Las y los migrantes gozan en el territorio argentino de todos los derechos civiles y quienes cuentan con la residencia adquieren el pleno derecho político en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos empadronados en su distrito. Estos derechos son garantizados tanto por la Constitución de la Nación (Art. 20) así como por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (Art. 62).
A pesar de las luchas de distintos movimientos de migrantes para acceder a estos derechos y de la presentación de varios proyectos de ley solicitando el empadronamiento automático, la revisión del código electoral y la ley de comuna para que puedan -no solo votar sino además- ser elegidos en sus comunas, les migrantes tuvieron que esperar hasta enero de 2021, gracias al apoyo del bloque del Frente de Todos, para que entrara en vigencia la totalidad de los artículos del Código Electoral sancionado por la Legislatura porteña en 2018, los cuales automáticamente les permiten a éstos ser parte de este histórico proceso político. En cambio, el articulo 21 de la Ley Orgánica de 1.777 de las comunas no se modificó a pesar de todas las propuestas -incluso la del defensor del Pueblo de CABA, Alejandro Amor- para que les migrantes pueden ser comuneros/as.
Les activistas migrantes junto a las agrupaciones celebraron este nuevo paso hacia el derecho definitivo y automático al voto, ya que por primera vez tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Esta posibilidad puede provocar cambios políticos, puesto que el empadronamiento de les migrantes pasa de 22 mil a 417 mil habilitados para votar en las próximas elecciones legislativas. Según informó la Justicia Electoral, más del 53% son mujeres.
“Lo que pasó con el empadronamiento automático en la Ciudad de Buenos Aires es una ganancia de los movimientos y agrupaciones de migrantes. Los derechos políticos también son derechos humanos. Me parece importante que todes les migrantes puedan votar y ser elegides también. ¿Por qué no?», expresa a El Grito del Sur Carlos Nazareno Álvarez, migrante afrouruguayo e integrante de la Agrupación Xango, asociación civil que está luchando por la visibilización e inclusión de los afrodescendientes en los procesos políticos de Argentina.
¿Una ley inesperada por el gobierno nacional?
Referentes migrantes señalan a este medio que las políticas migratorias del Gobierno vienen siendo insuficientes para concretar la posibilidad de votar. Muchas y muchos integrantes de sus comunidades se quedarán sin el acceso a este derecho debido a problemas de criterios migratorios o la lentitud de las autoridades nacionales para cumplir sus promesas y el acceso al DNI sigue siendo un «lujo». Por un lado, no se puede votar sin él. Por otro lado, no todes les que tienen el DNI están empadronados.
“Más del 60% de la comunidad senegalesa no puede acceder al documento de identidad. Quizás solo un 10% de aquellos que lo tienen se encuentran habilitados para votar”, afirma Bamba Dione, presidente de la Asociación de los Senegaleses en Argentina (Actos).
El tema de la criminalización, la exclusión y la xenofobia a través de las decisiones políticas son enemigas eternas de las colectividades de migrantes en Argentina. Por ello se agrupan en el Bloque de Trabajadores Migrantes (BTM), las comisiones AGENDA MIGRANTES y el movimiento #MigrarNoEsUnDelito -entre otras- con el fin de luchar, proponer soluciones, ayudarse mutuamente y actualizar la información de estas comunidades, ya que la falta de acceso a los datos es también un problema observado por distintas comunidades y que puede dificultar hacer mejores pronósticos en las elecciones.
Toni Mas, presidente de la Asamblea de los Cubanos en Argentina, sugiere en este sentido: “Deberíamos reconocer que aún no tenemos un censo actualizado de nuestra comunidad en Argentina. Estamos en Argentina desde hace más de 15 años. Pero desde el año 2015 hemos sido testigos de disímiles movimientos desde el punto de vista económico, político y social. Durante la gestión anterior se produjo una variación en nuestra comunidad: algunos regresaron a Cuba, otros se fueron a Europa y Norteamérica. De este modo, se dificulta saber cuál es el peso de nuestra comunidad en las próximas elecciones más allá de lo que diga el sistema automático del empadronamiento».
Muchas de estas agrupaciones nacieron para contraatacar las políticas ofensivas de la gestión Macri, quien a través del DNU 70/2017 criminalizó a los migrantes irregulares, limitó los derechos a la nacionalidad, dificultó la obtención del DNI con el sistema RADEX y subió los precios de los trámites hasta 1000%. Si bien finalmente el DNU 70/2017 fue derogado por el gobierno de Alberto Fernández, aún no hay avances sobre la creación de la “comisión asesora de política migratoria”, creada bajo este mismo decreto. Por otro lado, los precios siguen siendo iguales y la obtención del DNI se dificulta debido a la virtualidad que ofrece la pandemia. En consecuencia, muchos migrantes no podrán participar del proceso electoral.
“Muchos migrantes van a poder votar y cumplir sus deberes de residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, los haitianos y las haitianas quedamos afuera a causa del criterio para tener un DNI y por el simple hecho de que no somos prioridad para el gobierno nacional en sus políticas públicas. Estamos muy frustrados«, dice Joseph David Tschwacks, presidente de la Organización por la Dignidad Haitiana (O.D.H.) durante una marcha que organizaron el pasado 20 de julio frente a la Dirección Nacional de Migraciones con varias pancartas con la frase: “Solo Necesito el DNI”.
Los desafíos de la ley en la Ciudad de Buenos Aires
Las responsabilidades para que esta ley sea aplicada no sólo es del Gobierno nacional, sino más aún del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. “La Ciudad de Buenos Aires es uno de los distritos con más acceso al voto. Hay otros distritos, por ejemplo, que piden como requisitos: saber leer y escribir, certificado del idioma, tener 4 años de residencia o trabajar formalmente, etc. Más allá de que no estén dichos requisitos en nuestros distritos, el empadronamiento será también de forma automática gracias al cambio del código electoral que se hizo dos años anteriormente, que también era una barrera para acceder al derecho de voto», señala a El Grito de Sur Mercedes Bárbara, directora general de Colectividades del GCBA.
Sin embargo, migrantes acusan a las autoridades porteñas de obstruir «información pública” para sus intereses políticos, violando así la ley 104. Christian Arias Barona, migrante colombiano y vocero de la organización Marcha Patriótica-Argentina, expresa que «si bien se logró la reforma del código electoral para el empadronamiento automático, pudimos acceder a estas informaciones a través de la militancia y de las organizaciones sociales. No hay información pública, esto es muy preocupante». “Creo que hay un factor ideológico y político detrás de esta ausencia de difusión e información. Por la cantidad de migrantes que se suman al padrón es importantísimo que se difunda en los medios masivos más allá de los granitos de arena que aportamos los militantes. Creo que el Gobierno de la Ciudad tiene un interés particular en la no-difusión porque en las elecciones anteriores los colectivos de migrantes siempre votaron al Frente de Todos», opina Verónica García Valeiron, migrante uruguaya, abogada y una de las organizadoras del festival migrante «Mi Voz, mi Voto».
En las elecciones de 2017, el peronismo obtuvo el 47,68% del voto migrante en la Ciudad, mientras que Cambiemos sólo el 27,99%. Dos años más tarde, el Frente de Todos logró el 65,88% de los votos de migrantes residentes en territorio porteño, mientras que Juntos por el Cambio tuvo apenas el 27,55%. Este año, con la cantidad de migrantes señalada, se superaría la cantidad de electores que presenta el barrio con más votantes de la Ciudad (Palermo con 212.678 electores), según consta en un informe del Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial (Cesdet).
Jennifer Mujica, politóloga y migrante venezolana, analiza la inclinación política que podría tener este colectivo en las elecciones: «Algunas personas que decidieron migrar de Venezuela tienden a tener una inclinación ideológica más hacia la derecha debido a sus desacuerdos con el proyecto nacional que sigue en pie en Venezuela. Sin embargo, al adaptarse a la realidad de otros países -en este caso a la Argentina- ha sido todo un proceso de aprendizaje para ellos, para comprender que es el mismo proyecto político que está en Venezuela el que garantiza más derechos e igualdad.
Si bien el GCBA asegura que en el corto plazo organizará una campaña de información de la ley de voto migrante en los barrios, las personas no empadronadas que no cuenten con información o aquellos sin documento estarán impedidos de participar en esta primera e histórica elección. Melina Sánchez Rincón, referenta del Bloque Trabajadores Migrantes (BTM), concluye sugiriendo a los migrantes: “Sigamos organizándonos y creciendo en la política como una herramienta transformadora. Muches de nosotres que estamos en CABA sabemos que en nuestros países de origen ejercer derechos políticos es un riesgo para nuestras vidas. Tenemos que aprovechar los pequeños escenarios que desde los colectivos vamos conquistamos».
