Con el telón de fondo de la contienda del PRO para diferenciarse de la política sanitaria del gobierno nacional, se abrió un nuevo capítulo de la educación en pandemia en CABA. La suspensión de clases presenciales y virtuales durante la semana pasada y la vuelta a la presencialidad para el nivel inicial y primario en el peor momento de contagios por COVID-19. Con la bandera de la presencialidad en las escuelas para garantizar el derecho educativo, el GCBA no solo evidencia la búsqueda de un rédito electoral sino también una concepción del rol del Estado y una posición respecto a la democratización de las nuevas tecnologías.
En la agenda mediática, el derecho a la educación pareciera solo discutirse según el formato escolar remoto o presencial. Para un sector de la política y la sociedad, es responsabilidad del Estado sostener el acceso de la educación, así como la permanencia y el egreso invirtiendo capital material. Pero, en el contexto de la pandemia, en CABA la responsabilidad del Estado porteño se manifiesta en cero inversión en equipamiento tecnológico y conexión a Internet. La necesidad de aportar dispositivos tecnológicos y conectividad a las familias no se vincula únicamente con la mentada continuidad pedagógica, sino también para contribuir a un piso de inclusión digital, necesario para la alfabetización en este nuevo siglo.
Se montó un circo mediático durante meses donde oímos incansables veces hablar de la continuidad pedagógica. La misma pareciera tener un significado volátil. Durante el retorno escalonado, en septiembre de 2020, la resolución “Evaluación, acreditación y promoción durante el periodo 2020- 2021 CABA” indicaba que “no se han logrado sostener los aprendizajes priorizados; o bien no se ha logrado sostener la continuidad pedagógica” en los casos de quienes no accedieron a la propuesta escolar durante la pandemia, es decir, que estuvieron virtualmente desconectados. El sostenimiento de las clases virtuales para el oficialismo en la Ciudad depende únicamente de los esfuerzos individuales.
En 2019, en un acto Mauricio Macri dijo: “Era como repartir asado y no tener parrilla”, respecto de la distribución de netbook y falta de conectividad. En el discurso del PRO, la dimensión socioeducativa y socioafectiva prevalecen en el diagnóstico para justificar la interrupción de entregas de netbook a estudiantes del plan “Conectar Igualdad”, lo que produjo la discontinuidad del modelo 1 a 1 a nivel nacional. En consonancia, no se entregan más computadoras a los primeros ciclos de las escuelas de CABA, lo que acrecentó la brecha digital condicionando así el acceso a la educación. Esta es la política de tecnología educativa implementada por la derecha en la gestión del Estado.
Desde que el presidente Alberto Fernández decretó el 19 de marzo 2020 el aislamiento social y preventivo, la educación a distancia irrumpió en todo el sistema educativo. Las desigualdades sociales y la brecha digital se homologaron, poniendo de relevancia problemáticas que existían previamente. Según los datos del “Informe preliminar: encuesta a hogares”, presentado a mediados del año pasado por el Ministerio de Educación de la Nación, un tercio o más de hogares con niñas, niños y adolescentes en educación estatal primaria y secundaria carecen de recursos TIC para la continuidad pedagógica y casi 8 de cada 10 hogares con niñas, niños y adolescentes en sector privado presenta una dotación óptima de TIC.
En este sentido, un hecho político importante fue la declaración de Internet como servicio público. Más allá de la judicialización del DNU 690/20 que había reglamentado el ENACOM, esto implica el reconocimiento del derecho humano de acceso a las TIC. Por otro lado, el lanzamiento de la plataforma educativa Juana Manso plantea una política integral que se complementa con la próxima distribución de más de 630.000 netbooks (producidas en nuestro país) por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Estas acciones apuntan no sólo a achicar la brecha digital con una concepción clara sobre el rol del Estado para garantizar la educación en pandemia, sino también a la importancia que tiene la escuela en la alfabetización integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
En el contexto del último año es innegable que para la educación la tecnología nos abrió una posibilidad pero también habilitó una nueva asimetría. Se pudo desplegar una continuidad educativa bajo la modalidad a distancia y, a su vez, potenció la brecha digital. La sociedad actual no es igual que hace apenas algunas décadas atrás. El desarrollo tecnológico y de las comunicaciones cambió innumerables aspectos sociales. La discusión sobre la importancia en la incorporación de las TIC a la escuela para la formación de las nuevas generaciones viene cobrando relevancia desde comienzos de siglo.
Como explican Grimson y Tenti Fanfani en “Mitomanías de la educación argentina” hace apenas unos años, desde el neoliberalismo se pregonaba el fin de la escuela y de la docencia frente a la posibilidad de que cada estudiante tuviera una computadora y wifi. La lógica que primaba en este discurso era la masificación del acceso a sujetos concebidos como consumidores, antes que ciudadanos. Resulta interesante observar el viraje de los discursos de la derecha sobre la tecnología y el valor de la escuela en la pandemia. Quienes antes anunciaban que la tecnología sería el reemplazo de la maestra, ahora dicen que la maestra (o su tarea de cuidado) es irreemplazable. De la tecnología en la educación, silencio.
El derecho a la educación, la brecha digital y el formato escolar remoto/presencial aparecieron en la agenda del sistema educativo con mucha fuerza en esta etapa. El gobierno nacional tiene una política activa en achicar la brecha digital, mientras que el sector del Pro que tiene a su cargo escuelas niega la virtualidad y no invierte en infraestructura tecnológica para la educación. Es posible que en esta pandemia se pueda avanzar en la necesidad de aplicar una política de Estado que introduzca de forma inclusiva a las escuelas el uso de las nuevas TICS. Debemos discutir la democratización de las nuevas tecnologías para acceder todos, todas y todes por igual a los mismos conocimientos, sin importar las condiciones económicas y sociales.
Guadalupe D´ Agostino y Daniel Aldave son integrantes del Equipo de investigación “Construcción de Subjetividades” del Centro de Formación y Pensamiento Genera.
