El diputado nacional Facundo Moyano presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para constituir una empresa estatal que administre las autopistas Panamericana y Acceso Oeste. La iniciativa pone en el centro del debate la necesidad de regularizar la administración y el mantenimiento de las dos vías de acceso más importantes a la Ciudad de Buenos Aires, cuyos contratos de concesión -renegociados en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri y las compañías Autopistas del Sol y GCO- están siendo investigados por la Justicia debido a irregularidades y maniobras fraudulentas.
El proyecto, que ya fue girado a tres comisiones de la Cámara Baja (Obras Públicas; Transporte; Presupuesto y Hacienda), prevé conformar una empresa denominada Autopistas Metropolitanas S.A (Aumet) con participación mayoritaria del Estado, que concentraría el 83% de las acciones a través del Ministerio de Obras Públicas (35%), el Ministerio de Transporte de la Nación (35%) y la Dirección Nacional de Vialidad (13%). Mientras que el resto del paquete accionario se dividiría entre un operador privado (10%) y el sindicato de trabajadores y trabajadoras de peajes Sutpa (7%), cuyo exsecretario general es Facundo Moyano.
Según consta en el texto del proyecto al que accedió El Grito del Sur, la nueva sociedad estatal-sindical tendrá por objetivo la “construcción, mejora, reparación, conservación, ampliación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario de las rutas y autopistas que conforman los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires, resguardando el medioambiente y la seguridad vial”.
Si bien la propuesta de estatizar las dos autopistas concesionadas desde la década del ´90 a empresas privadas (entre ellas, el Grupo Macri) fue presentada hace un mes, la llama se encendió hace algunos días en los medios adeptos al macrismo que salieron a cuestionar el hecho de que un porcentaje del capital social de la nueva Aumet quede en manos del sindicato de peajes Sutpa, que conduce actualmente Sergio Sánchez.
Mientras tanto, desde el entorno de Facundo Moyano, exdirigente y fundador del gremio SUTPA, explicaron a El Grito del Sur que el proyecto fue presentado en el Congreso hace un mes y que todavía no avanzó hacia una instancia de debate en comisiones, pero que está pronto a tratarse en los próximos días. Además, aseguraron que Moyano no tenía intención de hacer declaraciones públicas sobre la iniciativa legislativa, pero que tuvo que salir a dar explicaciones debido a la polémica malintencionada que intentaron instalar mediáticamente en torno al proyecto y al origen sindical del actual diputado del Frente de Todos.
“Presenté un proyecto que tiene bases técnicas y que toma como ejemplo los modelos que no solamente existen en Argentina, como es el caso de AUSA, sino que existe en otros países como Italia”, afirmó Moyano al ser acusado en el programa radial de Lanata de querer ensanchar la caja del sindicato a costa de la administración del sistema vial.
Las explicaciones continuaron a través de la cuenta de Twitter del diputado nacional. El objetivo es “centralizar la administración de las autopistas que conforman los accesos a la Ciudad”, expresó Moyano en un hilo. Y para quitarle carga peyorativa a la palabra estatización, que tan mal les cae a los liberales, agregó: “La administración de autopistas por parte de empresas estatales no es algo nuevo en la Argentina. En la Ciudad está AUSA, una empresa estatal, y en la provincia Aubasa, que tiene la concesión de la autopista La Plata – Buenos Aires y las rutas 2, 11, 53, 63 y 74”.
“Lo importante es que las rutas y autopistas funcionen, que haya inversiones y obras para que se garantice mayor seguridad vial, y que se respeten los puestos, los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras”, enfatizó.
Si bien actualmente la autopista Acceso Oeste (donde circulan cerca de 350 mil vehículos por día y que se extiende 60 kilómetros, atravesando 7 municipios) y la Panamericana (donde circulan alrededor de 1 millón de vehículos en una traza de 120 kilómetros y atraviesa 12 municipios bonaerenses) están concesionadas a las compañías del grupo español Abertis, propiedad de Florentino Pérez, dueño del club Real Madrid y amigo de Macri, la Justicia aún investiga los contratos firmados en 2018 que involucran a exfuncionarios de Cambiemos por presuntos actos de corrupción que se cometieron al renovarse las concesiones.
La denominada “causa de los peajes”, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, fue iniciada en 2020 por el ya jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” e involucró al exministro de Transporte, Guillermo Dietrich; al extitular de Vialidad, Javier Iguacel; al exprocurador del tesoro, Bernardo Saravia Frías y al exministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Lavado de dinero, evasión de impuestos, sobrefacturación e incumplimiento de los contratos son algunas de las maniobras ilícitas que implementó durante varios años la empresa española Abertis, a la cual el macrismo le extendió la concesión hasta 2030 y le condonó una deuda millonaria para que siga operando en el país.
