El pasado 1º de julio se cumplió el primer año de vigencia de la ley de Alquileres, que introdujo cambios en la actualización del valor de los alquileres, el pago de expensas y creó el Programa Nacional de Alquiler Social, entre otros avances. La medida fue un histórico reclamo de las organizaciones de inquilinos e inquilinas en su lucha por mejorar las condiciones de acceso a la vivienda. Por su parte, el mercado inmobiliario reaccionó en cadena a través del incumplimiento de la norma, la disparada en los precios partiendo de sus ecuaciones en dólares y una virulenta campaña mediática para instalar que todos los males residen en la regulación estatal.
«Hay varios niveles para analizar esta norma. El primero es la efectividad de la ley, puesto que el mercado inmobiliario hace lo imposible para que no se cumpla este beneficio para los inquilinos. El segundo es a nivel político, porque se ha desplegado una campaña de desprestigio enorme siendo la primera vez en décadas que se tocó al mercado. Eso es imperdonable para ellos porque es la ventana para que haya nuevas regulaciones», explicó a El Grito del Sur Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional y referente de Inquilinos Agrupados.
A un año de la sanción de la ley, las organizaciones que trabajan la temática junto a sindicatos y legisladores -Silvina García Larraburu, José Luis Gioja, Paco Durañona y Fernanda Vallejos, entre otros- difundieron una carta de apoyo a la ley de Alquileres y repudiaron la actitud especulativa del mercado inmobiliario. En el mismo sentido, reiteraron la defensa de la norma porque «es parte del acceso justo a la vivienda» y convocaron a una discusión integral para que el acceso a la vivienda «salga de su lógica estrictamente mercantil». «El objetivo es aguantar para que esta ley no se derogue y que se naturalice esta forma nueva de alquilar en Argentina para después seguir avanzando», señaló Muñoz.
La deuda pendiente de una mayor intervención estatal
En nuestro país un 20% de la población es inquilina, es decir, unas nueve millones de personas. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, el 45,3% de los ingresos se destinan al pago del alquiler. Asimismo, según la última encuesta de la Federación de Inquilinos Nacional, el 81,9% de los propietarios no cumple con el registro del contrato en la AFIP. Éste último aspecto es relevante, porque permitiría al Estado saber quién y cómo se alquila en la Argentina, así como obtener la información necesaria para avanzar en políticas públicas.
«Me consta que el Ministerio de Hábitat está trabajando para que el alquiler sea parte de las políticas de vivienda del Gobierno. Eso tiene que ver con que se votó la ley y con la presión de las organizaciones. El Gobierno lo hace en silencio, sin querer pelearse con el mercado inmobiliario, sin tocar ningún interés y de una forma profundamente conservadora. Pero lo tuvo que empezar a hacer», expresó el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional.
Una de cal y otra de arena
El 31 de marzo pasado finalizó el decreto que prohibía desalojos, difería el pago de los aumentos de alquiler y extendía contratos. Esto trajo consecuencias negativas, puesto que ya por esa fecha la Federación de Inquilinos Nacional había relevado 300 mil hogares con una deuda de hasta 5 meses. En ese marco, la respuesta que dio el ministro de Hábitat Jorge Ferraresi fue insuficiente: argumentó que el DNU no se iba a extender porque está reglamentada la ley de Alquileres y que con las nuevas disposiciones se podrían solucionar los problemas de los inquilinos e inquilinas. No obstante, la nueva normativa no indica instancias de mediación prejudicial obligatorias.
Respecto a este tema y a los obstáculos para avanzar en una mayor regulación estatal, Gervasio Muñoz identificó algunos puntos a tener en cuenta: «La situación económica es gravísima y esto se refleja en la crisis habitacional. Sin embargo, en términos de organización y conciencia social sobre el acceso a la vivienda estamos muy atrasados. Hoy conviven dos ideas profundamente conservadoras que le hacen bastante daño a nuestra lucha: por un lado, la lógica individualista y meritocrática del ¨me voy a salvar solo¨; y por otro lado, la lógica del subsidio permanente que significa ¨si yo no puedo pagar el alquiler, dame esa plata y yo se la doy al propietario¨. Eso último está bien para la urgencia, pero no me parece una política de acceso a la vivienda».
Pero no todas son malas noticias en este ámbito. El viernes 2 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires declaró constitucional la ley 5.859 -votada en 2017- que prohíbe el cobro de comisión a los inquilinos y las inquilinas. De esta forma, quedó confirmado que en CABA la comisión debe ser pagada por el propietario. «Esto habilita a que llevemos la discusión al resto de las provincias del país. Son miles de millones de pesos que los inquilinos transferimos a las inmobiliarias», concluyó Muñoz.
