¿A dónde van a parar los residuos? En Argentina existen alrededor de 5000 basurales a cielo abierto. La mayoría son formales, los gobiernos municipales avalan su presencia. Al no contar con suelo impermeabilizado, resultan un foco de contaminación tanto por la generación de líquido lixiviado como por la emisión de gases de efecto invernadero. Estos sitios donde se disponen residuos sólidos de forma indiscriminada son fuente de trabajo de una gran cantidad de recuperadores informales, quienes realizan tareas laborales en condiciones inhumanas y sin ningún tipo de seguridad. En ese marco, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, junto a organizaciones ambientalistas como Greenpeace y Jóvenes por el Clima, impulsan una Ley de Envases con Inclusión Social, iniciativa que se presentará el martes que viene en el Congreso, con la adhesión de diputades del Frente de Todos.
«Desde hace muchos años, nuestro sector viene organizándose y esta propuesta tiene que ver con visibilizar aún más el trabajo que realizamos en la economía popular y la rama cartonera en particular. También se relaciona con el circuito de la industria del reciclado. Hoy estamos en condiciones de que la sociedad sea parte de esta discusión porque la responsabilidad extendida al productor tiene que ver con un compromiso que no se ha tomado aún en Argentina», explicó en diálogo con El Grito del Sur Jackie Flores, secretaria de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores y coordinadora del Programa de Promotoras Ambientales en la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto de ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases y envases post-consumo en todo el territorio nacional a fin de prevenir y reducir su impacto sobre el ambiente y la salud de las personas, introduciendo en tal procedimiento el Principio de Responsabilidad Extendida del Productor e integrando prioritariamente a les trabajadores recicladores en la cadena de gestión. Para ello busca crearse el Registro de Envases o Embalajes donde se inscribirá con carácter de declaración jurada el tipo de envase, material, empleo, retorno y toda otra información necesaria que considere la autoridad nacional de aplicación -el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible- para evaluar el impacto sobre el ambiente. Asimismo, se propone la implementación de una tasa ambiental sobre los productos alcanzados por esta ley a fin de garantizar la protección mínima ambiental. De esta forma se financiarían programas destinados al fortalecimiento de la gestión de envases y la articulación y coordinación de los Sistemas de Gestión Local (SGL) para la reintroducción de los materiales reciclables en el sistema productivo.
«Quienes contaminen deben pagar, pero también se debe premiar a las empresas que tengan mayor material reciclable en sus envoltorios. Esta es una ley para generar conciencia ambiental incluyendo al ser humano por delante y resguardando a nuestro sector, que viene haciendo un trabajo noble pero gratis. La Argentina no colapsó y no está más contaminada gracias a la mano de obra gratuita de mis compañeros y compañeras», señaló Flores. Cabe destacar que, de acuerdo con el proyecto de ley, el valor de la tasa deberá ser expresado en pesos por kilogramos de material en los envases y que el Ministerio de Ambiente determinará el valor conforme a los criterios técnicos necesarios para garantizar la correcta gestión de dichos envases, cifra que no podrá ser superior al 3% del precio de venta del producto envasado. En tanto, estarán exentos de pagar la tasa ambiental los envases gestionados mediante Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno para Reutilización (SDDR).
Respecto a la polémica que podría generar la aplicación de una tasa ambiental, la referente de la Federación Argentina de Cartoneros expresó: «Sabemos que las empresas van a intentar que la ley no se vote, pero está clara la necesidad de extender la responsabilidad al productor. Ellos deben hacerse cargo de este tema a partir de su ganancia, esta ley no debería trasladar costos a quienes consumen mediante estos envases. Si en el peor de los casos quieren hacer esta trampa, los vamos a denunciar. Además, toda la sociedad va a entender que se tienen que hacer cargo quienes generan estos envases. Queremos ser claros en ese sentido: esto no debería trasladarse a precios». Según los cálculos que aparecen en el proyecto de ley sobre el valor de la tasa, su implementación no supera el 0,6% del valor de la canasta básica.
Desde la Federación confían en que la sociedad apoyará esta «propuesta superadora» y en que se comience a responsabilizar a los productores y las empresas que hoy no se hacen cargo de los residuos que generan. El próximo martes, las cooperativas que engloban a miles de recuperadores urbanos realizarán una intervención frente al Congreso para demostrar la fuerza de esta iniciativa, que en principio cuenta con el apoyo de diputades como Federico Fagioli, Leonardo Grosso y Daniela Vilar (Frente de Todos), aunque también busca ganarse el respaldo de sectores que integran Juntos por el Cambio. «Esta ley debe ser un camino de consenso para evitar que gane el lobby de las empresas», concluyó Jackie Flores.
