El 30 de diciembre de 2020, la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo marcó un parteaguas en la genealogía feminista. Entre botellas vacías, barbijos sudados y caras borroneadas de glitter, a las 6:34 de la mañana el aullido de la marea verde dejó en claro que nada volvería a ser igual y la letra legislativa terminó de fraguar una lucha de décadas. Quince días después, el presidente Alberto Fernández firmaría la promulgación de la ley en el Museo del Bicentenario y el 24 de enero, sin necesidad de que las provincias adhirieran, el derecho del aborto hasta la semana catorce de gestación se convertiría en una realidad en todo el territorio argentino.
Pero, ¿cómo cambió la vida de les profesionales de la salud a seis meses de la sanción de la ley? ¿Con qué recursos cuentan quienes debieron comenzar a realizarla? ¿A dónde acudieron en caso de tener dudas? “Para quienes ya veníamos garantizando la ILE fue bastante sencillo porque se basó en readaptar algunos circuitos, modificar consentimientos informados y estar más atentos a la cantidad de días que pasaban hasta que se resolvía esa consulta, pero para los equipos que nunca habían trabajado esta temática y sí estaban interesados en hacerlo hubo un salto exponencial en el cual nos dimos cuenta de que se necesitaba contención específica”, explica María Victoria Simón, psicóloga y coordinadora del equipo de IVE de Casa FUSA, asociación civil especializada en salud de jóvenes y adolescentes.
“Empezamos a escuchar muchos pacientes que nos decían que les atendieron bien, les dieron la receta de misoprostol, pero no les dijeron cómo lo tenían que usar ni cuáles eran los detalles del procedimiento, no por falta de voluntad, sino por desconocimiento. Entonces decidimos enfocarnos en escuchar a estos profesionales de la salud que estaban dispuestos a ejercer la ley pero que no tenían el marco o la formación necesaria por no estar inmersos en la militancia”, asegura.
Con el fin de acompañar a los equipos profesionales, saldar dudas y socializar estrategias Casa Fusa lanzó Ahora Que Es Ley, un podcast de seis episodios sobre interrupciones voluntarias y/o legales del embarazo. En cada uno de los episodios disponibles en Spotify, la periodista Gisela Busanicce dialoga con une especialista en la materia para profundizar en temas específicos. Además, el proyecto abarca poblaciones que suelen estar invisibilizadas o requieren especial atención, como las personas con discapacidad o les adolescentes. Mariela Labovsky, ex presidenta de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil; Mariela Belski, Directora de Amnistía Internacional y Juan Carlos Escobar, Director de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud, entre otres, ya oficiaron de interlocutores en el podcast.
“Primero hicimos una investigación para saber cuáles eran las dudas que tenían les profesionales, los miedos y las inseguridades. De ahí fuimos seleccionando los temas más solicitados que abordamos en cada episodio del podcast, que van desde cuáles son los procedimientos recomendados para hacer una interrupción voluntaria del embarazo de manera segura hasta qué pasa con la atención post aborto o lo estipulado dentro de la ley para las consultas con adolescentes. También armamos una serie de videos para redes sociales con les distintos profesionales que empezaron a realizar la práctica a partir de la ley sobre lo que fue pasando en sus servicios”, continúa Victoria.
Esta semana se cumplió medio año de la sanción de la ley. En ese marco, el Gobierno dio a conocer algunos números oficiales: hasta el momento se atendieron 7700 consultas sobre IVE e ILE en la línea gratuita de salud sexual (más que en todo 2019); se distribuyeron 15445 tratamientos de misoprostol y se iniciaron dos procesos de compra por un total de 100.000 tratamientos de estas pastillas. Hay 1150 efectores aplicando la ley en el sistema de salud pública y 1100 equipos fueron capacitados por el Ministerio de Salud. A esto se suma el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, cuya actualización fue presentada el último 28 de mayo en el Día Internacional de la Lucha por la Salud de las Mujeres. El documento es resultado del recorrido que comenzó en 2005 con la Guía para la Atención de Mujeres con un Aborto en Curso, plasmado en el primer protocolo establecido en 2007, sumado a las consejerías pre y post aborto que se inauguraron en 2008 y la experiencia de la línea 0-800 de salud sexual que comenzó a funcionar dos años después. El 30 de julio de este año, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, declaró que no se registró ninguna muerte por aborto en este tiempo.
“Se busca que la atención de aborto no sea solamente dar una receta de misoprostol, sino manejar de una manera integral cada caso y poder conocer cuál es la red con la que cuenta esa persona. ¿Qué pasa con su vínculo con le otre progenitore? ¿Está atravesando alguna situación de violencia? Si es una adolescente, ¿qué adultes le rodean? Hay que tener en cuenta todo esto desde la primera consulta y dar orientación con perspectiva de género antes de brindar un servicio de interrupción voluntaria del embarazo. No es solamente una práctica médica”, afirma Victoria y advierte que las consultas pre y post aborto son fundamentales para informar sobre métodos anticonceptivos, detectar casos de violencia de género o reponer cuestiones de educación sexual integral. “Cuando realizamos capacitaciones desde la primera instancia empezamos a hablar sobre todo el abanico de métodos anticonceptivos y enfatizamos en que deben utilizarse automáticamente una vez que se realiza el procedimiento. Hay una noción de que, luego de hacerse un aborto, la persona no puede volver a quedar embarazada y pasa todo lo contrario, rápidamente recupera su fertilidad”.
Frente al mito antiderechos de que una vez legalizada la práctica los abortos se realizarían de manera indiscriminada, desde Casa Fusa aclaran que eso lejos está de ser la realidad. “Lo que vemos en general es que después de la aprobación hubo un pico de mayor demanda que después se fue nivelando, como sucedió en otros países. Igualmente hay un contexto de pandemia, por lo cual las consultas de salud han bajado en todos los niveles. En FUSA tuvimos muchísima repercusión y más demanda de capacitación profesional, algo que, sumado a la virtualidad, nos permitió extendernos a todo el territorio nacional y no solamente abarcar Capital y Gran Buenos Aires”, agrega la médica de la institución que realiza entre 800 y 1000 interrupciones del embarazo anuales.
Sobre la objeción de conciencia, Victoria aclara que solo pueden optar por ella les profesionales que tengan intervención directa en la práctica, quedando excluides les ecografistas, enfermeras, personal administrativo u otros. En ningún caso les objetores pueden ser obstaculizadores, sino que deben derivar de buena fe y sin dilaciones y no pueden negarse a dar atención post aborto.
Desde su sanción, Amnistía Internacional contabilizó 31 reclamos judiciales para evitar la aplicación de la ley, de los cuales ninguno prosperó. Uno de los últimos fue en Mar del Plata, donde el juez Alfredo Eugenio López dio lugar a un recurso de apelación para declarar inconstitucional la norma, medida que pronto quedó suspendida. Para acompañar la implementación, desde la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva constituyeron un equipo de abogadas especialistas que ya realizó 22 intervenciones: 18 por problemas en el acceso a IVE/ILE y 4 por dificultades en el acceso a anticoncepción a partir de las restricciones por la pandemia.
Les pibis también abortamos
Cuando se trata de les adolescentes, la ley de IVE estipula que quienes tengan entre 13 y 16 años requieren del consentimiento informado de une de sus progenitores, mientras luego de los 16 años esto no es necesario en cuanto no se trate de un procedimiento invasivo ni ponga en riesgo la salud.
Sin embargo, Victoria subraya que la falta de acompañamiento puede ser un disparador que lleve a indagar sobre el contexto familiar y detectar otras violencias. “Siempre aclaramos que pueden venir soles o acompañades por una amiga, una prima, tía, hermane o quien constituya un referente afectivo en el momento. Es importante aclararlo porque en algunos servicios de salud u hospitales, cuando las adolescentes van a buscar anticonceptivos orales o la mal llamada pastilla del día después, anticonceptivo hormonal de emergencia, les decían que obligatoriamente tenían que venir con su mamá. Esto no es así, está bueno que la persona pueda estar acompañada por alguien, pero no es obligatorio. Nosotres siempre vamos a dar la información necesaria aclarando que la decisión finalmente es propia”, remarca.
Además de Ahora Que Es Ley, este año Casa FUSA diseñó en conjunto con la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Redi) la aplicación Nuestra Decisión que abarca el acceso a derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género y discapacidad. La app gratuita -disponible en AppStore- permite localizar los centros de atención de salud sexual y reproductiva cercanos, obtener información y denunciar vulneraciones. En los primeros dos meses de su lanzamiento ya tuvo 700 descargas.
“La ley es muy clara y además ahora el Gobierno lanzó un protocolo actualizado, esto significa que existen figuras para contener tanto al paciente como al profesional, sumadas a las organizaciones que siguen funcionando y la Red de Profesionales para Decidir. Además, está bueno contar que la mayoría de las interrupciones de embarazo se realizan dentro del primer trimestre de gestación y en el primer nivel de atención de manera medicamentosa, ambulatoria y segura, atendiendo la integralidad de cada persona, porque sino siempre lo visualizamos como una operación o una intervención invasiva cuando no lo es”, manifiesta la coordinadora del equipo de IVE de Casa FUSA.
Victoria es tajante: al relato del feto llorando y los muñecos gigantes de papel maché contrapone el alivio de personas gestantes que pudieron salir del closet del aborto y contar con una norma donde ampararse. Para eso, enfatiza, es fundamental que las personas sepan cuáles son sus derechos y cuándo están siendo vulnerados. “En general, las personas cuando se acercan a la consulta post aborto vienen con otro semblante, hay una cuestión relacionada al alivio por haber resuelto ese problema y resolverlo de una manera acompañada que dista mucho de la figura traumática (que quieren imponer desde el sector antiderechos) de la persona que ha abortado”.
