El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dio el ejemplo esta semana. Su administración sancionó por más de 40 millones de pesos a las empresas de delivery Pedidos Ya, Glovo y Rappi, que mantienen irregularidades en la contratación de personal desde su llegada al país en el año 2016. Estas multas fueron definidas luego de 172 inspecciones realizadas en La Plata, San Isidro, Vicente López, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes y La Matanza, según informó el Ministerio de Trabajo provincial. «Celebramos que se empiece a cobrar algo que para nosotros era evidente. No hay un vacío legal como dicen, pero hablan de economía colaborativa y empleo del futuro. Quien te lleva la comida a la casa es un ser humano, más allá de lo que aparezca en el algoritmo», expresó en diálogo con El Grito del Sur Christian Leiva, responsable de prensa y comunicación de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM).
En los operativos de PBA se detectó la falta de cobertura en materia de salud laboral, así como la falta de pago de aguinaldo y el otorgamiento de vacaciones entre más del 97% de les trabajadores relevados. Asimismo, la enorme mayoría no cuenta con ART o seguro ante riesgos del trabajo y, en aquellos casos que indicaron tener alguna cobertura, en general se trataba de seguros de accidentes o contra terceros, financiados por les trabajadores y a título personal. Las sanciones aplicadas a estas empresas por parte de la gestión de Kicillof aceleran el debate sobre la regulación de la actividad y dejan en evidencia la falta de controles de este lado de la General Paz. «En la Ciudad de Buenos Aires no se controló nunca. El gobierno de Larreta, junto con Juanjo Méndez -secretario de Transporte- y Ezequiel Jarvis -secretario de Trabajo-, mira para otro lado. Las plataformas hacen lo que quieren en la Ciudad. Nadie controla que sean trabajadoras y trabajadores registrados», señaló Leiva.
Precisamente, en la Ciudad brilla por su ausencia la posibilidad de brindar derechos a les repartidores, a diferencia de Provincia, donde a través de la ministra de Trabajo Mara Ruiz Malec se planteó que en el trabajo de plataformas digitales «existe una relación laboral tradicional». Hasta el momento, la ley de contrato de trabajo, la justicia laboral y los sindicatos vienen operando como principal freno a los atropellos patronales que se incrementaron desde el año pasado. «La situación de los trabajadores y las trabajadoras no ha cambiado respecto a la cuarentena que tuvo lugar el año pasado. Lo que se dio con las inspecciones en Provincia es lo que pasa en todos lados. En todos los municipios la situación es mala porque la precarización es constante. En la propaganda te ponen al muchacho atlético andando en bici, pero eso después se traduce en que tiene que andar a las corridas porque sino el algoritmo te dice que llegaste tarde o te anula el pedido. En ese marco hay muchos siniestros viales y repartidores con impedimentos físicos», explicó el responsable de prensa de ASiMM.
Cabe destacar que, en julio del año pasado, la Legislatura porteña aprobó una nueva normativa que exige que los repartidores se capaciten e inscriban en un registro de la Ciudad pero no reconoce a las plataformas como prestadoras de servicios sino como «operadoras de oferta y demanda». Una de las principales críticas a la iniciativa del Pro es que aborda esta problemática como un tema de control del transporte y no como un problema del ámbito laboral. «Nuestro principal reclamo es que las empresas de reparto reconozcan la relación laboral existente y que cumplan la ley de Contrato de Trabajo. Acá hay leyes y tienen que cumplirlas. Estas plataformas incrementaron sus ingresos a lo largo de la pandemia en forma extraordinaria», concluyó Christian Leiva.
