Las organizaciones sindicales podrán lotear terrenos propios y destinarlos a la construcción de viviendas para sus afiliados a través de los créditos Procrear II. El proyecto, que busca solucionar el déficit habitacional de miles de trabajadores y trabajadoras, fue presentado algunas semanas atrás por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi en una reunión que mantuvo con dirigentes de las centrales obreras, entre ellos Hugo Yasky (CTA) y Héctor Daer (CGT).
Se trata de amplios terrenos que fueron adquiridos por los sindicatos en distintos momentos históricos, ubicados en diferentes zonas del país, y que en la actualidad se encuentran en desuso. La novedad de la iniciativa reside en la posibilidad de que el Ministerio facilite el loteo, la llegada de servicios básicos y la apertura de calles. Todas condiciones necesarias para iniciar la construcción de viviendas.
El acuerdo, hasta el momento de palabra, avanza favorablemente y los gremios ya iniciaron una etapa de relevamiento de los macizos de tierra disponibles, con el objetivo de sistematizar información sobre su tamaño, en dónde están ubicados, si cuentan con infraestructura y el estado de los títulos. “Se abren distintas líneas de acción del Gobierno que implican dar vuelta la página respecto de lo que sucedió durante el macrismo cuando se implementaron los créditos UVA”, disparó Eduardo Pereyra, secretario de finanzas de la CTA-T, en diálogo con El Grito del Sur.
Las condiciones de los créditos incluyen un monto de 4 millones de pesos, plazo de devolución a 30 años, modalidad de ajuste bajo la fórmula Hog.Ar (coeficiente que ajusta la cuota en base a la evolución de los salarios), un sueldo mínimo de $53.500 y máximo de $175.000, un mínimo de 12 meses de antigüedad laboral y no presentar antecedentes financieros desfavorables. “Esta política nos pone muy contentos porque hay pocos espacios para que los trabajadores y las trabajadoras tengamos la posibilidad de tomar un crédito hipotecario tan accesible y que sea la propia organización sindical la que disponga los terrenos. Es una puerta importante que se abre para que las compañeras y compañeros puedan acceder a su primera vivienda”, expresó Pereyra.
Ésta no es la primera iniciativa de la cartera territorial focalizada hacia el sector asalariado. A mediados de marzo, el ministro Ferraresi -acompañado por el presidente Alberto Fernández- firmó junto los dirigentes de la CGT y la CTA el convenio “Casa propia con sindicatos”, que concretó el otorgamiento de 1200 viviendas en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires que habían quedado sin asignar durante la gestión macrista.
Los créditos Procrear fueron impulsados por el gobierno de Cristina Fernández a partir de agosto de 2012 y se consolidaron como la vía más accesible para que miles de personas pudieran acceder a una vivienda digna. Entre 2012 y 2015 se otorgaron 197 mil créditos por un monto cercano a los 52.000 millones de pesos. Sin embargo, durante el segundo mandato de la actual vicepresidenta, esos créditos Procrear no tuvieron una línea específica dirigida a los sindicatos como sucede ahora con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que focaliza una parte de los Procrear II en trabajadoras y trabajadores sindicalizados.
Se trata de una política habitacional de cogestión entre el Estado y las organizaciones gremiales que no tiene antecedentes cercanos en el tiempo. “Es una práctica que antiguamente era muy habitual”, señaló el dirigente de la CTA en referencia a las políticas de vivienda del primer y segundo gobierno de Perón. Y agregó que “en otras épocas los sindicatos compraban terrenos o lotes grandes con el objetivo de diseñar planes de viviendas para sus afiliados. Sucedió muchas veces. Pero quizás no es la práctica que uno recuerda de hace poco tiempo por la dificultad económica y por las crisis recurrentes que vivió nuestro país, lo que llevó a la desocupación, subocupación y a debilitar las finanzas de las organizaciones”.
Rosa Aboy, arquitecta y doctora en Historia Moderna, explicó en diálogo con este medio que “esta política (del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat) recupera algo de lo que fueron tradiciones muy dinámicas en la Argentina del siglo XX, donde distintos gobiernos, pero sobre todo el peronista, construyeron viviendas focalizadas para los trabajadores sindicalizados. ¿Por qué? Porque tienen un empleo fijo, están agremiados y eso le permite al Estado recuperar algo de lo que subsidia en un circuito virtuoso de inversión”.
Construcción de barrios obreros: una tradición peronista
A partir del primer gobierno de Perón, el acceso a la vivienda se consagró como un derecho constitucional y de allí en más la construcción de barrios obreros se constituyó en una política central del Estado, que en algunos casos estuvo dirigida hacia la población en general y en otras fue focalizada hacia trabajadores de diferentes ramas productivas en articulación con los sindicatos.
“Las viviendas construidas para la venta se entregaban a través de créditos bastante blandos, mientras que las destinadas a los sindicatos una parte del dinero lo ponía el Estado y otra parte el banco hipotecario a través de créditos subsidiados a 30 años, que luego eran retenidos de los sueldos de los afiliados al gremio”, sostuvo Aboy.
Los casos más emblemáticos de construcciones financiadas por el Estado entre 1946 y 1954, en la zona del AMBA, son el Barrio Los Perales, ubicado en Mataderos en las inmediaciones de la cancha de Chicago; el Barrio 17 de octubre, o también conocido como Barrio Grafa (en referencia a la vieja fábrica textil, cito dentro del barrio Villa Pueyrredón); el Barrio Balbastro, construido en el Bajo Flores; y Ciudad Evita en La Matanza. Como parte de la misma política estatal de viviendas, pero articulando con las organizaciones sindicales, en la provincia de Buenos Aires bajo la gestión del gobernador Domingo Mercante se construyó el Barrio Obrero de Berisso, destinado a los operarios de los frigoríficos y, en la Ciudad, bajo la intendencia de Emilio Siri se levantó el Barrio Juan Perón, ubicado en Saavedra y destinado a empleados municipales.
