Este lunes, la Sala I del Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras declaró «por unanimidad de votos» que Roberto David Castillo, ejecutivo de la empresa hidroeléctrica DESA, fue coautor del asesinato de la ambientalista, feminista y lideresa indígena lenca Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016. La sentencia se conocerá el próximo 3 de agosto y el empresario podría recibir una pena de 20 años de cárcel.
«Esta es una victoria popular del pueblo hondureño. Significa que las estructuras de poder criminal no lograron corromper el sistema de justicia. ¡Berta vive, la lucha sigue!», escribió en su cuenta de Twitter el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la organización que fundó Cáceres. Pero les militantes de Copinh no olvidan: aunque en 2019 ya otras siete personas fueron condenadas por el crimen, señalan que todavía «faltan los autores intelectuales, la familia Atala Zablah».
«Es una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos», dijo Bertha Zúñiga Cáceres, una de las hijas de la ambientalista y hoy líder de la Copinh, en una rueda de prensa después de conocer el fallo.
«Berta no murió, se multiplicó», es la frase que han repetido a través de estos años familiares, amigues y compañeres de militancia de Cáceres y es cierto: la ambientalista hondureña sembró semillas de lucha que florecen en su país y en toda América Latina.
El temple de Berta Isabel Cáceres Flores -nacida el 4 de marzo de 1971- se forjó al calor de la influencia de su madre, Austra Bertha Flores López, quien fuera partera y alcaldesa de su ciudad natal de La Esperanza. Durante la guerra civil de El Salvador iniciada en 1980, Flores López no dudó en tenderle su mano a los refugiados del país hermano.
«Ella le enseñó sobre comunidades indígenas, las dificultades de las mujeres indígenas y el racismo que sufrían. Berta se crió en ese ambiente», explica Karen Spring, activista de Derechos Humanos y amiga de Cáceres.
En 1993, Cáceres y su ex marido, Salvador Zúñiga, fundaron el Copinh para luchar contra los atropellos del capitalismo patriarcal hondureño que buscaba (y todavía busca) expulsar a los pueblos indígenas de sus tierras y explotar los recursos naturales. El Consejo, con Cáceres a la cabeza, logró defender a más de 200 comunidades lenca en Honduras y El Salvador.
Mientras más crecía el Copinh, más (re)conocida se volvía la labor de Cáceres, quien fue convocada a países de Europa, Asia, América Latina e incluso ante las Naciones Unidas para disertar sobre su trabajo y la situación de los grupos indígenas de todo el mundo. Incluso en 2015 recibió el Premio Goldman, el reconocimiento más grande que puede tener un defensor del medio ambiente.
Pero en 2009, Honduras sufrió un golpe de Estado que destituyó al presidente Manuel Zelaya y la violencia contra los activistas ambientalistas recrudeció. Y Cáceres no estuvo exenta de ello: recibió amenazas, enfrentó cargos falsos por tenencia de armas de fuego y fue acusada de provocar más de 3 millones de dólares en daños y perjuicios a la hidroeléctrica DESA (Empresa Desarrollos Energéticos S.A), donde trabajaba Castillo.
En 2010, DESA anunció la construcción de la represa Agua Zarca en el río Gualcarque, lugar espiritual para muchos lencas y principal fuente de agua y alimentos para las comunidades que viven a sus orillas. Cáceres logró detener la construcción de la represa, pero desde 2013 en adelante las amenazas de muerte contra ella y su familia empezaron a atosigarla.
«El asesinato de Berta no fue por un proyecto, fue un asesinato calculado de una mujer que había adquirido mucha importancia, reputación y poder, no a través del dinero o credenciales académicas, sino del trabajo de toda su vida defendiendo los derechos humanos en la región», dijo Spring a CNN en una entrevista de 2017, un año después del asesinato de Cáceres.
La noche del 2 marzo de 2016, dos días antes de su cumpleaños, Cáceres fue asesinada a tiros en su casa, donde se hospedaba también el ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen, quien sufrió una herida leve de bala en una oreja y fingió estar muerto para proteger su vida.
«Cuando me despedí de mi madre, ella nos dijo que no tuviéramos miedo, que en este país podía pasar cualquier cosa, pero que no tuviéramos miedo -afirmó Bertha Zúniga Caceres frente a la Justicia hondureña-. Ella me dijo que iba a llegar hasta donde las comunidades quisieran y las comunidades ya habían dicho que estaban dispuestas a morir en defensa del río Gualcarque».
En diciembre de 2019, un tribunal de Honduras condenó a cuatro de ocho acusados a 34 años de prisión por el asesinato de Cáceres y a 16 por intento de asesinato del mexicano Gustavo Castro. Otros tres fueron sentenciados a 30 años de cárcel, como coautores del crimen.
Contra todo pronóstico, la Justicia hondureña condenó ahora a Castillo luego de determinar que se había comunicado con Douglas Bustillo, uno de los responsables del asesinato de la ambientalista. Sin embargo, la familia de Cáceres señala que todavía falta: para elles, Castillo es solo un eslabón en una cadena de responsabilidades en la que están involucrades varios miembros de la familia Atala Zablah, funcionarios estatales y las Fuerzas Armadas de Honduras.
«Estamos en el punto de mira del sicariado judicial y del sicariado armado. Nuestras vidas penden de un hilo», había dicho Cáceres y tenía razón, pero ni la dificultad ni la violencia la hicieron flaquear. «Hemos aprendido a que pese a que es muy duro, muy doloroso, hemos aprendido también a luchar con alegría. A luchar con alegría, con esperanza, con fe. Hemos aprendido a luchar en diversidad. Hemos aprendido a luchar con música, con ceremonias, con espiritualidad. Donde nos acompañan nuestros ancestros y ancestras, nuestros Nahuales, nuestros espíritus. Eso es. Creo que eso es lo que nos alienta. Y saber que aquí no hay otro planeta de repuesto. Solo hay uno».
