El pasado 10 de julio, el Rectorado de la Universidad de Buenos Aires emitió una resolución que permite que las autoridades de las 12 facultades que componen la casa de altos estudios, puedan definir el régimen de cursada en base a lo consideren pertinente de acuerdo a las medidas sanitarias y de cuidado. El decreto habilita la apertura de los edificios con guardias mínimas y sin acceso al público en general, extiende los protocolos sanitarios pero introduce la novedad por la cual los decanos y las decanas de cada unidad académica podrán disponer del régimen de cursada de actividades presenciales. La pionera en el asunto fue la Facultad de Derecho, que tres semanas atrás votó en su sesión de Consejo Directivo la posibilidad de implementar un esquema de semipresencialidad.
«Los y las estudiantes, al igual que toda la comunidad educativa, deseamos una vuelta a la presencialidad. Pero desde ya que ese regreso tiene que ser cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Dicho esto, cabe señalar que celebramos la disposición porque lo que necesitamos es que las facultades empiecen a discutir cómo se realizaría ese retorno», explicó Santiago De Lojo, consejero superior estudiantil, en diálogo con El Grito del Sur.
El 28 de junio, la Facultad de Derecho estableció un régimen de cursada semipresencial que incluye la posibilidad de un encuentro semanal de tres horas, con bandas horarias específicas por piso, y con circuitos delimitados de ingresos y egresos para evitar los cruces. La definición institucional permite que los alumnos puedan anotarse en una asignatura presencial durante la primer inscripción a materias. La Dirección Académica Estudiantil será el órgano encargado de velar por el cumplimiento de las burbujas y de recabar las denuncias de contagios o contactos estrechos. Circulaciones diagramadas, entradas y salidas exclusivas, escaleras delimitadas, ascensores exclusivos para personas con capacidades reducidas y aforo para cada aula de acuerdo al tamaño, son algunos de los cuidados que incorporarán desde la dirección de la Facultad.
«La virtualización fue forzada, porque una pandemia nos obligó a tener que reprogramar nuestra enseñanza. Pero la presencialidad es un horizonte que sabemos que tarde o temprano va a llegar y por eso es importante que las facultades se pongan a trabajar en planificar esa vuelta», agregó De Lojo, quien enfatiza en las particularidades de cada una de las casas de estudio que componen la universidad más grande del país.
Algunas de las principales preocupaciones académicas vienen por el lado de las prácticas de carreras como Odontología y Veterinaria, que por sus propias características no han podido realizarse en pandemia. Una situación más compleja se da en la carrera de Medicina, donde la totalidad de los hospitales permanecen abocados a la lucha contra el coronavirus y complejizan aún más las prácticas estudiantiles. En declaraciones radiales, el rector Alberto Barbieri declaró que tendrán prioridad «aquellos tramos de la carrera como el último año o materias prácticas, que no se pueden dar en pandemia porque no se pueden virtualizar».
Mientras Derecho avanza en nuevos esquemas de presencialidad, otras unidades académicas aún discuten cómo será el proceso de retorno. En la Facultad de Ciencias Sociales, autoridades afirmaron que el procedimiento comenzará con un diálogo con el claustro de profesores para evaluar y construir una planificación coordinada, que priorice sobre todo los talleres. «Al no haber una política homogeneizada, hubo una gran disparidad en las diferentes facultades, con experiencias muy buenas y con otras unidades académicas donde les estudiantes tuvieron muchos problemas», agregó De Lojo.
Pese a la potestad que tendrán las facultades, la resolución prohíbe las reuniones de esparcimiento, comidas o actividades que no se ajusten a los protocolos de distanciamiento, ventilación y cuidado, sobre todo en espacios cerrados. La misma situación se aplicará en aquellos hospitales e institutos que dependen de la UBA. Por último, la disposición establece que se extiendan hasta el 6 de agosto las licencias al personal docente y no docente en los distintos grupos de riesgo.
