Para pensar el lugar de los niños, niñas y adolescentes en la reconstrucción del país, es fundamental poner en primer plano una perspectiva de derechos; las políticas públicas que garanticen sus derechos fundamentales deben ser particulares, específicas, en su interés superior, y desarrolladas, siempre que sea posible, con su participación. La deuda con las infancias no sólo consiste en mejorar las condiciones socioeconómicas y para ellos, ellas y sus familias, en un país en el que el 63% de los menores de 14 años es pobre, sino también generar condiciones propicias para que puedan proyectar y desarrollar sus proyectos de vida.
Sin embargo, estos objetivos, cuya valoración parece gozar de consenso a través de todo el arco político, tienen serios problemas para su materialización. Además, el lugar en los medios de comunicación de los niños, niñas y adolescentes, suele mantener los estereotipos de un paradigma que busca ser superado, aquel en que la mirada sobre niños, niñas y adolescentes gravita entre la total incapacidad y necesidad de tutela y la sospecha de su peligrosidad y la necesidad de represión.
En el año 2017, la Defensoría del Público realizó un monitoreo de las noticias vinculadas a niños, niñas y adolescentes. Los datos sostienen que al 50% de las noticias sobre niñas, niños y adolescentes, los medios las vinculan con policiales e inseguridad. En el mismo informe se complejiza el tema, aclarando que -además de vincular los temas mayormente a hechos delictivos- se utilizan otros patrones que refuerzan la estigmatización:
“El uso de apodos, generalmente en diminutivo, y la generalización a partir de casos específicos son dos mecanismos que se repiten en los titulares, como en estos ejemplos: “Cayó ‘Masita’, tiene 17”; “David: un menor, ¿el asesino?”; “Un detenido es menor de edad”; “Chicos que matan. Menores y asesinos”. En el Monitoreo también se verifica la ubicación geográfica prevalente de estas noticias en barrios populares que refuerza la criminalización no sólo de la niñez y la adolescencia sino sobre todo de la pobreza”.
En el año 2020, entre el mes de marzo y agosto, en la Provincia de Santa Fe se realizó un relevamiento sobre un universo de 196 noticias publicadas en portales digitales y diarios web acerca del tópico más presente en las coberturas de niñez y adolescencia. Las noticias relacionadas con la violencia aparecen con un 21%, mientras que Derechos y Participación ocupó un 15%, Salud un 15%, y Educación un 14%. Esta información arroja dos reflexiones (y muchas más seguramente): en primer lugar, las infancias y las adolescencias sufren enormes vulneraciones en sus derechos y, en segundo lugar, en el debate público, son totalmente invisibilizadas las actividades, novedosas, de construcción y participación política que los tuvieron como protagonistas en el último año: experiencias comunitarias, sociales, artísticas, culturales, redes familiares que se forjaron para paliar la trágica situación social que trajo la pandemia, circuitos solidarios, etc. La pandemia dejó a los medios sin las pocas historias meritocráticas que narraban los periplos heroicos de niños y niñas para llegar a sus escuelas o para completar sus escolaridad en condiciones adversas, naturalizando desigualdades estructurales.
Afortunadamente, y producto de la suspensión de la presencialidad escolar, las infancias volvieron al centro de la escena. En los distintos momentos, tanto de este año como del anterior, en que el tema tuvo centralidad en la conversación pública, tuvieron lugar voces muy diversas, que en casi ningún caso recogían las experiencias de los niños, niñas y adolescentes (excepto casi como caricaturización y victimización forzada) y, aunque sí se dieron cita diversos “especialistas” en salud infantil y en educación, tampoco tuvieron representación mediática las y los docentes, salvo en algunas instancias sindicales.
En la mayoría de casos, la discusión fue y es política, psicológica, eficientista, económica (lo cual tiene una gran importancia: las tareas de cuidados crecieron durante la pandemia, y recayeron en su mayor parte sobre las mujeres), pero pocas veces fue una discusión acerca de las condiciones concretas y heterogéneas de enseñanza-aprendizaje y mucho menos de las muchísimas estrategias valiosas que las comunidades educativas llevaron adelante para sostener la continuidad pedagógica, tanto desde y entre los y las docentes, las familias y también en el estudiantado. Creemos importante visibilizar qué estrategias vienen construyendo ellos y ellas para sostener y acompañarse en esta situación; prestarse datos, contenerse por teléfono, o encontrándose en plazas, cuadras y veredas porque les parecía importante cumplir con el protocolo.
Las medidas sanitarias que incluyeron el cierre de las escuelas no implicaron la interrupción de la escolaridad, sino que se pasó a un sistema de trabajo remoto durante casi todo el 2020 y bimodal o mixto durante este año. Las herramientas utilizadas para realizar la adecuación de las prácticas de enseñanza y aprendizaje fueron muy heterogéneas: desde utilización de mensajes de texto a clases sincrónicas, presentando mayores dificultades en los hogares más vulnerables debido, en primer lugar, al acceso heterogéneo a la conectividad y, en segundo lugar, a la cantidad de dispositivos para ser utilizados por cada familia.
En este contexto, los y las adolescentes han tenido un rol fundamental, participando de las tareas de cuidado de sus familias. Según la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica, el 32% de la población de entre 13 y 19 años trabaja en apoyo a un adulto del hogar. Uno de cada tres comenzó a hacerlo durante el ASPO. Además, un 14% de las niñas, niños y adolescentes empezaron a cuidar a hermanos menores u otros familiares durante este período.
El impacto de la pandemia ha sido fuerte sobre los niños, niñas y adolescentes. En este contexto, el Estado argentino ha tomado medidas de contención, con un enfoque sensible a los hogares habitados por mujeres e infancias. La ONU reconoció a nuestro país poniéndolo en primer lugar entre aquellos que tomaron medidas económicas con perspectiva de género para aliviar los efectos de la crisis de la pandemia durante el 2020, considerando algunas medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia, el plan “El barrio cuida al barrio”, la tarjeta Alimentar, los programas de protección de ingresos para las personas asalariadas (ATP y REPRO) y el reperfilamiento de deudas de ANSES, entre otros.
No cabe dudas de que la reactivación económica y la salida de la crisis generada por la pandemia es con perspectiva de género y de niñez. Diseñar políticas públicas específicas, con el objetivo de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es fundamental para combatir la desigualdad y pobreza que vulneran sus derechos y proyectos. Su protagonismo en la agenda pública debe ser prioritario.
