean democráticas, es decir, que hagan respetar las leyes y los acuerdos que las instituciones van construyendo a partir de los acuerdos de las mayorías y las minorías de la sociedad argentina, que se constituyen a través de la voluntad popular», agrega.

Y la pregunta es entonces cómo construir unas fuerzas de seguridad democráticas, que permitan romper con el accionar sistemático vigente hasta el día de hoy, que se cobra la vida de centenares de pibes año tras año. «Hay que construir un acuerdo de seguridad democrático y popular. La seguridad no es un problema solo de policías. Perón decía que la economía es un tema demasiado complejo para dejarlo en manos de los economistas, nosotros nos apropiamos de esa frase y decimos que la seguridad es un tema demasiado complejo para dejarlo solo en manos de policías. Necesitamos democratizar la política de seguridad y eso tiene que ver con que intervengan los distintos actores políticos, sociales, gremiales y económicos de la sociedad para poder consolidar una política preventiva que evite los hechos de violencia, las violaciones de los derechos humanos y garantice el buen funcionamiento del conjunto», apunta el diputado.

Pero la violencia institucional no es cosa solo de los barrios populares, se sufre y vive en carne propia también en las cárceles de todo el país. «Yo parí a mi hijo con una cadena en los pies y hasta ese momento creí que era parte de la condena, hoy puedo ver que eso fue violencia institucional», dice Nora Calandra, de la Rama de Liberades del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Y la violencia continuó también después del parto: tuvo que pelear por cada pañal, por cada leche, por cada prenda de vestir para su hijo, que hoy tiene 8 años. Hasta incluso tuvo que presentar un hábeas corpus para que le permitan elegir el método anticonceptivo que quería utilizar. Cuando le preguntan a Calandra por qué es importante una Ley contra la Violencia Institucional, no tiene ni que pensarlo: «Es necesaria para que no se vuelva a repetir lo que vivimos los, las y les que sufrimos violencia institucional. Me costó mucho reconocer cuáles eran mis derechos. En los barrios a veces no se sabe y yo vengo de un barrio popular, donde el no tener acceso a la salud por no tener una salita cerca era normal. Fue muy difícil darme cuenta que me estaban vulnerando el derecho a la salud. Y comprendí todos los derechos que tenía cuando estaba en la cárcel y me los arrebataron. Porque cuando a mí me condenaron a seis años de prisión, me condenaron a no circular y me restringieron la libertad ambulatoria, pero no todos los otros derechos, como el derecho a la salud, a la educación, a la información o mismo a comunicarme con mi defensor oficial, eso no está contemplado en el Código Penal, pero sí se restringe en el contexto de encierro, en la cárcel».

«Seria muy difícil que no haya violencia institucional en la Argentina, porque hay una deuda pendiente de la toda la democracia -y en eso nos tenemos que hacer cargo nosotros como gobierno ahora, y todos los gobiernos de la democracia- que es la reforma estructural de las fuerzas de seguridad provinciales para construirlas como fuerzas de seguridad democráticas, con formación, con valores, con estructuras y con participación democrática», reconoce el legislador y dirigente nacional del Movimiento Evita. «Esa formación y esas reformas estructurales que nunca se hicieron en ninguna provincia del país, y que donde más se avanzó fue en las fuerzas federales, pero no del todo, hacen que las fuerzas de seguridad sigan respondiendo a viejos paradigmas de acción y de organización. Por lo tanto, en esos paradigmas la violación de los derechos humanos era parte de la concepción y no era un problema. Es evidente que en ese paradigma vamos a seguir teniendo casos de violencia institucional», insiste.

Nora puede dar fe de ello y, por su experiencia, conoció de cerca el cruce de dos realidades igual de violentadas que terminaron con un mismo final: la cárcel. «Tengo muchísimos casos conocidos de compañeras que estaban en situación de calle y terminaron en la cárcel, como si esa fuera la única opción o la única respuesta del Estado para esas personas -relata-. En general, la solución del Estado es la punitiva. Y hay violencia institucional previa a la cárcel, por la indiferencia que existe, y la indiferencia es violencia. Si no te ven con una necesidad, si no te ven cuando te encontrás golpeando una puerta o si no te ven cuando terminás en un parador pidiendo comida o durmiendo en una estación, si así y todo el Estado no te ve es violencia», sentencia.

Las discusiones sobre el punitivismo son muy amplias, hay diversas miradas y exceden en muchos casos hasta a la propia cuestión de la violencia institucional. Pero refiriéndose al discurso punitivista que muchas veces intenta fogonearse desde algunos sectores de la políticas, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto, Leonardo Grosso opina que se trata nada más que «un discurso para la tribuna». «En términos reales no ha demostrado ningún resultado concreto y objetivo a la hora de pensar soluciones de seguridad. De hecho, hace muchísimos años que en la Argentina solo aumentan las penas y pocos han sido los resultados que hemos obtenido en materia de seguridad, incluso el problema cada vez es más grande. A lo que juegan entonces es a correr del eje los verdaderos problemas y alejarnos la meta de las posibles soluciones», concluye.

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Christopher Loyola

Community manager autodidacta. Mi única relación tóxica es con las redes sociales. El reggaetón es mi terapia y el perreito mi rutina diaria. Militante de la educación pública y seguidor de la agenda de las juventudes. Estudio -o al menos lo intento- la Tecnicatura en Política, Gestión y Comunicación de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV). Soldado del invierno y catador de milanesas ahre.