Tierra del Fuego, el salmón y el debate por los modelos productivos y el ambiente

🐟 La provincia más austral prohibió por unanimidad la salmonicultura “en aguas jurisdiccionales lacustres y marítimas”. La medida, criticada por el ministro de Desarrollo Productivo, plantea un debate: ¿es posible una producción que no dañe el ambiente?

La semana pasada, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó por unanimidad el proyecto de ley que prohíbe la salmonicultura “en aguas jurisdiccionales lacustres y marítimas de la provincia”. El hecho, celebrado por ambientalistas y por la cartera de Ambiente y Desarrollo Sostenible que encabeza Juan Cabandié, fue criticado por el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, que lo consideró “una decisión equivocada” porque, en medio de una crisis económica, se debería apostar por fomentar las actividades productivas y tener «controles ambientales» que las hagan sustentables.

“La discusión es más amplia que eso, lo que se tiene que discutir es el modelo de mal desarrollo -dice a El Grito del Sur Enrique Viale, abogado ambientalista y fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (​AAdeAA)-. Cuando alguien habla de ‘desarrollo sustentable’ es un concepto vacío, significa algo distinto para cada persona que lo menciona”.

La ley sancionada tiene como objeto la «protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos» de Tierra del Fuego y prohíbe «el cultivo y producción de salmónidos en aguas jurisdiccionales de la provincia». 

El acuerdo para desarrollar la salmonicultura en el Canal del Beagle, además, data del gobierno de Mauricio Macri, quien en 2018 celebró un encuentro con los reyes de Noruega -en el que también participó el entonces ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere- para promover la actividad en la zona. A partir de ese momento, la comunidad fueguina se puso en pie de guerra.

Viale explica que la prohibición de la salmonicultura en la provincia no es total -como sí planteaba la iniciativa presentada en 2019 por el Movimiento Popular Fueguino (MPF)- porque la norma aprobada permite las «actividades de cultivo para el repoblamiento» y reconoce «los proyectos existentes de acuicultura», así como los llamados Sistemas de Recirculación para Acuicultura (RAS), circuitos cerrados ubicados en la tierra. “Es una ley de regulación, no de prohibición total”, señala.

Sin embargo, Kulfas opinó que “no me parece bueno prohibir una actividad”. “Hay que regularla, tener muchísimos controles ambientales”, dijo en declaraciones a Radio Con Vos y remarcó que “la prohibición lisa y llana es un error”.

Para el viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación Sergio Federovisky, en cambio, la salmonicultura no es negocio. “Como está planteada en la actualidad solo significa un beneficio económico para un sector muy acotado y un alto perjuicio para una región cuya potencialidad del ambiente, explotado de manera sustentable, resulta crucial para pensar el futuro de otro modo”, apunta.

Y el caso chileno podría pensarse como testigo. El país trasandino es el segundo productor mundial de salmón pero, advierte Viale, sus zonas de mayor pobreza son aquellas que se dedican a la salmonicultura: Los Lagos, De los Ríos, la Región de Aysén y Ñuble.

“La salmonicultura en Tierra del Fuego es insustentable social, económica y ambientalmente. De esto último no hay duda, pero como negocio también es un desastre porque competiría por espacio en el mar con una de las actividades que mayores ingresos le da a la provincia que es el turismo”, afirma Viale.

Los problemas ambientales que trae la salmonicultura son denunciados hace años por activistas, cocineres y comunicadores no solo por la introducción de una especie exótica en el Mar Argentino, sino por los antibióticos que se utilizan para la cría. El Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia agrega otros perjuicios causados por la actividad: la propagación de enfermedades, desechos contaminantes y la acumulación de residuos en el fondo marino, entre otros.

Nuevamente Chile sirve de ejemplo: en agosto de 2019, la Superintendencia de Medio Ambiente de Chile (SMA) anunció que presentaría cargos contra la salmonera Nova Austral, de capitales noruegos, por incumplimientos ambientales cometidos. Y en abril de este año casi 6 mil toneladas de peces murieron debido al crecimiento de algas generadas por la propia industria.

“Venimos planteando que la pandemia debe hacernos reaccionar porque tiene origen en la degradación socioambiental. No podemos seguir repitiendo lo que nos trajo hasta acá -advierte Viale-. Necesitamos un pacto ecosocial-económico, la transformación del sistema agropecuario, energético. Hay que ser creativos y querer cambiar teniendo en cuenta que esta transición no es de un día para el otro”.

El ejemplo de que hay otra forma de producir, agrega el abogado ambientalista, es la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT). “Es el ejemplo de que hay otra agricultura posible, una que pueda generar empleo, arraigo en el campo, y garantizar alimentos sanos, seguros y baratos. Pero para eso el rol del Estado es clave y hay que ver de qué lado se pone”, concluye.

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Ludmila Ferrer

Periodista y Licenciada en Comunicación Social (UBA). Escribe también en Página/12 y sigue más podcasts de los que puede escuchar.