Mientras el gobierno de Iván Duque continúa reprimiendo al pueblo colombiano que se moviliza en las calles y refuerza la violencia desmedida, crecen las expresiones de solidaridad en distintos puntos del continente. En Argentina, por ejemplo, un conjunto de organizaciones sociales, sindicatos y organismos de Derechos Humanos brindaron ayer una conferencia de prensa en la sede del SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia) para expresar el repudio a la masacre y anunciar la conformación de una delegación que partirá rumbo a Colombia, a modo de veeduría internacional, con el objetivo de velar por los derechos humanos e impedir que continúe el ataque salvaje que se ha podido ver en los últimos días a través de imágenes y videos que circulan por las redes sociales. «El gobierno no atiende a dar salidas políticas a las demandas legítimas y al derecho a la protesta del pueblo colombiano, sino que atiende con represión desmedida, con criminalización de la protesta social y con tratamiento de guerra», denunció Kevin Poveda, activista colombiano en Argentina e integrante del Congreso de los Pueblos.
«Los levantamientos populares que se están llevando a cabo en este momento responden a raíces históricas de una violencia estructural y un genocidio por parte del Estado colombiano contra su propio pueblo. Responde también a un acumulado de experiencias de movilizaciones que se vienen dando en Colombia, que se puede enmarcar desde el 2010 con hitos importantes como lo fueron las movilizaciones agrarias del 2013, y más recientemente, en el 2019, el paro nacional del 21 de noviembre contra el paquetazo neoliberal de Duque, contra la reforma laboral y pensional», explicó a continuación el joven colombiano.
Poveda describió en detalle, además, cómo inició y fue avanzando la violenta represión desplegada por Iván Duque, el retiro del proyecto de reforma tributaria -principal desencadenante de las movilizaciones- y explicó por qué, aún así, los colombianos y las colombianas permanecen en las calles. «La gente sabe que la caída de esta reforma no implica un cambio estructural de las condiciones de opresión, violencia y genocidio estatal a las que se ve sometido. Por lo tanto, desde el Congreso de los Pueblos, reconocemos que no están dadas las condiciones en este momento para sentarse a negociar hasta que el Estado no responda por las masacres que se han llevado en Colombia y hasta que no nos den salidas claras a las demandas legítimas del pueblo colombiano», sumó.
Las primeras personas en hacer uso de la palabra fueron los colombianos y las colombianas presentes, y bajo ese criterio la segunda en intervenir fue Laura Capote, militante de Marcha Patriótica. «Las fuerzas de seguridad en Colombia están formadas en la militarización. A diferencia de lo que sucede en la Argentina o en otros países, el Estado colombiano ha formado a las fuerzas de seguridad como si fueran fuerzas de defensa: están organizadas en el Ministerio de Defensa, la policía nacional está comandada por un militar, el comandante del Ejército. Esto es muy importante aclararlo porque solo de esta manera es posible entender por qué la represión es como es. La policía colombiana tiene formación militar financiada por los Estados Unidos, que a lo largo de la historia ha hecho un financiamiento muy fuerte para la continuación de la guerra», comenzó.
Capote apuntó también contra el ex presidente Álvaro Uribe, quien a través de su cuenta de Twitter había llamado a las fuerzas de seguridad a hacer uso de sus armas contra los y las manifestantes. Un mensaje que poco después la propia plataforma Twitter eliminaría. La activista colombiana habló también de los 37 asesinatos y las 379 desapariciones registrados desde el 28 de abril, y denunció el fuerte bloqueo informático, ya que muchos de los videos que suben las personas en Colombia están siendo eliminados de las redes sociales. «Se están bajando de Internet los videos que las personas suben, el algoritmo de Facebook, Twitter e Instagram ha cambiado durante estos días y todos los posteos que tengan el tema de Colombia tienen menor rendimiento en redes sociales. Es muy importante que lo que nosotros hagamos desde afuera visibilice lo que está pasando, porque a nuestros compañeros y a nuestras compañeras los están masacrando en vivo», reforzó.
Para terminar su intervención, hizo mención al relato construido por el gobierno de Iván Duque que «están tratando de instalar el discurso ya viejo de que quienes se movilizan son terroristas o guerrilleros. Y eso es falso». «Quienes se movilizan son ciudadanos y ciudadanas civiles que durante el día se manifiestan, se encuentran en las calles en movilizaciones, marchas, plantones culturales y artísticos, y son fuertemente reprimidos por la policía», contó Capote. «Y por la noche, como si fuera una película de terror que cualquiera de ustedes ha podido ver, salen las fuerzas de seguridad a cazar a muchachos y muchachas que se encuentran movilizados en las calles. Y ni siquiera: también a simples transeúntes, personas que pasan por la calle y la policía agarra a punta de bala y bolillo», alertó.
Todos los integrantes del autodenominado Comité del Paro extorsionan al gobierno con el cumplimiento del narcoacuerdo de paz de #FarcSantos . Miles de millones de pesos para esa guerrilla no son suficientes, según ellos. ¿A quién representan? ¿Quién los nombró voceros? pic.twitter.com/WxYShRjs4n
— José Félix Lafaurie (@jflafaurie) May 6, 2021
«Para nosotros la veeduría internacional es clave para que pase esta noche oscura. Si no hay una veeduría internacional, a nuestra gente nos la siguen masacrando», destacó Humberto Correa, representante de la CGT de Colombia y agregó: «Este es un Ejército formado para matar, la policía tiene la misma formación que el Ejército, no es un órgano civil como en cualquier otros país».
A continuación hablaron diversos representantes de las organizaciones sociales, como la APDH La Matanza y la CORREPI, y referentes políticos como el diputado nacional Federico Fagioli y el referente de la UTEP -y ahora también miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, del Vaticano- Juan Grabois. «Le exigimos a Iván Duque, a la oligarquía, a los militares y a Estados Unidos que termine la represión al hermano pueblo colombiano: a los trabajadores, a los indígenas, a los campesinos, a todas las personas de buena voluntad que lo único que buscan es vivir dignamente», dijo por su parte Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza. Ismael Jalil, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), agregó: «A partir de aquí avanza una ola de solidaridad que esperemos se reproduzca por toda Nuestra América. Es necesario e imprescindible que de una vez y para siempre depongamos algunas mezquindades y en este criterio de unidad demos la respuesta».
A su turno, el diputado del Frente de Todos, Federico Fagioli, sostuvo: «Es muy importante que los pueblos nos solidaricemos, pero sobre todo pongamos el cuerpo para llevar adelante esta lucha, para acompañarla y visibilizarla, y hacer la veeduría que tanto requieren los compañeros y las compañeras de Colombia». Luego, Guillermo Mafeo, de la Dirección Regional de UNI -sindicato mundial-, puso sobre la mesa algunos datos más que se registraron entre las 6 de la mañana del 28 de abril y las 8 de la mañana del 4 de mayo: 1708 casos de violencia policial, 222 víctimas de violencia física, 37 víctimas fatales, 831 detenciones arbitrarias a manifestantes, 312 intervenciones violentas, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos de armas de fuego y 10 victimas de abuso sexual.
Para concluir con la conferencia de prensa tomaron la palabra Marianela Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y Juan Grabois. «El pueblo colombiano hoy está en las calles defendiendo su dignidad, sus derechos más elementales, y opiniéndose a un Estado criminal, narco, paramilitar, que no ha comenzado a asesinar a la población más humilde recién ahora. Llevamos ya casi 50 años de conflicto, en donde la gente ha resistido», opinó Navarro.
Por su parte, Grabois se refirió a la comitiva que viajará a Colombia la próxima semana para acompañar a los colombianos y las colombianas que resisten en las calles y velar por su seguridad y la preservación de los derechos humanos. Grabois aclaró que aún no está definida la lista de quienes viajarán ni el programa de viaje, y adelantó que le pedirán al gobierno argentino que arbitre de manera diplomática con el Ejecutivo colombiano para garantizar las condiciones de seguridad para todos y todas quienes viajen. «No vamos a viajar a conversar con los dirigentes políticos ni con algún organismo internacional, sino que vamos a estar en los territorios donde se están produciendo las masacres», apuntó. «Lo que relatan los compañeros sobre el modus operandi de las fuerzas de seguridad empieza a mostrar un patrón latinoamericano: lastimar los ojos de los manifestantes, los ataques sexuales, formas que hemos visto en Chile, en Bolivia y en menor medida en Argentina, durante las represiones al final del gobierno de Macri. Nos preocupa que haya un nuevo Plan Cóndor sobrevolando la región. Entonces esto de poner el cuerpo e ir ahí y hacer un poco de escudos humanos creemos que es una necesidad», concluyó.
