En el marco de un nuevo 28 de septiembre, Día Internacional de la Lucha por el Aborto Legal, la organización Crear Perú, un voluntariado juvenil del país vecino, realizó el conversatorio «Marea verde: compartiendo experiencias de tres países latinoamericanos”. El evento virtual, que contó con la presencia de El Grito del Sur y activistas de México y Perú, buscó radiografiar las tensiones de un territorio tan candente como diverso, atravesado por climas sociales, geografías políticas y paisajes ideológicos complejos. A través de la plataforma Zoom, les expositores y el público en general sentaron postura, compartieron dudas y relataron vivencias propias, reivindicando que lo personal es político.
Argentina: un emblema de lucha
En el país, la lucha por la legalización del aborto viene de larga data. Desde los artículos escritos por Victoria Ocampo en los ’60 hasta la marea verde, debieron gestarse grandes cambios sociales para que, recién en 2018, llegara a tratarse por primera vez a nivel parlamentario. Ese año el movimiento feminista argentino, que venía organizándose a partir de agrupaciones independientes, partidos políticos y ámbitos académicos, cobró tal masividad que cambió el rumbo de la historia y generó un eco en toda la región.
Durante meses, todos los martes y jueves personas de diferentes géneros, orientaciones políticas, clases sociales, religiones y edades se dieron cita frente al Congreso Nacional. Los pañuelazos -donde se juntaron actrices, poetas, cantantes, sindicalistas y futbolistas- se multiplicaron a lo largo del país, formando una cartografía estratégica que, sin idealizar todo bajo un rasero de la sororidad, permitió articular alianzas para conquistar votos. Si bien el 8 de agosto del 2018 no se consiguió el resultado esperado en la Cámara de Senadores, esta experiencia sirvió como bagaje para que en el año 2020 Argentina se convirtiera en el país más poblado de América Latina en legalizar el aborto.
Hoy, hace casi nueve meses que las personas gestantes tienen la posibilidad de interrumpir su embarazo de manera voluntaria hasta la semana 14. Mientras antes de la sanción de la ley el Ministerio de Salud registraba alrededor de 50.000 internaciones por abortos inseguros al año, en los primeros seis meses de 2021 ya había 1150 efectores públicos llevando a cabo la práctica, se habían distribuido 15.445 tratamientos de misoprostol y la mayoría de los recursos judiciales presentados para declarar inconstitucional la ley habían sido descartados. No se conoció ninguna muerte por aborto inseguro hasta el momento.
México y Perú: la experiencia de la región
A diferencia del panorama local, en México la regulación del aborto varía según el estado, lo que genera que si bien en todo el país esté autorizado en caso de violación, en sectores como Michoacán y Yucatán se contemplen las variantes económicas y en México DF (desde 2007), Oaxaca, Hidalgo y Veracruz sea legal hasta la semana 12.
Hace apenas algunas semanas, los medios internacionales se hicieron eco de un fallo de la Suprema Corte que declaró inconstitucional una normativa de Coahuila que criminalizaba el aborto en el primer trimestre. Si bien en términos estrictos la punición regía solamente en dicho territorio, este hecho sienta un precedente a nivel nacional, despenalizando a fines prácticos.
“Si se pudo lograr que el aborto sea legal en cuatro estados debería poderse en todos, lo que pasa es que cada vez que se trae el debate a los estados más conservadores los funcionarios deciden por sus convicciones personales de manera arbitraria”, explicó Regina Vital, estudiante de ingeniería biomédica y activista feminista mexicana de 21 años. “Seguimos sometidas a leyes añejas y paternalistas. Si el derecho a la vida fuera tan intocable, tampoco debería estar permitido abortar por violación. Lo que les molesta es que la mujer decida. En México tú tienes toda la libertad sexual que quieras hasta que te embarazas y ahí pasas a estar en manos del Estado”, enfatizó la joven que, más allá del fallo, sostuvo la necesidad de legalizar la práctica. “Quienes cuentan con recursos económicos para viajar a los estados donde es legal pueden realizarse el aborto en una clínica privada, pero el seguro social solo te cubre en el lugar donde resides. Esto genera que miles de personas gestantes mexicanas de clase baja continúen sumidas en la clandestinidad por la arbitrariedad de unos cuantos funcionarios”.
En el caso de Perú, a pesar de que el Aborto Terapéutico fue aprobado en 1924, recien en junio del 2014 el Ministerio de Salud aprobó la Guía Nacional para Interrupción Voluntaria del Embarazo por Razones Terapéuticas, que continúa siendo limitada. Esto genera que, según datos de Católicas por el Derecho a Decidir, al 2019 se realizaban 350 mil intervenciones clandestinas por año. Asimismo, un informe del 2018 por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), refleja que un 19 por ciento de las mujeres peruanas entre los 18 y 49 años declaró haberse realizado un aborto, proporción que aumenta en los estratos económicos medios y bajos. Mientras el 17 por ciento de mujeres que interrumpieron su embarazo con pastillas necesitaron ser hospitalizadas, este porcentaje escala a 49 por ciento entre aquellas que tuvieron un aborto quirúrgico.
«El aborto ha sido, es y será una realidad nos guste o no. Por eso la discusión no es con el tío machista que «no está de acuerdo», sino con los Estados cómplices del aborto clandestino e inseguro, que cobra la vida de miles de personas con capacidad de gestar en el mundo», aseguró Gisel Morales, estudiante del decimo ciclo de Sociología de la UNMSM y facilitadora de derechos sexuales y derechos reproductivos e igualdad de género por el Centro Juvenil Futuro (INPPARES).
Proyecto Mirar: ¿Qué dicen nuestras palabras?
A principios de septiembre, en Argentina se presentó el proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health para monitorear la implementación de la Ley 27.610. En este marco, Sara Pérez, Ana Aymá, Florencia Moragas y Emilse Kejner se propusieron analizar la cobertura periodística del debate legislativo de 2020.
Con un corpus de 1913 piezas textuales (entre crónicas, entrevistas, noticias y notas de opinión) publicadas en medios nacionales y provinciales entre el 30 de noviembre, fecha de ingreso del proyecto, y el 31 de diciembre de 2020, cuando se sancionó, las investigadoras realizaron un mapeo de los términos más utilizados, dividiéndolos en 18 categorías.
De los resultados se desprende que quienes se oponían a la ley usaban lenguaje proveniente del campo religioso donde predominaba la idea del aborto como «eliminación» o “descarte”, instalando expresiones como “Niño por nacer” o “Persona por nacer”. Además, estos grupos intentaron apropiarse de la expresión “derecho a la vida” a través del argumento de que el aborto vulnera los derechos humanos de quienes no han nacido.
En el lado opuesto, quienes se expresaron a favor de la aprobación de la norma apelaron al derecho a la vida y autonomía de las personas gestantes, con frases como: “El aborto clandestino tiene como consecuencia la pérdida de la vida de las mujeres”.
Mientras estos últimos aseguraban que la ley estaba vinculada a la justicia social, ya que era una herramienta para mejorar la calidad de vida, quienes se opusieron tanto a la sanción como al tratamiento parlamentario, enfatizaron que el tema no era una prioridad y que la aprobación constituiría una sobrecarga para el sistema de salud, argumento refutado en diferentes oportunidades.
Cabe destacar que del total de notas analizadas en el marco del debate parlamentario (325), 151 recuperan posicionamientos favorables a la legalización del aborto y 78 en contra tanto de la legalización como del tratamiento del proyecto, mientras un tercer grupo de 94 no sienta posición. Llama la atención que casi en un 32 por ciento las declaraciones replicadas no son de personas que ejercían la actividad parlamentaria: el 22 por ciento de los testimonios eran de representantes del campo religioso y un 19 por ciento de otras áreas del campo político.
