Organismos de Derechos Humanos, «una amenaza para la seguridad del Estado colombiano»

🆘 El dirigente social Juan Grabois, que participaba de la Misión de Solidaridad Internacional y Observación de los Derechos Humanos, fue deportado de Colombia por ser considerado un "riesgo para la Seguridad del Estado".

Antes de que la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos pudiese terminar de aterrizar en paz en suelo colombiano, ya habían iniciado los problemas. Al ingresar al país Juan Grabois, referente del MTE y miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, fue demorado tras registrarse «una alerta en el sistema». «Fui derivado a una supervisora que me informó que se me denegaba el ingreso, solicité que se me informe la causal y me indicaron que debía retirarme del lugar y me llevaron a un lugar desconocido», contó Grabois al inicio de la conferencia de prensa que brindaron luego de los hechos ocurridos en el aeropuerto de Colombia. El dirigente social denunció haber sido agredido por más de un funcionario de Migraciones, la retención de su documentación y también de su equipaje. «Habida cuenta de las violaciones de los derechos humanos que sucedieron en Colombia, nuestro protocolo acordado con congresales colombianos era que siempre estuviéramos acompañados por un abogado, y por ello solicité la presencia del abogado (Ismael) Jalil. En ese momento el personal de seguridad se puso muy muy agresivo, nos llevaron a la fuerza a una puerta sin conexión con el resto de las instalaciones, donde fui agredido a través de empujones y un golpe en el rostro, por parte de dos funcionarios distintos de Migraciones», continuó con su relato.

La Misión Internacional partió rumbo a Colombia en la mañana de ayer con un objetivo muy claro y concreto: observar los acontecimientos ocurridos durante el último mes en el territorio gobernado por Iván Duque, y velar por la vida y el respeto de los derechos humanos de los y las manifestantes. «Para nosotros la veeduría internacional es clave para que pase esta noche oscura. Si no hay una veeduría internacional, a nuestra gente nos la siguen masacrando», expresó Humberto Correa, de la CGT de Colombia, semanas atrás cuando se realizó una conferencia de prensa en la sede del SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) anunciando justamente que una delegación viajaría a Colombia como veedora internacional.

«A modo de acreditar, relevar y visibilizar la situación en el mismo territorio, es que un conjunto de organismos en Derechos Humanos como SERPAJ, APDH, CORREPI Y XUMEC; una diversidad de organizaciones sociales y populares como el Frente Patria Grande, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, SOMOS Barrios de Pie, como también organizaciones gremiales y de la sociedad civil como ATE, CTA- Autónoma, la Asociación Americana de Juristas, y personalidades como Juan Grabois, Adolfo Pérez Esquivel, Sergio Maldonado, Marianela Navarro, Alejandro Rusconi y Laura González Velasco, nos hemos constituido en Misión Solidaria, entendiendo que es imperioso contribuir al cumplimiento de reglamentos, leyes y tratados internacionales en materia de defensa de los Derechos Humanos», informaban mediante la gacetilla difundida en la mañana del 25 de mayo.

Pero nadie se imaginaba que sucedería lo que terminó ocurriendo. «Finalmente -retoma Grabois- cambiaron el personal, aparecieron otros dos oficiales mucho más respetuosos, que me informaron que se me denegaba el acceso por considerarse que mi presencia era una amenaza para la seguridad del Estado colombiano». Y continúa detallando: «Frente a esta definición del Gobierno colombiano, solicité si había alguna forma de reconsideración de la misma, habida cuenta de la importancia de nuestra misión de observación frente a graves violaciones de los derechos humanos, desapariciones forzadas y represión de protestas pacíficas. La respuesta fue que no y que debía abordar un vuelo de manera inmediata, así que fui conducido por personal de seguridad hasta la puerta de embarque 53, donde actualmente estoy custodiado y mi documento ha sido retenido, hasta que embarque ese vuelo».

Al líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) no le quedó más opción entonces que emprender su regreso a la Argentina, pero no sin antes brindar unas últimas palabras en la conferencia de prensa que encabezó junto a Ismael Jalil, abogado e integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), quien asumió su defensa. «Lamento mucho no poder participar de la misión, teníamos una agenda importante, lamento sinceramente no poder realizar mi aporte en este proceso, pero quedan 20 compañeros y compañeros del equipo interdisciplinario que seguramente harán un trabajo excelente y espero en algunas horas estar de nuevo en la Argentina», concluyó.

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