Ayer la Legislatura porteña votó la actualización de la Ley de Catastro, una normativa que desata polémica y cosecha el rechazo de la oposición parlamentaria debido a que no prohíbe expresamente la construcción de barrios cerrados. Si bien el Código Urbanístico vigente en la Ciudad de Buenos Aires no habilita este tipo de construcciones, desde el Frente de Todos CABA advirtieron que el gris legal existente deja abierta la puerta a la interpretación y podría ser la piedra angular del avance en la edificación de barrios cerrados.
El proyecto fue votado por los legisladores de Vamos Juntos y sus aliados de la UCR, el GEN y el Partido Socialista. Los autores de la iniciativa señalaron la necesidad de actualización de las normativas en base a los «avances tecnológicos y nuevos procedimientos» de construcción. Del otro lado, tanto el Frente de Todos como el Frente de izquierda se opusieron a la normativa. «Esta ley permite las mejores posibilidades a los desarrolladores inmobiliarios», expresó el legislador kirchnerista Javier Andrade en el recinto y agregó que lo hicieron «generando una mayor constructibilidad a partir del Código Urbanístico y la posibilidad de aumentar aun más los metros cuadrados vendibles a través de los códigos de edificación».
Otro de los puntos señalados por la oposición fue el retroceso en materia de discapacidad, algo en lo que ya habían hecho énfasis las organizaciones que representan al sector. «Estamos ante una nueva oportunidad perdida de generar una ciudad inclusiva y accesible y con igualdad de posibilidades para quienes la habitan», explicó el legislador Juan Manuel Valdés (Frente de Todos). Entre las críticas destacan las ínfimas dimensiones mínimas de vivienda que propone la ley (apenas 21 metros cuadrados), que complican el acceso de sillas de ruedas o dispositivos para personas con movilidad restringida.
Pero el trasfondo de la cuestión es que la flamante Ley de Catastro implicaría una modificación normativa en favor de la construcción de nuevos mega emprendimientos inmobiliarios. Entre ellos, destaca la próxima ambición del Gobierno de la Ciudad: Solares Santa María, una iniciativa de la constructora IRSA para edificar un «nuevo Puerto Madero» en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca, en Costanera Sur. Si bien está frenado hace casi una década, el proyecto inmobiliario permitiría construir torres de lujo en el 33% de la superficie total del predio y habilitaría edificaciones de hasta 100 metros de altura, el equivalente a 700 mil metros cuadrados construibles.
Tal como se propone para el «barrio náutico» que el GCBA pretende construir en los terrenos de Costa Salguero, este nuevo desarrollo inmobiliario contaría con espacios de amarre y circulación para yates, lanchas y otras embarcaciones. Desde el Observatorio por el Derecho a la Ciudad estiman que el nuevo barrio tendrá capacidad para alojar a unas 15 mil personas e impactará negativamente en el abastecimiento de agua y en la elevación del terreno, inundando zonas aledañas.
Mientras se discutía la modificación de la Ley de Catastro, en la puerta de la Legislatura se movilizaban los vecinos y las vecinas de la Villa 31 para denunciar que el «Protocolo de formalización- regularización dominial» abre la puerta a las inmobiliarias en los barrios populares y amenaza con expulsar a sus habitantes. El protocolo habilitaría que solo sean reconocidos como titulares aquellos vecinos que tengan viviendas en condiciones óptimas, dejando por fuera de la titularidad a aquellos habitantes con problemas edilicios. Desde la Mesa de Urbanización Participativa y Rotativa del Barrio Padre Carlos Mugica señalaron que el protocolo tampoco incluye perspectiva de género.
Por último, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se posicionó en contra de la normativa. «Permite omitir el registro de lo construido y de las subdivisiones internas de los inmuebles. Así avanza en la formalización de viviendas precarias, omitiendo la responsabilidad del Estado de avanzar en las obras de mejora previstas en las leyes de urbanización», explicaron desde la organización y agregaron su preocupación por la «flexibilización de los requisitos necesarios para registrar en el catastro mensuras de parcelas ubicadas en los barrios que están siendo urbanizados». Una doble jugada típica del GCBA: modificar normas con el objetivo de fomentar los grandes emprendimientos y preparar el terreno gentrificando a los barrios populares.
