Escaparnos del reduccionismo heterosexual ha tenido como tarea imprescindible aprender como nombrar nuestra existencia en un mundo con límites burdamente binarios. Es entre la clandestinidad y la periferia que nuestras formas de construir posibilidades alternas al binomio varón/mujer se hacen carne, pero, ¿están las instituciones a la altura?
En el día de ayer mediante el decreto 476/2021, Argentina se ha convertido en el primer país latinoamericano en establecer un procedimiento para el registro oficial de personas no binarias. Esta medida ha desatado una serie de críticas, ancladas principalmente en el “polémico” uso de la letra X.
El debate no es si la nomenclatura X en la casilla sexo determina nuestras “complejas” construcciones sexogenéricas, sino qué es lo que pone en jaque nuestra existencia misma en el reconocimiento de las instituciones y si éstas pueden contener la potencialidad infinita que acarrea que no nos nombremos en primera persona ni varones ni mujeres.
La normativa internacional establece el uso de la X para la identificación de las distintas subjetividades en documentos oficiales por fuera del binario M/F. Su uso no es entonces una actitud malintencionada, en el sentido de reducir nuestra subjetividad a una letra, sino la única posibilidad de adecuación a los estándares internacionales que ha tenido el gobierno argentino de reconocer de manera oficial y registralmente la existencia de personas que habitan el espectro no binario.
Los acuerdos y convenciones internacionales a los que hace referencia el decreto, tienen evidentemente un techo que se contrapone a la Ley de Identidad de Género en nuestro país, ya que ésta no relega nuestro deseo y la posibilidad de autoconstruirnos a los límites finitos provenientes del pensamiento heterosexual, sino que abre la posibilidad de expandir nuestra subjetividad y que ésta sea reconocida como tal a partir de la definición de “identidad de género”.
Ahora bien, ¿tiene sentido reconocer el caudal plural de identidades en identificaciones que después no tienen validez cruzando las fronteras de Argentina? Este es el interrogante que plantea Marce Butierrez -y que también sostengo- teniendo en cuenta el antecedente de dejar a la deriva en un vacío legal y sin identificación a personas que han podido rectificar sus partidas de nacimiento pero no así reflejar esa rectificación en documentos de identidad.
Por otra parte, frente a la pregunta retórica de Alberto Fernández sobre si al Estado le importa o no el sexo de las personas y su planteo idealista de que en un futuro no sea así, deviene necesario preguntarnos: ¿Cuáles son los límites que establece el Estado en la regulación del ejercicio libre a nuestra sexualidad? Pues la premisa de que al Estado no le importa el sexo de las personas es lisa y llanamente insostenible, se contrapone con la experiencia colectivizada del travestismo en relación a la criminalización y persecución, aún en tiempos democráticos.
Decir que al Estado no le importa el sexo de las personas es quitarle responsabilidad e invisibilizar una violencia histórica que se ha perpetuado a lo largo de los años y ha construido una noción de legitimidad en el aparato policial protagonizando la matanza de miles de compañeras y aún sigue depositando violencia sobre nuestros cuerpos. Hace poco Georgina Orellano, trabajadora sexual y secretaria general de AMMAR, fue detenida por la policía en medio de un operativo donde se la agredió físicamente. Y traigo esta escena porque lo que llama la atención acá, además de la violencia obviamente, es que los mismos efectivos se disculparon puertas adentro con ella alegando que “pensaban que era trans”. Como si eso legitimara el uso de la violencia física.
Hay mucho que hacer todavía, mucho que reparar. Argentina es vanguardia en materia del reconocimiento de derechos hacia la población LGBTINB+, aunque lejos de quedar vetustas las estructuras que establecen una relación lineal entre nuestras corporalidades y el mandato cisheterosexual, hemos de recalcar que el DNI no binario llega a nuestro pais en un contexto internacional en donde la proliferación de discursos de odio, bajo premisas biologicistas, empieza a reflotar y permear en espacios progresistas.
A sabiendas de que esta medida no es producto en términos absolutos de la voluntad política del oficialismo (y que no vivimos únicamente de buenas intenciones), es necesario recalcarla como una medida que se enmarca en una agenda de ampliación de derechos.
Las críticas y tensiones se generan en un contexto donde discutimos ampliación y no regresión. No da lo mismo y mucho menos viniendo de un período de gobierno en donde las políticas neoliberales han afectado de manera desproporcionada a nuestro colectivo.
