El proyecto que habilita al Grupo IRSA la construcción de un barrio semiprivado en los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca volvió a chocarse con una resolución judicial. En esta ocasión fue el juez en lo Contencioso Administrativo Aurelio Luis Ammirato el que intervino para frenar el tratamiento exprés del convenio entre la empresa y el Ejecutivo porteño, que el bloque del oficialismo tiene previsto votar este jueves en la Legislatura. Ammirato insistió en que la medida pre-cautelar conseguida por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y otras organizaciones hace ya diez días, que exige la convocatoria a audiencias públicas y la realización de un informe ambiental antes de la votación, no sólo está vigente, sino que debe ser respetada. Y notificó al respecto al presidente del cuerpo, Diego Santilli, quien tiene previsto renunciar hoy mismo para dedicarse a la campaña bonaerense.
“Si Santilli y el bloque del oficialismo no cumplen con el fallo, de alguna manera van a estar incurriendo en un delito”, dijo a El Grito del Sur el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo. La cuestión judicial respecto del proyecto viene bastante picada desde hace diez días. El juez en primera instancia, Guillermo Scheibler, había dado lugar a la pre-cautelar para frenar el proyecto, lo que le valió una amenaza de jury de enjuiciamiento desde el Pro. Enseguida, el Ejecutivo porteño consiguió que otro magistrado, Martín Converset, habilitara las reuniones de comisión de la semana pasada para darle dictamen positivo al convenio, con un argumento curioso: que la Legislatura no había sido notificada. Converset fue recusado por imparcial y su reemplazante, Patricia López Vergara, ratificó la decisión de Scheibler. Ayer, Ammirato notificó a Santilli que ya no puede mirar para otro lado y debería cajonear el proyecto. La notificación también alcanza a Agustín Forchieri, vicepresidente del cuerpo.
Para Baldiviezo, la actitud del Gobierno de la Ciudad respecto del juez Scheibler “es otro ejemplo más del intento de disciplinar al Poder Judicial de la Ciudad” con el objetivo de “seguir generando negocios inmobiliarios para sus amigos”. “En la sentencia el juez Scheibler antepuso la Democracia Ambiental y la Constitución porteña a la especulación inmobiliaria, en este caso del Grupo IRSA, que destruirá un humedal en plena Costanera Sur. Un negocio de más de mil millones de dólares. Pero quisieron hacer como si el fallo nunca hubiera existido, al mismo tiempo que agudizaban la persecución política”, denunció el abogado.
El convenio entre la Ciudad e IRSA levantó polvareda y coleccionó rechazos desde que se conoció su letra chica: la empresa consigue un cambio en los usos del suelo de unas 70 hectáreas frente al Río de la Plata para construir torres de 145 metros de altura, y con la capacidad para construir casi 900 mil metros cuadrados, a cambio de ceder un porcentaje para un parque público, que controlará durante los primeros diez años. Por la letra chica del convenio y la topografía del terreno -similar a una isla- se consolidaría, una vez construido, como el primer barrio cerrado de la Ciudad.
Apurado para aprobarlo, el bloque del oficialismo en la Legislatura pasó por alto la convocatoria a una audiencia pública “obligatoria” previa al tratamiento del convenio, tal como marca la Constitución, algo que ya había sucedido con Costa Salguero y que valió en su momento un freno judicial. Tampoco se realizó un estudio de impacto ambiental. “Son violaciones claras al procedimiento que establece la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú”, explicó Baldiviezo.
Al igual que en el caso de Costa Salguero, las organizaciones sociales quieren que se discuta un proyecto alternativo. Lo bautizaron “Recuperación de la Costanera Sur y creación de la Reserva Ecológica Costanera Sur II – Nuestro Río”. “No sólo pone en valor la importancia estratégica de recuperar el borde costero para mitigar ascensos del nivel de río, preservar los humedales y generar bio corredores que permitan la ventilación y el acceso de brisas desde la costa; sino que además desde una perspectiva de reparación histórica ciudadana nos permite luego de casi treinta años recuperar estas 71 hectáreas de tierras públicas que estaban destinadas a un espacio deportivo y recreativo”, describió María Eva Koutsovitis, ingeniera civil y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la UBA.
«Tenemos que respetar el mandato constitucional de que toda la Costanera sea pública destinada a grandes parques y biocorredores. Puerto Madero es una tragedia urbana para nuestra ciudad. Podríamos tener una reserva mucho más grande y más parques en una ciudad con pocos espacios verdes. Frente a la escandalosa privatización de 70 hectáreas de nuestra Costanera en los noventa, ahora es el momento de cumplir la misión de recuperarla y la única vía es la expropiación frente a la voluntad de la especulación inmobiliaria en avanzar en un nuevo Puerto Madero», dijo por su parte Alejo Caivano, abogado de La Defensoría de Laburantes, otra de las organizaciones impulsoras del proyecto de ley.
