Si bien ya existían indicios de la complicidad del ex presidente Mauricio Macri con el golpe de Estado acaecido en Bolivia el 10 de noviembre de 2019, la denuncia del canciller boliviano Rogelio Mayta terminó de confirmar un hecho escalofriante: el gobierno de Juntos por el Cambio aportó material letal para reprimir la protesta social y consolidar el régimen que rompió el orden constitucional en Bolivia. La gravedad del asunto afecta por supuesto a Macri, pero también a otros funcionarios que sostenían un vínculo cotidiano con el país vecino como el ex canciller Jorge Faurie. Frente a esta situación, el actual presidente Alberto Fernández señaló que los hechos denunciados por Bolivia están siendo analizados por un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En una entrevista con El Grito del Sur, la ex ministra de Salud boliviana Gabriela Montaño -quien debió exiliarse a nuestro país junto a Evo Morales y Álvaro García Linera al correr peligro su vida- aseguró que «hay toda una conexión de hechos que deben ser investigados». Entre éstos, mencionó el rol que cumplió el mandatario ecuatoriano Lenin Moreno y el hecho de que el entonces embajador argentino en Bolivia hoy sea ministro de Trabajo del gobierno de Jujuy bajo la gestión de Gerardo Morales, quien había recibido la visita de la hija de Donald Trump dos meses antes del Golpe.
Previo a la actual denuncia del gobierno boliviano, constaba en un documento del consulado argentino que Macri se enteró del intento de Golpe una semana antes. ¿Qué indicios tenían ustedes al momento de producirse los hechos de cierta lógica colaboracionista del gobierno de Macri con los golpistas en Bolivia?
En ese momento hubo información no oficial de que habría habido colaboración con algún material de represión, pero no se tenía un documento concreto o algún mecanismo probatorio de esta situación. Ahora que aparece esta carta oficial enviada por el comandante de la Fuerza Aérea boliviana agradeciendo el envío de municiones, ya se cuenta con un elemento probatorio muy sólido para poder iniciar la investigación y seguir el rastro de todo lo que sucedió con el objetivo de llegar a la verdad. Afortunadamente tenemos a estas alturas sistemas informáticos que permiten tener una evidencia de todas las notas oficiales que llegan a cualquier oficina pública, con lo cual hay un registro de esta nota que por supuesto existe. Confiamos muchísimo en la comisión interdisciplinaria que ha anunciado el presidente Alberto Fernández para hacer la investigación de este caso.
En septiembre de 2019 se produjo la visita de la hija de Donald Trump a la provincia de Jujuy. Este encuentro con el gobernador Gerardo Morales podría sugerir que Washington necesitaba sí o sí el apoyo de los países de la región para lograr su cometido…
Sí, además hay otro antecedente que se suma a esto: Mauricio Macri y Lenin Moreno se encontraron en una reunión convocada por la OEA en Estados Unidos. Macri fue uno de los primeros mandatarios en reconocer el gobierno de Jeanine Áñez, tal como lo hizo Estados Unidos también. Pero además el entonces embajador argentino en Bolivia es hoy funcionario del gobierno de Jujuy. Es decir, hay toda una conexión de hechos que deben ser investigados. Este caso no es aislado, Ecuador a la cabeza de Lenin Moreno también envío gases lacrimógenos y algunos otros insumos que se necesitaban para la represión en Bolivia. En ambos casos se vulnera normativa internacional y se pasa por encima de muchas cuestiones legales.
Teniendo en cuenta la forma en que se llevó a cabo el golpe de Estado en Bolivia, ¿qué similitudes encontrás entre el Plan Cóndor desplegado en la región a partir de 1975 y esta reedición que incluyó intercambio de información y sistemas de represión?
Yo considero que hay varias similitudes. En primer lugar, la nota de agradecimiento a la embajada argentina está firmada por un militar y no por alguien que provenga de la diplomacia o la cancillería boliviana. Esto es absolutamente irregular porque las vías de comunicación entre dos Estados son las cancillerías y el personal diplomático. Esto demuestra además que en ese momento las Fuerzas Armadas estaban actuando por sí mismas pasando por encima de cualquier autoridad civil. El 13 de noviembre de 2019, día en que está fechada esa carta, hacía pocas horas que Jeanine Áñez se había autoproclamado presidenta y este señor (en referencia a Jorge Gonzalo Terceros Lara, comandante general de la Fuerza Aérea Boliviana) estaba actuando al margen de cualquier poder civil constituido y estaba vinculándose directamente con personal diplomático argentino. Pero también hubo torpezas por parte de esta gente, que creían poder manejar Bolivia como le daba la gana. En síntesis, veo actuaciones similares en tres planos si se compara con la época del Plan Cóndor: la presencia de grupos militares y parapoliciales, la persecución sistemática a líderes políticos del MAS y de organizaciones sociales, y la acción de amotinamiento policial que rompe la cadena de mando constitucional tanto en la Policía como en las Fuerzas Armadas. Paralelamente hubo una coordinación interna entre la oposición política y las fuerzas de seguridad pero además una coordinación internacional con colaboracionismo no sólo en términos simbólicos de reconocer un gobierno de facto, sino en términos objetivos y fácticos prestando material de uso militar y policial para reprimir al pueblo boliviano.
¿Qué lectura hacés de las declaraciones de autoridades como el ex canciller argentino Jorge Faurie que salieron a despegarse de cualquier responsabilidad ante el envío de material bélico a Bolivia en 2019?
Yo veo contradicciones absolutas entre ellos. Lo mismo sucede aquí en Bolivia respecto al proceso de investigación del golpe de Estado que está en curso porque se contradicen entre ellos. En un proceso investigativo, esos elementos contradictorios darán luces y si se hace un seguimiento puntilloso de estos hechos, finalmente podremos conocer la verdad. Ellos saben que es un tema delicado y obviamente tratan de despegarse de cualquier vínculo con estos hechos, porque son conscientes de que tienen una enorme gravedad. Solamente una investigación muy puntillosa podrá llegar a la verdad.
¿Esta denuncia convierte al ex presidente Macri en un delincuente de lesa humanidad, como afirmó Evo Morales?
Si uno mira las consecuencias concretas de los actos represivos en Bolivia, estamos hablando de negación de los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. No lo dice solamente el ex presidente Evo Morales, lo muestran así los informes de la CIDH, de la Defensoría del Pueblo boliviana, de Naciones Unidas. Fueron masacres, por lo que estamos hablando de un delito de lesa humanidad. Estas acciones llevadas a cabo por Macri y Lenin Moreno muestran una lógica colaboracionista con los delitos de lesa humanidad de Jeanine Áñez. Las autoridades del Golpe en Bolivia no solamente actuaron con brutalidad, sino también en forma premeditada. En ese momento firmaron un decreto que daba carta blanca a las Fuerzas Armadas y a la Policía para reprimir de manera brutal al pueblo boliviano. Entonces la vinculación es muy complicada.
Es decir, el daño social que generó este armamento provisto por el gobierno argentino es muy grande y debe ser medido…
Sí. En algunas declaraciones que constan ante el Ministerio Público por parte de comandantes de ese entonces y de la propia Jeanine Áñez, Bolivia no contaba con la capacidad y el material suficiente para generar el daño realizado. Esto fue gracias al material enviado por Argentina y Ecuador. De esta forma logran tener semejante capacidad de daño en acciones de represión. Ese material no sólo vino a reforzar, sino que le vino a dar la capacidad de reprimir a la gente. Sin ese material, probablemente no hubieran podido hacerlo.
¿Qué consecuencias crees que puede llegar a tener la denuncia contra Macri en caso de que alcance una instancia de tribunales internacionales?
No quisiera adelantarme en este tema. Considero importante que el trabajo de investigación que se esté haciendo en Argentina y en Bolivia pueda dar resultados conclusivos, en primera instancia, y posteriormente pueda apelarse a instancias internacionales en la medida que las investigaciones se hagan de manera coordinada en ambos países. La gran mayoría de los pueblos boliviano y argentino esperamos que se investigue de manera oportuna y pronta porque lo que no queremos es impunidad. Ésta expone a nuestras democracias y genera que hechos así puedan repetirse.
