Si algo puso de manifiesto la pandemia es la irracionalidad de nuestro actual modelo productivo y el rumbo siniestro que implica la actual cultura del descarte. En Argentina, cada persona produce en promedio 1,15kg de basura por día. En este sentido, la crisis sanitaria puso de relieve también el carácter esencial de la labor que llevan adelante cartoneros y cartoneras: lo que no se recupera de los residuos generados va a parar a rellenos sanitarios o basurales a cielo abierto. Actualmente existen 5000 basurales a cielo abierto en el país que -producto de la descomposición de los residuos- generan líquido lixiviado, que se encuentra asociado a múltiples problemas de salud y contamina el suelo y fuentes de agua cercanas.
A pesar de la importancia social y ambiental de la labor cartonera, se estima que de las 200 mil personas llevando adelante esta labor, sólo 15 mil están agrupadas en algunas de las 120 cooperativas que tiene la FACCyR, mientras que el resto está trabajando por cuenta propia en la más absoluta informalidad y precariedad. En este marco, es fundamental que cada municipio implemente políticas de reciclado con inclusión social, reconociendo el trabajo de las y los recuperadores y acompañándolos con la infraestructura necesaria para que el trabajo se desarrolle en condiciones dignas.
Por eso la FACPyR (Federación Nacional de Cartoneros, Cartoneras y Recicladores), perteneciente a la UTEP y Jóvenes por el Clima, junto a otras organizaciones ambientales, busca instrumentar mecanismos que permitan financiar políticas públicas de gestión de residuos con inclusión social, esperando generar hasta 80 mil nuevos puestos de trabajo. A su vez, la ley busca implementar incentivos financieros para alentar a los fabricantes a diseñar productos respetuosos con el ambiente y responsabilizar a los productores de los costos de manejo de sus productos al final de su vida útil.
El 20% de los residuos que generamos son envases, los cuales muchas veces por su mismo diseño y materiales de fabricación no puede ser reciclado, lo cual escapa al ámbito de la responsabilidad individual y exige legislar acerca de la responsabilidad empresarial. La ley de envases con inclusión social que se presentó hoy está basada en el principio de responsabilidad extendida al productor, tiene como fin que la industria internalice este costo ambiental y a la vez garantizar condiciones dignas para miles de trabajadores y trabajadoras.
