Cuánta gente duerme en las calles de la Ciudad y cuál es la real dimensión de la problemática, son las dos preguntas que este año volverán a hacerse diferentes organizaciones sociales en lo que será el tercer “Censo Popular”, que debutó en 2017 y se replicó dos años atrás. Proyecto 7, el CELS, ACIJ, el MTE y el Movimiento Popular Nuestra América anunciaron que “dada la decisión del Gobierno de la Ciudad de llevar adelante un nuevo relevamiento de personas en situación de calle que subregistra población y, teniendo en cuenta que además incumplió los compromisos firmados el año pasado”, pondrán en marcha su propio relevamiento este año, que se organizará “apenas las condiciones sanitarias lo permitan”.
Las organizaciones habían sido llamadas a participar de la realización del censo oficial del Ministerio de Desarrollo Social, pero finalmente no hubo acuerdo con la metodología a emplear. El Ejecutivo porteño terminó prácticamente replicando el censo de años anteriores, cuestionado también por la Justicia, lo que derivó en la ruptura de la mesa de diálogo, que había comenzado en 2020.
Tal como adelantó El Grito del Sur, el Gobierno de la Ciudad contó apenas 2500 personas en situación de calle: unas 1000 en calle efectiva y otras 1500 en paradores y centros de día. Ya en 2019, las organizaciones habían contado 7250 en calle y más del doble si se cuentan además aquellas personas que están “en riesgo” de quedar sin techo.
“Las organizaciones que trabajamos la temática estaremos desarrollando el nuevo censo con la misma metodología empleada durante los censos 2017 y 2019. Esto implica su realización mediante un barrido territorial exhaustivo realizado a pie por quienes recorren los barrios cotidianamente, durante varios días y no solo de noche. Esto es fundamental para poder entrevistar y tener información específica sobre la situación en que se encuentran y, sobre esta base, diseñar políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de quienes no tienen un lugar donde vivir. En el relevamiento del año 2019, también muchas mujeres -incluso embarazadas- mencionaron problemas de violencia por lo cual tuvieron que abandonar su vivienda, visibilizando la ausencia de políticas específicas para esta población”, dijeron en un comunicado conjunto.
“Los resultados del censo popular de 2019 demuestran que el principal motivo por el cual la gente terminó en situación de calle fue la pérdida de empleo, que las dejó sin ingresos para poder pagar el alquiler. Esta situación se agravó durante la pandemia. Según un relevamiento que realizaron el CELS y el IDAES en 2020, el 60% de los hogares inquilinos de la Ciudad tenía deudas de alquiler. A pesar de esta situación crítica, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no implementó ninguna política para contener a quienes podían quedarse sin su vivienda durante la pandemia. Tampoco puso en marcha políticas para garantizar que se cumpla el decreto 320, del gobierno nacional que, entre otras medidas, suspendió los desalojos”, agregaron.
