A fines de abril, la Justicia declaró inconstitucional la ley que autorizó la venta del predio de Costa Salguero. ¿Cuál fue la violación constitucional? El bloque Vamos Juntos votó el proyecto de Rodríguez Larreta sin cumplir el procedimiento de sanción de leyes que establece la Constitución de la Ciudad. Algo sumamente grave dentro de la institucionalidad republicana y democrática. Un error de esta magnitud le podría suceder a cualquier gobierno, pero lamentablemente para la comunidad porteña es algo habitual que ocurran sucesos de estas características.
El viernes pasado, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, integrada por les jueces Mariana Díaz, Fernando Lima y Esteban Centanaro, ratificó la sentencia de primera instancia que había suspendido la vigencia de la ley que mandaba a remate otras 86 hectáreas de terrenos públicos. Las razones fueron nuevamente el incumplimiento del procedimiento constitucional que reglamente la sanción de las leyes porteñas.
Entre los predios se encuentran los terrenos ubicados dentro del Polígono del Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31bis), predios aledaños a este barrio, los terrenos del ex Mercado de Hacienda, playones ferroviarios en Villa Crespo y el Triángulo de Salguero. Para aquellos que estén pensando si autorizaron la venta de la tierra con un barrio popular adentro, les decimos que así fue.
Esta sentencia fue dictada en el marco de una acción de amparo colectivo impulsada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA (CLIC), el IPYPP y la Defensoría de Laburantes.
En la sentencia, se expresa que nuevamente se está frente a una violación del procedimiento constitucional de sanción de leyes al igual que en el caso de Costa Salguero. Y, también, que se empleó nuevamente el artilugio de hacer pasar predios del dominio público del GCBA como del dominio privado del Estado para de esta forma esquivar la convocatoria obligatoria de las audiencias públicas y el procedimiento de doble lectura por no contar con los votos suficientes.
La Sala III detectó que incluso se autorizó legislativamente la venta de un inmueble del cual el Estado local aun no sería titular. Rodríguez Larreta vende hasta lo que no es de la Ciudad. El Tribunal reconoció que el apresuramiento por vender estas tierras llevó al GCBA a vender espacios correspondientes a vías públicas, equipamiento comunitario, parques y espacios públicos. Así es, en la avidez inmobiliaria descuidaron que estaban vendiendo varios parques y plazas, hasta calles y un sector de la autopista Illía.
La sentencia de 1ra instancia fue dictada por el serialmente recusado juez Gallardo el 24 de febrero de este año.
Estos predios eran nacionales y fueron transferidos a la Ciudad a través de un convenio aprobado por la Ley N° 6.131. Esta transferencia está siendo investigada en la justicia penal por una denuncia que presentamos. Macri, antes de abandonar la presidencia, fue transfiriendo la propiedad de inmuebles nacionales por paquetes a la Ciudad de Buenos Aires, para garantizar que su sucesor Rodríguez Larreta continuara con los negocios inmobiliarios. Al igual que con el acuerdo con el FMI, consideró que no era relevante pasar por el Congreso. Tampoco le pareció adecuado respetar las normas que reglamentan cómo el Estado Nacional se puede desprender de la propiedad de sus inmuebles.
Actualmente se encuentra suspendida por la Justicia la venta de 110 hectáreas de tierras públicas de la Ciudad. En estos 13 años de gestión del Pro, se privatizaron más de 500 hectáreas. La terquedad ciudadana y la vitalidad democrática de las asambleas porteñas que no se resignan a perder sus bienes comunes, están consiguiendo algunos éxitos en su resistencia frente al más grande saqueo de lo público que ha vivido la metrópolis porteña.
