Después de varias idas y vueltas, Diego Fernández -famoso por ser propietario de la cadena Sushi Bar-Restó- dejará de encabezar la Secretaría de Integración Social y Urbana (Secysyu), encargada de la urbanización de la Villa 31. En el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, que conduce María Migliore, ya le encontraron reemplazo: será Tomás Galmarini, un subsecretario que por ahora oficia de segundo del empresario gastronómico dentro de la misma estructura de gestión. La salida de Fernández, cuestionado internamente desde hace tiempo por los magros resultados electorales cosechados por JxC en el barrio, llega en un momento delicado. Los terrenos del perímetro de la urbanización, transferidos a la Ciudad en 2018, podrían volver a manos de Nación: es uno de los temas que está sobre la mesa en las negociaciones que el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, mantiene con la Casa Rosada por la deuda heredada del Paseo del Bajo.
El acuerdo al que lleguen ambos Ejecutivos, que por ahora no tiene plazos, podría generar un problema burocrático, además de político: uno de los últimos objetivos que tuvo Fernández fue avanzar en el proceso de escrituración de casillas y terrenos a nombre de familias propietarias, algo que la Ciudad viene impulsando con cierto éxito este año en barrios como la Villa 20 y Rodrigo Bueno, gracias a la flexibilización del nuevo código de edificación votado en 2019 por la Legislatura porteña y al apoyo del Colegio de Escribanos porteño. La vuelta de los terrenos a Nación echaría por tierra ese proceso en la Villa 31 y volvería a foja cero una de las etapas más importantes en cualquier urbanización.
El jueves pasado, vecinos y vecinas del barrio marcharon a la Legislatura para denunciar que el nuevo protocolo de escrituración presentado por la Secysyu es “expulsivo” y “abre la puerta a que las viviendas del barrio puedan ser vendidas sin restricciones, facilitando el ingreso del mercado inmobiliario”. Ese protocolo había sido presentado ese mismo día, más temprano, en una reunión abierta en el CGP del barrio, y Fernández estuvo llamativamente ausente, lo que hizo correr con más fuerza el rumor de su renuncia, algo que ya se barajaba desde tiempo antes en los pasillos de Parque Patricios.
En el Ministerio de Migliore, salvo por la renuncia del funcionario, prefieren que todo se mantenga como está. Siguen de cerca la negociación por el futuro de los terrenos y apuestan a que la Ciudad continúe a cargo de la urbanización. “De confirmarse que los terrenos siguen en Ciudad, es una muy buena noticia porque nos permite seguir avanzando con el proceso de regularización dominial del barrio. Es decir, que los vecinos y vecinas del barrio puedan escriturar”, dijeron desde el entorno de la ministra ante la consulta de El Grito del Sur.
El protocolo para regularización dominial recibió fuertes cuestionamientos. La Defensoría del Pueblo hizo hincapié en que la Ciudad debe establecer con mayor precisión qué casillas se deben escriturar y cuáles no: hay una diferencia abrumadora entre las que cuentan con servicios, al menos de forma precaria, y las que no, y lo mismo sucede con las que contaron con un programa de mejoramiento y las que quedaron fuera de los subsidios. Silvana Olivera, del Comité de Crisis del barrio, explicó a este medio que “el protocolo es para las casillas del macizo del barrio, para las familias que no entraron en las mudanzas a las viviendas construidas por el Estado, y nos quieren dar una supuesta propiedad de esas casas sin importarles las condiciones, cuando la ley de urbanización es clara en que todos los vecinos tenemos que entrar dentro de la urbanización”. “Además, está claro que así lo que pretenden es que el vecino venda su casa precaria a determinado valor y se vaya del barrio”, aclaró, y agregó que, “para colmo, el protocolo deja afuera las familias que alquilan, a las que quieren echar sin darles nada”.
El destino de los terrenos
El último fin de semana de junio, Larreta visitó por última vez el barrio, junto a Migliore y el propio Fernández. Colocaron el cartel de numeración de algunas casillas y mantuvieron reuniones con vecinos. Cinco días mas tarde, encabezó la primera reunión pública en la Rosada con el ministro de Interior, Wado de Pedro, para analizar el destino de la 31 y otros terrenos transferidos durante la presidencia de Mauricio Macri a la Ciudad, varios de ellos en concepto de “contraprestación” por la deuda asumida por el Ejecutivo porteño de las obras del Paseo del Bajo.
A fines de 2018, el Jefe de Gobierno porteño aceptó hacerse cargo de 175 millones de dólares del crédito de la Confederación Andina de Fomento (CAF) que financió aquella obra y que en principio iba a pagar Nación. A cambio, firmó un convenio para el traspaso de terrenos públicos de la Ciudad, entre ellos el Triángulo de Salguero, el Mercado de Hacienda y el perímetro de urbanización de la 31, con varios inmuebles aleñados (lindantes con el Paseo) de gran valor inmobiliario. Antes de irse, Macri ampliaría la compensación a través de una serie de decretos que habilitaban a la AABE a transferir nuevas tierras (los playones ferroviarios, entre otros) que más tarde Alberto Fernández derogó y mandó a investigar. Todas las transferencias fueron judicializadas, a excepción de la 31 y el Mercado de Hacienda.
La reunión entre Larreta y De Pedro de principios de este mes se centró en un punto clave, según difundieron en su momento los voceros: los terrenos, cree Nación, fueron una transferencia de recursos excesiva a la Ciudad y ahora son un problema político y económico a resolver en un marco de negociaciones entre ambos Ejecutivos. Sobre la mesa están, también, los terrenos de la 31. Si bien no se pusieron plazos para llegar a un acuerdo, hay una fecha marcada en rojo en el calendario: el 30 de julio. Ese día se vence el plazo para que la Ciudad pague la primera de las cuotas semestrales para cancelar la deuda con la CAF.
En ese marco, la Mesa de Urbanización intentó terciar en la discusión y desde hace meses le enviaron cartas a Máximo y Cristina Kirchner y al propio Presidente reclamando que los terrenos vuelvan a Nación. Hay quienes se entusiasman y esperan una resolución favorable “en los próximos días”.
Un secretario cuestionado puertas adentro y puertas afuera
Fernández -quien además de haber incursionado en el mundo gastronómico tiene acciones en el fondo de inversión BlackRock- ya había estado en el ojo de la tormenta cuando, en mayo del año pasado, murió por Covid la referenta de La Garganta Poderosa, Ramona Medina, luego de denunciar durante 12 días que su sector, en el bajo de la Autopista Illia, se había quedado sin agua. La Secretaría de Fernández, según reveló este medio, había gastado más de 500 millones de pesos en licitaciones de obras para brindar ese servicio básico, que no estaban terminadas y cuyo seguimiento estaba en manos de consultoras privadas. Ramona murió, además, sin haber podido mudarse a una de las viviendas populares construidas por el gobierno porteño en el sector YPF porque la adaptación para una de sus hijas, con múltiples discapacidades, no se había podido completar.
En Parque Patricios ya le reprochaban poco manejo político del barrio con los últimos resultados electorales en la mano: en 2019, la boleta de Juntos por el Cambio perdió por 35 puntos ante el Frente de Todos. Desde entonces, su Secretaría, que contaba con cierta autonomía de gestión, pasó a depender del Ministerio de Migliore, que llegaba desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), donde los procesos de urbanización resultaron menos conflictivos. El desgaste continuo en la gestión lo terminó de eyectar del cargo.
Pero no todo queda ahí. Tres años atrás, el propio Fernández presentó en la Legislatura el proyecto de ley para la urbanización. El acto fue un escándalo: por primera vez, la división política al interior del barrio, entre quienes apoyan la gestión oficial y quienes se oponen, había quedado expresada en el ámbito institucional. El desborde dentro y fuera del Palacio legislativo fue tal que los legisladores y las legisladoras de la oposición se agarraban la cabeza y no pudieron intervenir.
Ese es otro de los reproches que recibió Fernández: internamente comparan su fracaso político con otros procesos que en Parque Patricios se muestran como un ejemplo de urbanización, donde, dicen, los procesos fueron “mucho más participativos”, lo que evitó enfrentamientos evitables con los vecinos y las vecinas.
