La sobrepoblación carcelaria no es un tema novedoso en nuestro país y, si bien sus causas son múltiples y complejas, la pandemia agravó aún más la situación de cientos de personas privadas de su libertad. Hace apenas una semana, el diario La Nación informaba que unas 640 personas permanecen detenidas en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires, situación que no solo implica una grave de violación a los Derechos Humanos sino que evidencia un escenario general cada vez más adverso para las personas privadas de su libertad.
«La relación entre las comisarías de la CABA y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) es un problema complejo y que tiene muchas aristas», explicó a El Grito del Sur Macarena Fernández Hofmann, investigadora del equipo de Política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). «Es real y grave lo que está sucediendo: hay una cantidad importante de detenidos en las comisarías de la Ciudad en condiciones inhumanas e indignas y en instalaciones donde no debería haber ninguna persona alojada. Esta situación -que es más común en la Provincia de Buenos Aires- en la Ciudad nunca había pasado», agregó la investigadora.
Si bien las estadísticas que brinda la Procuración Penitenciaria de la Nación muestran una evidente caída del nivel de ocupación en penitenciarías nacionales, el factor COVID-19 afectó de lleno en la situación que viven detenidos y procesados. Lo que es una constante desde hace tiempo es el aumento del número total de personas detenidas en instituciones del SPF, que para mayo del presente año alcanzó las 13.971. El origen del problema es complejo e igual de compleja es la posibilidad de revertir la situación. A las múltiples causas que llevan a este escenario se le suma que la Ciudad no tiene su propio servicio penitenciario, por lo que depende del SPF. «Otra parte del problema tiene que ver con la lentitud de los traspasos de la Justicia Federal a la Ciudad de Buenos Aires, pese a que la CABA es autónoma desde 1994», señaló Fernández Hofmann.
«La superpoblación carcelaria, que creció durante el macrismo, aún no se ha podido reducir. De hecho, cuando algunos jueces se animaron (por el tema del Covid) a brindar prisión domiciliaria u otros derechos, tanto desde la oposición como el mismo Sergio Massa salieron a amenazar a esos jueces con juicios políticos», explicó Matías Busso, abogado especializado en Violencia Institucional. «Desde 2004 en adelante, con los agravantes de la Ley Blumberg, que aumentó montos de penas y quitó derechos a personas detenidas, los penales están superpoblados», señaló el abogado en diálogo con este medio.
Otro de los problemas es la relación entre la situación general del SPF y la realidad concreta de los detenidos en plena pandemia. «Con el Covid, la gestión de la interventora María Laura Garrigós limitó el cupo de entrada al Servicio Penitenciario por dos motivos: por un lado, porque cada persona que ingresa al SPF hace una cuarentena y para eso se precisan lugares aislados durante 14 días, antes de pasar al pabellón común. Y por otro, porque en la gestión anterior, en algunas celdas unipersonales se pusieron dos camas cuchetas», añadió la investigadora del CELS, en relación a un hecho antirreglamentario y que vulnera los derechos de los privados de su libertad. La presentación judicial de una serie de habeas corpus logró que la situación se revirtiera, pero dejó como saldo un cupo más restringido en las penitenciarías nacionales.
Mientras tanto, la Ciudad de Buenos Aires sigue generando detenidos. Al limitar el cupo en los penales, empezaron a llenarse las alcaidías, espacios de detención transitoria que suelen utilizarse por un plazo de 72 horas o hasta que el traslado sea confirmado por un fiscal. «Las personas comenzaron a quedar atascadas en las alcaidías, un gran problema sobre todo cuando empezaron los casos de coronavirus y aumentaron los contagios», agregó Fernández Hofmann. Cuando las alcaidías rebalsaron, las detenciones se extendieron a las comisarías: una situación aún más grave, ya que en estos espacios ni siquiera existen duchas para garantizar el aseo de los detenidos, que deben ser trasladados a las alcaidías para poder bañarse.
«El problema es muy grave al nivel de violaciones de los Derechos Humanos: tenés a personas detenidas en condiciones indignas. Eso es inconstitucional y rompe cualquier estándar de Derechos Humanos. De hecho, también se contrapone al fallo Verbitsky (2005) que prohíbe que haya personas alojadas en comisarías. Recientemente, la propia Corte Suprema de la Nación intimó a la Corte de la PBA para que esta disposición se cumpla», profundizó Macarena Fernández Hofmann.
La realidad es que el problema excede la limitación del cupo o el efecto adverso de la pandemia. «Tiene que ver con la política criminal que aplica la justicia federal. Hay dos cuestiones que han hecho subir la cantidad de detenidos: la primera es la aplicación de la ley de flagrancia, impulsada en 2017 por el exministro de Justicia Germán Garavano, que hizo que más personas queden detenidas y sean encarceladas. Además, los tiempos procesales de la flagrancia hacen que las personas estén más tiempo detenidas hasta que se define su prisión preventiva. Por otro lado, el aumento de las aprehensiones policiales en la CABA: el impacto de la ley de drogas, con la detención de consumidores o gente vinculada al narcomenudeo, también va sumando a este flujo».
La situación de uno de los sectores más vulnerados de la sociedad preocupa y mucho. La compleja trama de responsabilidades institucionales y la herencia de varias décadas de superpoblación carcelaria y de abandono del área han hecho que, hoy en día, cualquier solución sea mucho más compleja de abordar. Mientras tanto, casi 700 personas dormirán esta noche en comisarías de la Ciudad, hacinadas, sin respeto por su integridad física ni resguardo ante el embate de la pandemia.
