En nuestro país, la respuesta estatal a la crisis sanitaria producida por el COVID-19 ha dejado las puertas abiertas para reorganizar un sistema de salud fragmentado y descentralizado. El tema se encuentra en agenda nuevamente luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kircnher volviera a hablar de la necesidad de repensar su funcionamiento. “Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente. Dicen los que saben que tal vez vengan otras pandemias. Lo peor que nos puede pasar es negarnos a discutir la realidad”, dijo Cristina Fernández de Kirchner. Pero, a diferencia de lo sucedido a finales del 2020, lo sorpresivo en este caso fue que la respuesta de un sector del sindicalismo no fue negativa. Y es que a pesar de que las obras sociales son el principal ingreso de los sindicatos, hace tiempo que el circuito no es tan virtuoso, y cada vez son menos los que dicen que se quieren “quedar con la caja”. Fue el mismo Hugo Moyano quien a los pocos días declaró: «Siempre que sea para mejorar el sistema de salud, bienvenida sea la propuesta de Cristina Fernández».
El debate tiene a tres actores implicados: el Estado, las obras sociales sindicales y las prepagas privadas. Hasta hace un tiempo, estos dos últimos solían oponerse de conjunto a alguna modificación del actual sistema. Pero en este caso, mientras Claudio Belocopitt, dueño de la prepaga Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), exigió aumentos en las prepagas y acusó al Gobierno de querer «desfinanciar» el sector, otro actor sindical, como Gerardo Martinez de la UOCRA, declaró que la reformulación del sistema sanitario “es una expresión de deseos” y “un tema a discutir”, pero sostuvo que “sería interesante que se explique lo que se propone y si los sectores aceptan la propuesta”, aunque aprovechó para señalar que “sería distinto si hubiera un mensaje de lo que quiere el Presidente”.
Nelson Donato es médico sanitarista, co-coordinador del equipo de Salud del Instituto Patria y dirige una obra social sindical, lo que le permite tener un panorama completo de la temática. En diálogo con El Grito del Sur explica: “Los compañeros de los sindicatos entendieron cuál era el sentido de esto. Incluso en muchos casos se van a ver beneficiados. A partir de lo que fue la desregulación, lo que sucede es que muchos sindicatos chicos empezaron a ver cómo los trabajadores de mayores ingresos transferían sus recursos hacia otros sindicatos mucho más chicos, pero que permitían derivar sus aportes a alguna prepaga. Entonces los trabajadores de mayores ingresos derivaban esos aportes y las obras sociales sindicales se quedaban con los aportes de quienes percibían los ingresos más bajos, con lo cual se fue desfinanciando el sistema de las obras sociales, lo que se llama el descreme», comienza Donato. «Y ahí empezó a perder el sentido solidario que tenía la obra social, donde el que tenía más aportaba más y el que tenía menos aportaba menos, y con los aportes de todos se fomentaba un sistema solidario, donde todos recibían las mejores prestaciones. Entonces, los compañeros de los sindicatos comenzaron a entender que un sistema integrado puede ser favorable, porque les va a permitir recuperar el manejo de sus prestaciones”, aporta Nelson.
El seguro de salud en la Argentina nace por decisión de los trabajadores y las trabajadoras, por fuera de las estructuras del Estado, con aportes desde el salario, en forma voluntaria, por rama de actividad y con criterios de equidad y solidaridad. Si bien esto fue promovido por los primeros gobiernos peronistas, se consolidó este dispositivo durante la dictadura de Onganía, cuando se estableció la obligatoriedad de las contribuciones provenientes del salario y de las patronales. Este mecanismo fue virtuoso mientras duró el pleno empleo, pero a partir de las reformas neoliberales se estableció el actual sistema tripartito. “Cuando los trabajadores asumen la responsabilidad de hacerse cargo de la salud a través de los sindicatos, ahí se empieza a desarrollar un sistema de obras sociales que ha dado históricamente prestaciones de calidad. En determinado momento empiezan a jugar los sistemas de medicina prepaga, que a través de una normativa que tuvo su máxima expresión entre los finales del menemismo y los principios de la Alianza, los trabajadores empezaron a derivar sus aportes pare recibir prestaciones por prepagas”, agrega Donato.
La actual crisis sanitaria del COVID-19 también destronó el mito del funcionamiento óptimo de las prepagas y volvió a valorizar la salud brindada desde el Estado y el rol de las obras sociales. “Lo que termina poniendo en evidencia esta pandemia es que esas prepagas, en algún punto, estuvieron a punto de colapsar y no están a la altura de las circunstancias para brindarle prestaciones a los trabajadores. Tuvieron que recostarse sobre las obras sociales, pidiendo incluso auxilio y ayuda para que algunos sanatorios les brindaran camas. Es notorio y público que los responsables de las prepagas salieron por los canales de televisión a plantear esto, incluso a pedir ayuda al subsistema público. Aquellas obras sociales sindicales que tenían sanatorios propios terminaron poniendo el hombro y colaborando”, relata Donato.
Esta situación, además de mostrar las falencias del sector privado, puso de manifiesto que el sistema en general necesita serias modificaciones, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestro país tiene un gasto en salud altísimo, llegando a destinar cerca del 10% de su PBI a esta área. Un número que se asemeja a valores de países del primer mundo, pero con resultados poco favorables. “En nuestro país tenemos tres subsistemas que conviven y coexisten y muchas veces esquemas de financiación cruzada, que funcionan incluso de una manera medio anárquica. Esto genera la necesidad de instrumentar un sistema único, que coordine todo y que funcione aceitadamente para que cada persona reciba lo mejor. Y en ese punto, a veces comentemos el error de decir que hay gente con cobertura y gente sin cobertura. Pero en nuestro país todo el mundo tiene cobertura, porque el sistema público atiende a aquellos que no tienen un seguro de salud”, agrega Nelson Donato.
¿Qué es el Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino?
Salvo por el sector de las prepagas, en términos generales cada vez existe más consenso sobre la necesidad de modificar el sistema de salud. Según una encuesta realizada por CELAG en febrero de este año, una porción mayoritaria de la sociedad (54%) se manifestó a favor de una reforma completa del sistema de salud, en tanto esto implicaría un sistema público único y gratuito, accesible a todos y todas por igual. Entre quienes tienen menores ingresos, la demanda de una reforma del sistema de salud alcanza al 70%.
Pero, ¿cuál es el verdadero proyecto que se está pensando para modificar esta realidad? Si bien todavía no hay nada oficial, durante mucho tiempo se hizo hincapié en un documento generado por el área de Salud del Instituto Patria, titulado “EJES CENTRALES PARA UN PROGRAMA DE SALUD 2020/2024”. Sobre ese proyecto nos cuenta Nelson Donato: “Se ha generado mucha controversia en relación a esto, porque enseguida salieron a plantear barbaridades, que se querían estatizar los sistemas, y nada que ver. Lo que se está planteando es que haya un sistema coordinado, en donde exista un Ministerio de Salud fuerte, que recupere la gobernanza sobre el sistema de salud”, aclara uno de los responsables del tema en el Instituto Patria.
El sanitarista detalla cuáles son algunos de los inconvenientes que tiene el actual sistema: “Para ir a un ejemplo, puede suceder que haya una persona que tiene una obra social sindical, que deriva aportes a través de un prepago, pero que se vaya a atender a un hospital público y que, además, no lo denuncia. Allí el subsector público lo atiende y si la persona no aporta su documento o carnet, el hospital no tiene la chance de hacer un recupero de costos. Entonces la obra social o el prepago se está eximiendo de financiar esa prestación y la está financiando el subsector público. Entonces, ¿un sistema integrado que haría? Que haya un responsable identificado de atención de esta persona, que todo esté identificado y que cada quién se haga responsable de lo que se tiene que hacer cargo. El sistema nacional integrado de salud permitiría que coexistan todos los sistemas: no se está planteando que nada desaparezca ni deje de existir, todo lo contrario. Estamos planteando optimizar todo pero con una fuerte presencia del sistema público como sistema rector”, describe Donato.
Ahora bien, ¿en que beneficiaría esto a la salud de los argentinos, argentinas y residentes de nuestro país? Según el especialista, esto permite planificar la salud desde un lugar preventivo, algo menos costoso y más efectivo. “Permitiría identificar las patologías prevalentes y trabajar sobre todo en lo que es prevención en salud. Yo no he visto muchos planes en prevención en salud por parte de la medicina privada. Porque en realidad, cuando se tiene un concepto de la salud como negocio, éste tiene que ver más con la enfermedad que con la salud. Con los medicamentos de alto precio, con los estudios complementarios que también generan todo un circuito de gastos y demás. La prevención en sí es más económica y, obviamente, genera mayor calidad de vida. Un sistema integrado podría hacer fuerte eje en la atención primaria”, responde Donato. Por otra parte, se piensa un sistema más federal de salud: “Un sistema que permita que cada persona que vive en la República Argentina (Jujuy, viva en Tierra del Fuego o en el centro del país) reciba la misma calidad y los mismos estándares de salud y bajo las mismas condiciones. Una centralización normativa que se acopla con una descentralización administrativa, que permitiría que cada jurisdicción decida cómo lo hace. Centralización normativa, descentralización administrativa”, explica el medico que también se desempeña en diferentes hospitales de la Ciudad de Buenos Aires.
Por último, este sistema ayudaría sobre todo a las obras sociales, principalmente a solucionar el tire y afloje del llamado Fondo Solidario de Redistribución, que se diseñó luego de la aparición de las prepagas con el objetivo de aumentar la equidad en la distribución de los recursos entre entidades. Un aporte complementario que cada obra social le entrega al Estado y que luego se redistribuye al sistema de seguridad social de los sindicatos que tienen menos aportes, algo que siempre ha generado conflicto entre los sindicatos y los gobiernos de turno. Por eso, el proyecto que elaboraron desde el Instituto Patria contempla beneficiar también a las obras sociales. “Planteamos que el sistema público financie a las obras sociales reduciendo un 33% el valor de las prestaciones sociales sindicales versus la medicina privada. Con lo cual el sistema público, de alguna manera, empezaría a financiar una parte de las prestaciones de las obras sociales, para poder mejorar las prestaciones” aporta Donato. “La medicina privada empieza a visualizar que puede perder algunos privilegios. Hay prepagas que realizan prácticas poco honestas, como cobrar mes a mes a través de la derivación de aportes pero pagar a los trabajadores de la salud que subcontratan en 30, 60 o 90 días. Generan un circuito financiero de dinero muy raro. Todo eso en un sistema más aceitado e integrado perdería viabilidad”, concluye el sanitarista.
