A un año de la toma en Guernica, las familias todavía esperan un lugar donde vivir

🏘️ Hoy se cumple un año del inicio de la toma en Guernica. Luego de firmar siete meses atrás una serie de actas que garantizaban a las familias desalojadas la entrega de terrenos para habitar, éstas reclaman que aún no tienen novedades sobre el tema.

Este 20 de julio se cumple un año desde la toma en Guernica, donde más de mil familias se instalaron ante la falta de vivienda y la imposibilidad de pagar un alquiler. Con casillas y ollas populares, las familias convivieron durante cuatro meses en el predio, propiedad de la firma Bellaco S.A., ubicado en el partido de Presidente Perón, en la Provincia de Buenos Aires. El 29 de octubre del año pasado, quienes no aceptaron los acuerdos propuestos por el gobierno provincial para retirarse de manera voluntaria, fueron desalojados. Desde entonces, el ministerio a cargo de Andrés Larroque firmó más de 700 actas que aseguran a las familias desalojadas la entrega de lotes aptos para habitar. A siete meses de la firma de esos documentos, las familias reclaman que aún no tienen novedades sobre la entrega de los terrenos. Según informaron desde la cartera de Larroque, hasta ahora se concretó el pago de 1.320 subsidios de 30 mil pesos por única vez para cada una de las familias que firmaron las actas. 

“Estos meses fueron de ir de acá para allá todo el tiempo, arrastrando las cosas, lo poco que nos quedó”, relata Ana María desde la casilla provisoria en Bernal donde vive ahora con su marido y su hijo de tres años. Es una construcción precaria que se inunda cada vez que llueve, y que pronto tendrán que devolver al hombre que se las prestó, un ex patrón de su marido, que trabaja como albañil. Antes de llegar a Guernica, la pareja había destinado todos los ahorros a la compra de un terreno, que adquirieron sin documentación, a un conocido. “Un día vino el supuesto dueño y nos echó. Perdimos todo. En la toma, después del desalojo, nos volvió a pasar lo mismo”, advierte la mujer, que firmó el acta de adjudicación del terreno el 6 de enero de este año.

A diferencia de Ana María, Liliana Cabrera se retiró del predio antes del desalojo, con un documento firmado que le aseguraba una solución habitacional a largo plazo y ayuda económica como respuesta urgente. Fuera del predio, tuvo que volver a la casa de su ex marido, que aunque tiene prohibido acercarse a la vivienda ya volvió una vez y Liliana asegura que puede volver en cualquier momento. “Hace tres años me separé definitivamente. Intentó intoxicarme con unas pastillas y terminé en el Hospital. Ahí lo denuncié, una jueza me escuchó y ordenó una restricción perimetral, pero como la familia vive en las casas de al lado, él siempre anda por el barrio”, relata Liliana y contó que una vez el hombre se metió por la ventana y ella tuvo que llamar a la Policía. 

Cansada de estar amenazada constantemente, Liliana llegó a la toma donde se instaló en el barrio San Martin, uno de los cuatro barrios -San Martín, La Unión, 20 de Julio y La Lucha- que las familias organizaron dentro del predio. Según los datos que dio a conocer el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense sobre las razones por las cuales las personas habían llegado a la toma, 1.544 alegaron desocupación, empobrecimiento e imposibilidad de pagar alquiler, 183 argumentaron conflictos familiares, 51 violencia de género y 32 estaban en situación de calle. Los datos surgen de un censo con el que muchas personas de la toma, como Liliana, colaboraron. Durante las semanas siguientes a la firma del acta, Liliana mantuvo comunicación con la gente del Ministerio, pero con el tiempo, afirma, “fueron desapareciendo”. En mayo volvió a recibir un llamado. Todavía con esperanzas, la mujer remarca que, en este momento, lo que necesita es “un lugar real para mudarme cuánto antes”. 

Esther Mollo Dique fue vecina de Liliana durante la toma y ahora está viviendo en una pieza que le presta su tía, en su casa de Guernica. Ella también tiene esperanzas. “En el terreno voy a construir primero una casa y después un lugar donde pueda poner de vuelta el negocio”, imagina Esther, que desde que llegó de Bolivia hace dos años y hasta antes de llegar a la toma, alquilaba una casilla donde vivía con su hijo y vendía verduras a la gente del barrio. “Le alquilaba a una pareja, pero tuve problemas con ella porque tenía celos de mí. Cada vez que su marido me hablaba, ella se ponía a gritar, se peleaban. No podía quedarme ahí”, relata Esther, que tiene 22 años y un hijo de tres. A Guernica se llevó todo lo que tenía: los colchones, la cocina, algunos muebles. “Firmé el acta y me fui. Al principio a un lugar que me prestaron y ahora a lo de mi tía, pero en la casa somos muchos y me tengo que ir lo antes que pueda”, explica Esther.

Robelina Caballero habla en voz baja y tiene que estar alerta por si la mujer para la que trabaja necesita algo. “Cuando tenga mi terreno, mi hijo, que trabaja en la construcción, me va a ayudar a levantar mi propia casa”, se esperanza Robelina, que con 38 años es madre de tres hijos y trabaja “cama adentro” en un departamento en el barrio porteño de Recoleta donde está a cargo del cuidado de una mujer mayor. “Tomé este trabajo porque tenía que salir de ahí, de la casa de la que me fui por toda la violencia que venía sufriendo”, relató. Su hija menor, de 12 años, quedó en la casa de Villa Fiorito, donde convive con el padre. Los sábados, cuando Robelina sale del trabajo, vuelve a la casa a pasar con su hija el día y medio que le queda antes de volver a empezar la semana laboral. “Cada fin de semana es lo mismo. Se emborracha y empieza con las amenazas, con los gritos”, cuenta la mujer y advirte que “si seguimos en la casa de este hombre, a mi hija o a mi nos puede pasar algo en cualquier momento”.

La ilusión del “barrio comunitario”

“La idea que tengo del terreno no es solo un lugar para mi, sino mantener eso de lo comunitario que había en la toma. Cuando uno alquila no le importa el vecino de al lado, pero en un barrio comunitario es distinto, hay detalles de solidaridad que te hacen bien”, reflexiona Ana María. Nair, más joven que ella, también espera su lote. Tiene 20 años, conoció a su actual pareja en Guernica y ahora están alquilando juntos una habitación. “No hay una sola persona que haya salido de ahí y haya ido a un lugar donde esté mejor”, asegura Nair, que se enteró de su embarazo días después del desalojo, y agrega que “el sueño es el de tener una tierra propia, salir de esa preocupación constante de no poder pagar el alquiler y que te echen”. 

A pesar de la diversidad de las situaciones, las familias que firmaron las actas coinciden en la urgencia de una solución: “porque hay gente viviendo de prestado o directamente en la calle”, advierten. Uno de los reclamos de las organizaciones que participaron de las mesas de diálogo con las autoridades bonaerenses es que los terrenos “estén todos juntos, que se reconozca el barrio que se construyó en Guernica y se pueda recrear”, explica Alejandro Pérez, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y agrega que, junto con la organización “estamos trabajando con arquitectos en una propuesta de cinco barrios comunitarios para canalizar las necesidades habitacionales que hay en la Provincia”.

Hasta mediados de mayo de este año, según informaron fuentes del Ministerio, 15 familias recibieron módulos habitacionales, a 30 se les entregó mobiliario y a otras 66 materiales para la construcción. En cuanto a los terrenos, aunque la fecha de entrega de las tierras aún no está determinada, el gobierno provincial firmó un convenio para el loteo de “aproximadamente 64 hectáreas”, dentro del municipio de Presidente Perón. El 25 de junio, cuando se cumplieron los 180 días desde la firma de gran parte de los acuerdos posteriores al desalojo, las organizaciones que acompañan a la asamblea de vecinos y vecinas de Guernica reclamaron, en una carta dirigida al ministro Larroque, que la urgencia de un lugar para vivir que llevó a las familias a empezar con la toma “no ha cambiado al día de hoy” sino que la situación “es la misma o peor”. 

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