La pandemia provocada por el Covid-19 comienza a dejar en evidencia que la desigualdad social aumentó exponencialmente y que la riqueza está concentrada en cada vez menos manos. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ilustró recientemente esta situación al expresar que “cuando esta pandemia termine, los poderosos van a ser más poderosos y los débiles van a ser más débiles. Y los ricos van a ser más ricos y los pobres van a ser más pobres”. En América Latina, la segunda región más desigual del mundo, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló que la fortuna de los multimillonarios en nuestro continente aumentó un 70% durante el 2020. Entre los ganadores de la pandemia, se encuentran argentinos (pero no argentinas) como Marcos Galperin, Alejandro Bulgheroni, la familia Perez Companc, Alberto Roemmers y Eduardo Eurnekian. En paralelo, el 42% de la población argentina se encuentra bajo la línea de la pobreza, afectando ésta a 19,4 millones de personas en nuestro país, según el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC).
Dentro de esta población, los hogares monoparentales con niños, niñas y adolescentes a cargo de una mujer enfrentaron el mayor impacto negativo por la crisis y son los más alcanzados por la pobreza. Es en este contexto que urge la presencia del Estado para reducir las brechas de desigualdad en términos de riqueza y género. Una de las propuestas que viene tomando relevancia en la agenda y sumando adhesiones es la propuesta de un Salario Básico Universal que permita erradicar la indigencia.
A nivel nacional, el Gobierno impulsó el fortalecimiento del sistema de salud para luego llevar a cabo la campaña de vacunación más grande de la historia, teniendo hasta ahora al 70% de la población mayor de 20 años con al menos una dosis de la vacuna contra el Covid-19. En simultáneo, se intentó morigerar el impacto de la crisis económica con distintas políticas implementadas, cuyo mayor exponente fue quizás la creación de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pagos extras de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la implementación de la Tarjeta Alimentar, bonos para jubilados y jubiladas que cobran los haberes mínimos, y el reciente reconocimiento por parte de la ANSES a las tareas de cuidado, llevadas adelante por mujeres, como aportes jubilatorios.
En ese sentido, el aporte extraordinario a las grandes fortunas fue una de las políticas más resistidas por parte de la oposición y de los grupos empresarios locales más poderosos, y tal vez la de “mayor avanzada” en términos de la capacidad real que puede tener el Estado para implementar políticas con un horizonte de redistribución, cuestionando el rol que juegan los sectores más concentrados de la economía en este escenario.
El Gobierno tiene el desafío de poder ampliar su capacidad de intervención, para convertirse en el armador de un nuevo juego, el cual implique planificar a largo plazo empezando por los últimos para llegar a todos. Distintos actores, nacionales e internacionales, reconocen la necesidad de gravar a los más ricos para evitar una brecha social más grande. De esta manera, el Estado podría hacerse de recursos para garantizar necesidades básicas como Tierra, Techo y Trabajo en favor de las grandes mayorías.
En el AMBA, y particularmente en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, han proliferado en las últimas décadas mega emprendimientos inmobiliarios generando una importante segregación socio-espacial, un aumento en los precios de la tierra dificultando su acceso a sectores medios y populares, un crecimiento desordenado, no planificado y desigual de las ciudades, así como también problemáticas ambientales a partir de la destrucción de humedales, el cambio en el curso de ríos y arroyos, el aumento de las inundaciones, entre otras. Los distritos que comprenden la Cuenca del Luján son los más afectados por esta dinámica que impuso el mercado inmobiliario con el aval en muchos casos de distintos gobiernos locales y provinciales.
La actual gestión de Axel Kicillof junto a los gobiernos locales tienen el desafío de desarrollar distintas estrategias políticas para ponerle un freno a la creciente especulación inmobiliaria. Esto daría lugar a una nueva planificación sobre los territorios y el uso del suelo, y a la construcción de ciudades que tiendan a disminuir las brechas de desigualdad, garantizando el derecho a la ciudad y su gestión democrática.
El gobernador, principalmente a través de su ministra de Gobierno Teresa García, está buscando fortalecer la planificación territorial e instando a los municipios a que revisen los actuales planes estratégicos de ordenamiento territorial. La actual ministra destacó en varias oportunidades que busca fortalecer la Dirección de Ordenamiento Urbano para regular el uso del suelo en la provincia. A su vez señaló: “En la provincia de Buenos Aires hay 1200 barrios aproximadamente, según relevamientos satelitales y certificaciones; son 1200 urbanizaciones cerradas, de las cuales 350 están convalidadas porque los propietarios ya tienen escrituras; luego hay 97 urbanizaciones que a partir de la convocatoria que hicimos, se presentaron para poder regularizar y tenemos 600 fuera de norma a quienes estamos convocando”. El desarrollo del AMBA y “la mancha urbana” dan cuenta de la falta de planificación sobre el uso del suelo, y del enorme déficit habitacional en la provincia. Será un desafío para la actual gobernación poder impulsar políticas que reviertan esta situación.
Herramientas municipales y alternativas para construir otro modelo de ciudad
Los municipios cuentan con herramientas para impulsar distintos tipos de políticas públicas en materia habitacional. El Concejo Deliberante es un espacio fundamental para desarrollar políticas de hábitat y ambiente. Por ejemplo, la Ley de Acceso Justo al Hábitat (LAJH) prevé la creación de Consejos Locales de Tierra y Hábitat, donde participan organizaciones territoriales, representantes del Estado y académicos, entre otros, cuestión que debe pasar por la aprobación de los Concejos Deliberantes.
La LAJH es una ley provincial (14.449) aprobada en 2012, la cual tiene como objetivo promover una gestión democrática del territorio buscando garantizar el derecho a un hábitat digno. La ley brinda la posibilidad concreta de recuperar plusvalía urbana, es decir, de captar dinero de loteos y grandes emprendimientos inmobiliarios, para destinarlos a mejorar el hábitat popular y así ponerle un freno a la especulación sobre el precio del suelo. Si bien es una ley resistida por el mercado inmobiliario, hay experiencias interesantes como las de Mercedes, Luján, Avellaneda y varios municipios del interior de la provincia de Buenos Aires.
Pensar integralmente el desarrollo de un municipio, así como las respectivas problemáticas ambientales y de hábitat, implica pensar y rever cuáles son los planes estratégicos de ordenamiento territorial y urbano. Es decir, qué usos de suelo permite el municipio y de qué forma se puede planificar la ciudad y el territorio. Las formas de crecimiento de la ciudad, la preservación de las zonas agrarias, el fomento a la producción local, la protección de áreas de reservas y humedales, la delimitación de las zonas industriales, la gestión sobre los ríos y arroyos, la integración socio-urbana de los barrios populares, entre otros temas.
A decir del arquitecto Eduardo Reese, las condiciones y la calidad de vida de la población están fuertemente vinculadas con las formas y la densidad de ocupación del suelo, así como los mecanismos en que se despliegan las actividades humanas en el espacio. En ese sentido, las políticas públicas de ordenamiento territorial y urbano son políticas de Derechos Humanos.
En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde aún quedan grandes extensiones de tierra no urbanizadas, es posible pensar de otro modo la forma de habitar las ciudades y territorios. La planificación territorial es una herramienta central para construir distritos más justos. Un ejemplo positivo es el municipio de Escobar, que está impulsando un nuevo plan estratégico de ordenamiento territorial: de aprobarse éste, puede servir como experiencia para otros municipios. Sin lugar a dudas, la posibilidad de que los gobiernos locales puedan impulsar este tipo de herramientas va a depender en gran medida de la participación ciudadana y de la capacidad de las distintas organizaciones y colectivos de impulsar nuevas agendas.
Por otro lado, también contamos en la actualidad con la Ley de Barrios Populares, que luego del relevamiento efectuado por distintas organizaciones de la sociedad civil arrojó el resultado de 4416 barrios populares en nuestro país. El relevamiento se hizo política pública a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana, que tiene como objetivo la integración de los más de 4400 barrios de nuestro país. Esto implica un trabajo mancomunado entre las organizaciones territoriales, los gobiernos locales y el Estado Nacional.
La combinación de estas herramientas y de una participación ciudadana activa son centrales con el objetivo de desarrollar una política de Tierra, Techo y Trabajo para todes.
