Las violencias hacia las personas en situación de calle vienen siendo una constante en la Ciudad de Buenos Aires. Abarcan desde operativos del Ministerio de Espacio Público porteño coordinados con la Policía de la Ciudad hasta hechos cada vez menos aislados y con mayor ensañamiento, como el femicidio de una mujer que dormía bajo la autopista 25 de Mayo, en Constitución, el año pasado. Las organizaciones populares que asisten a ese sector de la población se dieron la tarea de sistematizar algunas de esas situaciones, de las que son testigos, además de los relatos de la propia gente en calle, para dar cuenta de un crecimiento preocupante de casos, no sólo en la Ciudad, sino en los principales centros urbanos de todo el país. Con esa premisa, lanzarán la semana que viene el «Observatorio de las Violencias», a través del cual buscan visibilizar «la estigmatización y las violencias» que se producen «a diario», para generar una nueva perspectiva -y un nuevo sujeto- en materia de derechos huamanos.
«En la Ciudad, por ejemplo, la ley de Derechos de las Personas en Situación de Calle, de 2012, obliga al Gobierno porteño a promover políticas para erradicar las violencias hacia las personas en situación de calle. Sin embargo, el Estado porteño no solo incumple esa ley, sino que ejerce parte de esas violencias», dijeron a El Grito del Sur desde la Asamblea de Personas en Situación de Calle, que impulsa la iniciativa.
Los datos más preocupantes sobre la situación surgieron en los dos Censos Populares realizados por las organizaciones, en 2017 y 2019. Durante aquel primer relevamiento, el 70 por ciento de las personas encuestadas declaró haber sido víctima de violencia institucional y de otras formas de violencia. Dos años después, el 56 por ciento denunció haber sufrido violencia institucional «por parte de las fuerzas de seguridad y/o funcionarios del Estado». En 2019, las organizaciones contaron 7251 personas en la calle, siete veces más que las que detectó la Ciudad este año.
Varias de esas situaciones de violencia institucional se recrudecieron poco antes de que el Gobierno porteño realizara este año su censo oficial de personas en calle. “Entristece e indigna escuchar a nuestrxs compañerxs que nos cuenten que pasó Espacio Público, que nos relaten que ‘se llevaron el colchón‘, ‘me tiraron mis cosas’ y que cada día nos pidan a las organizaciones ropa de abrigo, frazadas, colchones, zapatillas”, denunció la Asamblea pocos días antes del relevamiento. Durante esas semanas previas subieron a sus redes sociales la filmación, hecha por un vecino, de un desalojo violento de febrero de este año realizado de madrugada en pleno Corrientes y Riobamba; y otro del 4 de mayo, en Córdoba y Sánchez de Bustamante. Pero los registros son casi cotidianos.
El objetivo del nuevo Observatorio, que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, «es reunir evidencia y sistematizarla de manera colectiva, con el fin de exigir la implementación de políticas públicas que efectivamente protejan los derechos de las personas en situación de calle», afirmaron. Será presentado el jueves de la semana que viene, en consonancia con el Día de las Luchas de las Personas en Situación de Calle en Latinoamérica y el Caribe.
“El Observatorio surge de la necesidad de contar con un registro propio, no sólo desde lo catártico, sino al servicio de la denuncia y la visibilización de los ataques que sufren las personas en situación de calle, desde lo más cotidiano como la desatención en salud hasta la violencia física, que no sólo surge del fascismo aislado, sino que también es violencia institucional”, explicó a este medio Jorgelina Di Iorio, referente de la Asamblea e investigadora del Conicet en ocasión del homenaje que se realizó a un año del femicidio de Verónica. “Se trata de transformar ese dolor que nos generan muertes como la de Verónica en organización colectiva”, agregó.
