Unas 29 familias relocalizadas por el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) desde el asentamiento “Luján”, ubicado en el Camino de Sirga a la altura de la Villa 21-24, hacia el complejo popular de Fernández de la Cruz y Lacarra, en Villa Soldati, llevan ya diez inviernos sin provisión de gas natural. “A 10 años de la relocalización, el Gobierno porteño mantiene su conducta omisiva y ni siquiera ha comenzado la obra destinada al suministro de gas a través de la red de gas natural, poniendo además en riesgo la integridad física de los habitantes”, denunció esta semana el Asesor Tutelar de Cámara, Gustavo Moreno.
La denuncia forma parte de un oficio dirigido al Cuerpo Colegiado creado por la Corte Suprema a raíz de la causa “Mendoza” para el monitoreo del saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la relocalización de las familias sobre el Camino de Sirga, expuestas a la contaminación. La “relocalización” de esas 29 familias se dio a partir de un desalojo administrativo en 2011, y desde entonces habitan el complejo de Soldati bajo la figura de «tenencia precaria».
El complejo nunca contó con conexión a la red de gas natural, y familias deben utilizar garrafas de 10 kg por mes provistas por la Ciudad, lo cual, según el escrito de Moreno, “representa una amenaza contra la seguridad”, por el riesgo latente de fugas e incendios. En distintas respuestas a lo largo de los últimos diez años, consignó el asesor, el Gobierno porteño se “desentendió” de su responsabilidad, lo cual “llama la atención” dado que “fue dicho organismo el encargado de relocalizar a las familias».
«Hasta la fecha, las niñas, niños y adolescentes, y sus adultos responsables, carecen de provisión de gas natural en viviendas nuevas, con el consecuente perjuicio cotidiano con relación a la debida cocción de alimentos, la calefacción, y la higiene personal», aseguró Moreno.
El Asesor Tutelar de Cámara –al que el macrismo busca silenciar judicialmente– ya había llamado la atención, en mayo de este año, sobre el incumplimiento por parte del Ejecutivo porteño de los compromisos asumidos ante la ACUMAR de relocalizar a más de mil familias que viven en el Camino de Sirga en la 21-24, que necesitan mudarse ante los altos grados de exposición a distintos elementos contaminantes, entre ellos el plomo, el cromo, el benceno y el tolueno.
De acuerdo a la denuncia, la Ciudad solo priorizó a la hora de las relocalizaciones a aquellas familias que estaban dentro del rango más grave de exposición, demarcado técnicamente en los 35 metros desde la vera del Riachuelo, sin brindar respuestas al resto. “Utilizando como excusa la escasez de viviendas, la autoridad administrativa local y la ACUMAR efectúan un recorte ‘intencional’ de la línea de sirga oportunamente trazada, relocalizando a las familias de la llamada ‘sirga corta’, y dejando a las familias que se encuentran dentro de la ‘sirga larga’ o ‘fuera de la línea de demolición’, sin una propuesta seria y concreta de salida hacia una vivienda definitiva, permitiendo la afectación a la salud”, reza el escrito del asesor.
Esta semana también se conoció un informe de la Auditoría Porteña en el cual consta que el IVC aún debe relocalizar a más de mil familias del Camino de Sirga que esperan ser relocalizadas hace más de una década. Además, todo el presupuesto entero del IVC fue absorbido por el ítem destinado al programa PISA, de sanemiento, lo que encubre un ajuste de fondos destinados a las obras de saneamiento y relocalización.
Mientras tanto, un sinnúmero de familias continúan esperando una respuesta: de acuerdo a datos oficiales de la ACUMAR, la Ciudad dejó de entregar datos oficiales sobre cuántas personas de las villas 21-24, La Esperanza, La Veredita y Los Pinos, viven con exposición confirmada a contaminantes ambientales.
