A Elisa la quiere todo el mundo. Amable, solidaria y compañera, Elisa está en la calle desde los ocho años y nunca dejó de compartir un plato de comida. Elisa aprendió a resistir los malos tratos y a cuidar hijes propios y ajenos. En el barrio todes la conocen. “Es un ser excepcional”, asegura Julieta con la voz cargada.
Julieta describe a Elisa con minuciosidad, la retrata organizando merenderos, paseando por La Boca, estirando la leche para que rinda. Julieta habla de Eli hasta que se queda sin adjetivos o hasta que la angustia vuelve, cuando recuerda que su amiga lleva un año bajo prisión domiciliaria por un crimen que no cometió.
Elisa Molina tiene 37 años y está acusada de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, causa que tramita ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Ciudad de Buenos Aires. El caso comenzó el 14 de febrero de 2020, cuando la mujer decidió ir a buscar al trabajo a su ex pareja y padre de dos de sus cuatro hijos, quien ejerció violencia de género durante años. Aunque estando en el espacio público pensó que tendría mayor seguridad, la discusión entre ambos pronto escaló y, para defenderse de las agresiones, Elisa le arrojó la botella de diesel que acababa de comprar para cargar el auto.
“Era lo único que tenía a mano y fue casi un autoreflejo, ni siquiera lo roció sino que se le tiró directamente. En ningún momento hubo intención de lastimarlo sino de defenderse”, explica Julieta Fernández. Si bien inmediatamente quedó detenida por intento de homicidio, tanto Elisa como sus allegados aseguran que éste no fue el objetivo antes, durante, ni después. “Eli quedó inmediatamente detenida en Ezeiza, algo que no puede desligarse de que es pobre y mujer. Cuando empezó la pandemia consiguió que le dieran el régimen de prisión domiciliaria, que estuvo cumpliendo a rajatabla y ahora llegó la instancia de juicio”.
El juicio oral, con fecha para el 11 y 12 de agosto, puede sentenciarla con hasta 20 años de prisión a una mujer que no sólo es inocente sino que lleva años atravesando el solapamiento de diversas injusticias. Por eso, bajo consignas donde abunda el pedido de una reforma judicial feminista, las organizaciones sociales apelan a la absolución y exigen la revisión de una causa que, según dejaron explícito, está llena de contradicciones y sesgos patriarcales.
“Cuando las mujeres no jugamos el papel de buena víctima, la Justicia nos transforma en victimarias; cuando nos defendemos de quienes nos violentan sistemáticamente, somos las denunciadas”, manifiesta el comunicado oficial. “El tribunal todavía está a tiempo de cambiar las cosas. Más de cien personalidades y organizaciones feministas y barriales nos organizamos para pedir la absolución de Elisa”, continúan las organizaciones que en 2019 relevaron que el 87% de las mujeres con arresto domiciliario eran jefas de hogares monomarentales.
Según el informe “Castigo a domicilio”, editado por el CELS y “Yo No Fui”, entre enero de 2018 y agosto de 2020 fueron 580 reclusas del Servicio Penitenciario Federal que pasaron al régimen de prisión domiciliaria, un «beneficio» altamente feminizado. El 77% de quienes lo obtuvieron fue por tener niñes o una persona a cargo, lo que implica que aún cursando el cautiverio sigan ejerciendo tareas de cuidado. “La domiciliaria es utilizada como una forma de darles un “beneficio” a mujeres que en realidad deberían recuperar la libertad”, se lee en la publicación. De la población carcelaria femenina, sólo el 53% completó la primaria y el 62% declara no tener oficio ni profesión. “Con el encierro muchas veces vienen consecuencias mucho peores que las que se dice subsanar con la criminalización, que impactan en las mujeres y mucho más allá, en sus hijes y familiares”, agrega el escrito.
En el caso de Elisa, los abogados defensores Paolo Zaniratto y Jonathan Cano declararon que en ninguna instancia judicial se ha podido probar responsabilidad material o penal de la acusada del hecho. “La circunstancia demuestra que las pruebas en la causa son endebles y la mirada parcial de la Justicia en primera instancia, desde donde la causa acumula irregularidades que debieron anular el proceso. El hecho de que hoy Elisa Molina se encuentre detenida, da cuenta de la injusticia que se está cometiendo con una persona no sólo inocente, sino víctima”, confirmaron los letrados tras asegurar que no existen testigos del hecho.
Por mandato, abnegación o miedo, Elisa nunca acudió a la Justicia a denunciar a su ex pareja. A esto se suma la posibilidad de ser revictimizada o criminalizada, lo que expulsa a muchas mujeres y feminidades de los espacios donde deberían recurrir a pedir ayuda. La impunidad, la marginación y la manipulación hacen que ahora sea ella quien quede en manos del tribunal. En ese sentido, Julieta recalca la necesidad de una reforma judicial feminista y enfatiza que es una oportunidad para que los jueces se expresen en ese sentido. “Hoy la Justicia tiene la posibilidad de redimirse, de escuchar a Elisa y dar un fallo ejemplificador como ya lo hizo otras veces, por ejemplo en el caso de Luz Aimé. Hoy es una nueva oportunidad para resarcir esa falta de oportunidades y violencias a las que muchas mujeres y feminidades quedan expuestas”.
