La pandemia provocó una mutación de nuestras prácticas sociales: la salud, el trabajo, el ocio, la educación y los vínculos fueron atravesados por la mediación de Internet. Sin embargo, no todos los habitantes de nuestro país pudieron adaptarse con cierto éxito a esta mutación: gran parte carece de la conexión a un servicio de banda ancha domiciliaria. Según el Ente Nacional de Comunicaciones, sólo el 66% de los hogares a nivel nacional cuentan con acceso fijo a Internet.
Como afirma Mariela Baladron en su reciente artículo “Redes comunitarias de internet: otro modelo es posible” (publicado en el libro “Otras plataformas” compilado por Daniela Monje), la pandemia también demostró “la falta de respuesta del modelo actual de prestación del servicio de Internet”. La especialista afirma que en los barrios de emergencia del AMBA o en conglomerados alejados de las grandes ciudades, los servicios comerciales de Internet se transforman en algo poco accesible por su precio, o directamente no se ofrecen, por no representar para el prestador un retorno económico seguro de la inversión que representa montar la infraestructura para el servicio. Para completar el panorama, estas poblaciones tampoco son alcanzadas por alguna política pública de universalización del acceso a Internet. Por esto, vienen surgiendo hace algunos años, y en el presente contexto cobraron gran relevancia, las redes comunitarias de Internet.
¿Qué es una red comunitaria de Internet?
Como afirma Baladron, estas redes se pueden definir a partir de 3 elementos:
- Son redes de Internet de banda ancha al hogar de propiedad y gestión comunitaria, sin fines de lucro.
- Son impulsadas por colectivos que realizan trabajo territorial y que promueven la participación de la comunidad en la gestión.
- Se caracterizan por desplegar redes abiertas, bajo el principio de neutralidad, facilitando la interconexión libre y gratuita con otras redes.
Este tipo de proyecto, en nuestro país, tuvo su hito fundante en el año 2012 con el proyecto AlterMundi en Córdoba, el cual se viene sosteniendo hasta la actualidad a pesar de las dificultades. En la Ciudad de Buenos Aires, el proyecto pionero es la Red comunitaria Atalaya Sur en Villa 20, en el barrio de Lugano. En 2020 surgieron proyectos de redes comunitarias en Córdoba, Salta, Santa Fe, Jujuy, La Rioja y Buenos Aires.
Ana Müller, docente de la Universidad Nacional de Salta e integrante de la Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy, comenta que en esa provincia surgieron el año pasado 3 proyectos de redes comunitarias: el primero en Amblayo, una zona rural en los valles calchaquíes y otros dos en Gallinato y Lesser, en La Caldera cerca de Salta Capital. «En Amblayo, el proyecto comenzó en medio de la pandemia y ya está funcionando gracias al fuerte trabajo de la comunidad del lugar. Y en Lesser, mucho más cerca de la capital de la provincia (pero no tanto como para que una empresa de Internet le interese prestar servicio), la red comunitaria está conectada con la escuela, que tiene un servicio gestionando a través del Estado provincial, y en los horarios donde la escuela está cerrada, todo el caudal de conectividad se distribuye en el pueblo».
Participante de varios proyectos de investigación sobre esta temática en la Universidad Nacional de Salta, Müller propone que estos proyectos -además de ser necesarios y urgentes- sirven para problematizar el modelo productivo desde el cual se piensan las telecomunicaciones, y pensar la comunicación como derecho y no como negocio, como se plasma en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “En este momento de aislamiento, se transforma en algo vital poder mandar un mensaje, saber cómo están los afectos, saber quién nació, quién falleció; sin embargo, en estas poblaciones rurales esta desconexión es algo histórico, con décadas de falta de acceso a cualquier tipo de comunicación”, sostiene.
El papel del Estado en 2020
Las principales dificultades para el despliegue y mantenimiento de este tipo de proyectos son: el financiamiento (sobre todo el inicial) y la interconexión con otras redes públicas o privadas. El financiamiento inicial se utiliza para adquirir el equipamiento básico y para capacitar a los vecinos para gestionarlo. Al realizarse en poblaciones bajos recursos, los vecinos no tienen la posibilidad de financiar este primer paso. Aquí es donde los Estados, tanto nacional como provinciales, podrían destinar este primer monto que luego se transformará en beneficios económicos y sociales. La realidad es que recién con la urgencia de la pandemia, se empezó a vislumbrar un impulso más concreto a estos proyectos.
El principal reclamo que lleva adelante la Coordinadora de las Redes Comunitarias (CARC) es el financiamiento del despliegue de las redes comunitarias a través de los fondos de Servicio Universal (un fondo, creado en el año 2000, que se conforma con el aporte del 1% de los ingresos de las empresas que brindan servicios de telecomunicaciones). Su fin (por ley) es financiar la infraestructura de Internet en zonas de baja densidad poblacional. En la actualidad existen avanzadas discusiones para que finalmente estas organizaciones puedan acceder al financiamiento.
Con la urgencia de achicar esta brecha en la conectividad, en 2020 el Estado Nacional destinó cerca de $40.000 millones a programas vinculados a nuevas tecnologías (satelital, televisión digital y fibra óptica). Parte de este monto se destina a la ampliación de la Red Nacional de Fibra Óptica, que podría proveer la interconexión necesaria a las redes comunitarias. Además, el Ente Nacional de Comunicaciones firmó dos resoluciones que otorgan reconocimiento al trabajo realizado por las redes comunitarias: el “Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet destinado a villas y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP)” y el “Programa de acceso a servicios TIC a poblaciones de zonas adversas y desatendidas para el despliegue de redes”, éste último todavía no reglamentado.
*Nahuel Beglia es licenciado en Comunicación Social e integrante del grupo Génera.
