El Gobierno de la Ciudad apostaba este año a realizar el censo de personas en situación de calle junto a organizaciones sociales, pero la mesa de diálogo, que se había iniciado en plena pandemia el año pasado, terminó por romperse a fines de abril. La ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, había convocado a las agrupaciones que en 2019, con su propia metodología y el respaldo de organismos como la Defensoría del Pueblo, contaron más de siete mil personas durmiendo en la calle, un número que contrastaba fuertemente con las poco más de mil del último relevamiento oficial. Las negociaciones avanzaron durante meses gracias a la voluntad política de ambos sectores para concretar la iniciativa, pero finalmente hubo diferencias insalvables sobre cómo encararlo, por lo que este año, otra vez, se volverán a publicar dos estadísticas (bastante) diferentes sobre la magnitud de una de las problemáticas que más angustia a la opinión pública porteña todos los inviernos, cuando la llegada del frío se cobra la vida de decenas de personas que viven en el peor de los mundos.
La primera organización en abandonar la mesa de diálogo fue la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (APSC), que nuclea a distintas ONGs que realizan trabajo voluntario en las calles de día y noche, y que de alguna manera reemplazan la labor del programa Buenos Aires Presente (BAP). La APSC denunció en un comunicado que el acta de acuerdo que pretendían firmar las autoridades porteñas incumplía básicamente con el consenso fundante de las negociaciones: que el ministerio que conduce Migliiore adopte la metodología del Censo Popular, que incluye realizar los rastrillajes a lo largo de una semana y en todos los barrios, además de sumar al conteo final a aquellas personas que duermen en paradores o transitoriamente en algunos hoteles y pensiones subsidiados.
“La metodología es política”, explicaron a El Grito del Sur integrantes de la APSC. “Desde la primera vez que nos convocaron fuimos con la voluntad de que el censo se realice, porque para nosotres es muy importante que el Gobierno porteño asuma realmente cuántas personas viven en la calle, porque eso debería luego impactar en las políticas públicas y en el presupuesto que se destina a la problemática, que a todas luces hoy es insuficiente. Pero en el acta que pretendieron que firmemos quedaba muy en claro que eso no iba a ser así, y que íbamos a terminar avalando una metodología creada para que el número final siempre dé menos. Era convocarnos a que miremos cómo hacen lo mismo que todos los años, que es esconder a la gente en calle debajo de la alfombra. Por eso nos retiramos”, advirtieron.
Desde el entorno de Migliore reconocieron en diálogo con este medio que “hubo diferencias técnicas” que surgieron a último momento, y ratificaron que el censo se hará durante un solo día, el próximo martes 11 de mayo. Sobre ese punto, uno de los que partió aguas, seguirán censando de esa forma porque, dicen, es la forma de no contar de más a personas que no tienen DNI o no se pueden identificar.
De todos modos, en el entorno de la ministra prefirieron señalar el contexto político a la hora de buscar una razón de la ruptura. “Influyó la relación tirante entre Nación y Ciudad, creemos que no hubo por parte de las organizaciones ganas de salvar las diferencias”, dijeron. Fieles a la postura que tomó Migliore de acercarse a las organizaciones, se lamentaron de la ruptura y dejaron la puerta abierta a retomar las negociaciones.
Las organizaciones, por su parte, denunciaron que durante las últimas semanas -a medida que la fecha del censo se acercaba- el Gobierno de la Ciudad retomó los operativos de desalojo de ranchadas y multiplicó los subsidios para hotelados de manera transitoria, para evitar un conteo mayor. En 2019, el Censo Popular arrojó que hay 7251 personas en situación de calle, frente a las 1146 que contó ese mismo año el Gobierno de la Ciudad.
