Una trabajadora médica recién recibida, de uno de esos Centros, denunció algunas de esas irregularidades. Hasta diciembre del año pasado les pagaban 18.000 pesos por mes. Su trabajo es como “voluntarios”, ya que la UBA firmó un convenio con el Gobierno de la Ciudad por 10.000.000 de pesos pagaderos, la mitad a la firma del contrato, y el resto en 10 cuotas iguales y consecutivas de 500.000 pesos mensuales. A partir de enero de este año, se dejó de pagar esta suma y al día de hoy no han tenido ningún tipo de remuneración, y estando en riesgo permanente por contacto estrecho con supuestos infectados de COVID les niegan la vacuna que sí recibieron otros profesionales de la salud.
En el convenio que firman los “voluntarios”, en el ANEXO -ACUERDO COMÚN BÁSICO VOLUNTARIADO EMERGENCIA COVID-19 en el Punto Primero dice: “los/las voluntaria/os realizarán actividades de apoyo a las campañas de vacunación, atención telefónica del 107 o seguimiento telefónico de personas aisladas en dispositivos extra hospitalarios o en domicilios, las que se enmarcan en el Convenio oportunamente suscrito que determina las obligaciones y responsabilidades del MINISTERIO y de la FACULTAD y que LA/EL VOLUNTARIA/O declara conocer”. En el Punto Noveno dice: “EL/LA VOLUNTARIA/O declara que se acercó a la convocatoria de manera voluntaria, libre e informada. Asimismo, declara conocer los riesgos de las tareas que voluntariamente desarrollará con relación a la pandemia del coronavirus COVID-19 y los riesgos para la salud y la vida que ello implica”.
“Las veces que necesitamos hisopados. (yo los necesité, algunos compañeros míos que yo conozco también), no nos hisoparon. Nos decían que nos arregláramos por nuestra cuenta y lo más importante era cuando volvíamos a trabajar y cuando llegó la vacunación en el verano vacunaban a todos los que eran de planta en los lugares donde estábamos, pero nosotros no calificábamos para ser vacunados, teniendo en cuenta que nuestro nivel de exposición es muy alto”, denunció la joven médica en el programa ¡Otras voces…Otras Propuestas! por radio www.laretaguardia.com.ar
La denuncia dice que ese “voluntariado” no es tal, ya que como la UBA no está legalizando los certificados de estudio, no se extienden los títulos de la carrera cursada y el Ministerio de Salud de la Nación no otorga la matrícula correspondiente. Asimismo, al no poder los médicos recibidos realizar las prácticas en los hospitales producto de la pandemia, no pueden ejercer su profesión. Dice la denunciante: “no somos ´voluntarios´, porque el médico cuando se recibe tiene que dar el examen del Internado Anual Rotatorio (IAR), que consta de cuatro rotaciones de prácticas que se hacen en el hospital, que se suspendieron por la pandemia. Ahí es donde el Gobierno de la Ciudad hace un convenio con la UBA donde nosotros pasamos a ser el detector y con eso hacíamos las semanas de práctica que necesitábamos para poder dar el examen de residencias. Sin esas semanas de práctica, nosotros no podemos dar el examen de residencias. Por lo que no es voluntariado, es obligatorio”.
Este Plan surge a mediados del año pasado y se reemplazó por el DETeCTar. Comenzaron haciendo hisopados en el territorio, o sea a domicilio o estar en los CESAC haciendo triage. Luego se fue abriendo a vacunación y otras tareas que se dividen en áreas.
Dadas estas irregularidades, pidieron participar en las reuniones del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA para plantear esta situación, ya que es esta autoridad la que ha firmado el convenio con el Ministerio de la Ciudad de Buenos Aires, pero no han sido escuchados. Quien está al frente de este acuerdo es Matías Rojo, vicerrector de Medicina, que responde al diputado nacional del radicalismo Emiliano Yacobitti. Ambos directamente vinculados con el senador Martín Lousteau, del bloque UCR/EVOLUCIÓN en la legislatura porteña, socio de CAMBIEMOS y de Rodríguez Larreta en el GCBA.
Ante esta situación, en el mes de febrero hicieron un paro en el DETeCTar y nadie fue a trabajar, porque no estaban dispuestos a contraer el virus, ya que al ser personal de riesgo hay muchas y muchos que no pueden hacer el DETeCTar porque son de riesgo. Ante esta medida, a los dos días, la UBA sacó un comunicado diciendo que por Resolución los iban a vacunar, pero hasta el día de hoy no lo han hecho.
Son más de 1.500 profesionales de la salud en estas condiciones quienes no pueden ejercer su profesión y trabajar atendiendo a pacientes con distintas enfermedades. “Desde principios del año pasado hay miles de estudiantes que no pueden graduarse porque no pueden dar sus últimos finales porque requieren de un práctico, materias como infectología, medicina familiar, urología, que son internas. No te permiten graduarte si no tenés ese práctico”.
Se está viviendo una situación en estos momentos donde el personal de salud todo, limpieza, enfermería, bioquímicas, farmacia, médicos, y de otras especialidades, son necesarios. Con esa gente capacitada, por una cuestión burocrática no pueden trabajar, a pesar de que estén listas para ejercer. Lo paradójico es que en esta situación de emergencia sanitaria en pandemia no agilicen los trámites, tanto en la UBA como en el Ministerio de Salud de la Nación, y no pongan a disposición de los profesionales sus matrículas. Asimismo, debería disponerse que ese personal tenga acceso a la vacunación, porque es el que más protegido tiene que estar; de lo contrario no puede atender a nadie sin correr riesgos ni hacérselos correr a quienes están con ellos, como sus familias.
Por otra parte, en algunas sedes tuvieron que ponerse a entrenar gente que solamente tienen secundario completo y cobran 30 mil pesos por mes, y quienes ya son graduada/os médica/os tienen que preparar a otra persona con ese nivel de estudio sin ninguna remuneración. Los entrenan para hacer el mismo trabajo que hacen esos profesionales, algo que es totalmente ilegal, porque no pueden hacerse esas prácticas médicas sin haber cursado medicina. A otros profesionales no médicos les han ofrecido hacer seguimiento de enfermos de COVID por teléfono, que tampoco es legal ya que ninguna persona puede responder consultas y/o dudas que haga un paciente sin conocimientos científicos. “No es lo mismo un enfermero o un médico que haga un triage o derive a alguien con sintomatología compatible con COVID que una persona que hizo una capacitación de algunas horas y encima perciba 30 mil pesos, que no los percibe el profesional que está preparado. Es la desvalorización que recibimos desde antes de entrar a la residencia”, concluyó la joven médica.
(*) Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina
