Los resultados electorales del domingo 12 de septiembre en las PASO desencadenaron una guerra de posiciones al interior del oficialismo. Lo que antes se había desarrollado puertas adentro, terminó siendo una discusión de cara al conjunto de la sociedad. El ala del Ejecutivo nacional que responde a Cristina Fernández de Kirchner -acompañado en un gesto similar por sus pares en la Provincia de Buenos Aires, bajo el mando de Axel Kicillof- presentó una serie de renuncias en el gabinete para forzar un «cambio de rumbo», lo cual dio lugar inclusive a suspicacias sobre la posibilidad de una ruptura definitiva en el Frente de Todos.
En el medio se recordaron antiguas diferencias en las que el kirchnerismo duro no logró imponer su visión: desde la estatización de Vicentin hasta el control en las obras de dragado y balizamiento de la Hidrovía. Sin embargo, las diferencias políticas se resolvieron finalmente por las buenas -tras registrarse tensos momentos como el posteo de Alberto y la carta de Cristina en un mismo día- y la salida adoptada fue la conformación de un nuevo gabinete en el que continúan representadas las diferentes facciones del peronismo gobernante.
¿Qué lectura política se puede hacer del nuevo gabinete? En primer lugar, el cuestionado Santiago Cafiero fue reemplazado por el experimentado gobernador de Tucumán Juan Manzur, quien era un pedido expreso de CFK -más allá de antiguos cruces y distanciamientos- y ya había sido su ministro de Salud entre los años 2009 y 2015. La designación de esta figura tradicional del peronismo al frente de la Jefatura de Gabinete revela que el oficialismo precisa hoy más que nunca del compromiso de sus gobernadores aliados y sus anclajes político-territoriales para mejorar la performance en los comicios de noviembre. «Mis candidatos son los candidatos de los gobernadores», dijo el Presidente en el encuentro del fin de semana en La Rioja junto a los mandatarios provinciales del Frente de Todos.
Al intento de incrementar la eficacia de la gestión responde también la llegada de Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad -desde la oposición se le recordó su desafortunada frase sobre la «sensación de inseguridad» en 2014-, área en la que el Gobierno no logra satisfacer ni siquiera a sus propios votantes. Por otro lado, los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo seguirán en manos de Martín Guzmán y Matías Kulfas, respectivamente, ambos en el ojo de la tormenta tras registrarse en los últimos meses un ajuste fiscal en el marco de las negociaciones con el FMI.
Cabe destacar que en la Provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof realizó un movimiento parecido al efectuado por el Presidente. En la Jefatura de Gabinete queda al frente Martín Insaurralde -intendente de Lomas de Zamora- y en el Ministerio de Infraestructura fue designado Leonardo Nardini -intendente de Malvinas Argentinas-, lo cual también marca la búsqueda de un mix entre experiencia de gestión y poder territorial en el ámbito geográfico donde el Frente de Todos perdió mayor cantidad de votos: el conurbano bonaerense.
En la mira del Gobierno no están únicamente las generales de noviembre, sino también ejecutar el plan económico por el cual fue electo dos años atrás con el fin de volver a ser una opción competitiva en 2023. Si se miran las PASO de 2013 y 2017, el panorama no debe ser visto como alentador: las fuerzas ganadoras en esta instancia (el Frente Renovador en el primer caso y Cambiemos en el segundo) obtuvieron luego diferencias incluso mayores sobre el kirchnerismo. Esto significa que la inyección de recursos económicos a mansalva hacia los sectores más postergados no garantiza una remontada mágica que ponga al Gobierno en una situación distinta de cara a la segunda parte de su mandato.
Esto último fue interpretado a las claras por el jefe del bloque FdT en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, quien señaló ayer en una entrevista radial que «lo central no es la elección de noviembre, sino mejorar la calidad de vida de la gente». Por lo tanto, el camino hacia la reconciliación con la base social propia es más largo que los tiempos electorales y para ello debe producirse en principio una asistencia directa a quienes perciben la AUH, a los jubilados que cobran el haber mínimo, a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar y a los sectores insertos en la economía informal, entre otros. El desafío será cómo implementar estas medidas sin recalentar la inflación, uno de los talones de Aquiles que se arrastra con fuerza desde la era Macri y viene costando caro al oficialismo.
