El exmilitar y genocida chileno Walther Klug Rivera se escapó de su país y llegó a la Argentina con intenciones de partir rumbo a Alemania, país que no posee convenio de extradición con Chile. Klug fue condenado por su participación en el secuestro, homicidio y la desaparición de 23 trabajadores de las centrales hidroeléctricas de El Toro y El Abanico, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
Desde el ex Centro de Detención Clandestina Londres 38 denunciaron que la Policía de Investigaciones habría facilitado la fuga del criminal, quien ya se había escapado de las autoridades chilenas y fue deportado desde Italia en 2020. Klug debería estar cumpliendo una condena de 10 años y un día de prisión –sin beneficios– en el penal de Punta Peuco, por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad, que incluyen siete casos de homicidio calificado.
Desde 1973, en el inicio de la dictadura chilena, Walther Klug Rivera organizó un campo de detención y tortura, el Campo de Prisioneros, que funcionaba en las caballerizas del Regimiento de Infantería N° 3 de Montaña “Los Ángeles”. Además de aquella condena, Klug estaba siendo investigado por el secuestro calificado del alumno de la Universidad de Concepción, Luis Cornejo Fuentes, detenido desaparecido desde el 18 de septiembre de 1973 en la ciudad de Los Ángeles. En 2014 y en vísperas de su enjuiciamiento, el criminal escapó a Alemania, donde vivió tranquilamente en un pueblito a las orillas del río Rhin, a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Colonia. Fue detenido en 2019 durante un viaje a Italia y desde allí extraditado a Chile.
DENUNCIAMOS fuga de WALTER KLUG, genocida de la dictadura de #Pinochet. Prófugo por no contar con vigilancia de #PDI. Se encuentra en Argentina, intentando viajar a Alemania, donde no podría ser extraditado.
¡EXIGIMOS #TodaLaVerdadTodaLaJusticia!#NoMásCómplicesDeLaImpunidad pic.twitter.com/bFn2v69BVh— Londres38 (@Londres_38) June 9, 2021
«Respecto de los criminales de lesa humanidad fugados, es una responsabilidad compartida tanto de los tribunales como de la Policía de Investigaciones», explicó Erika Hennings, directora del espacio de Memoria Londres 38. «De Tribunales porque es el juez o jueza quien debe emitir una orden o alerta roja que permita su inscripción en los registros de Interpol y que esos condenados no puedan atravesar fronteras y sean condenados».
«Los intentos de fuga ante la posibilidad de nuevas condenas son frecuentes. Tenemos el caso de Ricardo Lawrence Mires, que se escapó porque no se tuvieron los resguardos necesarios», advirtieron desde el centro de memoria ubicado en la capital chilena.
