La Policía de la Ciudad desalojó esta mañana a unas 150 mujeres con sus hijes que desde mitad de año acampaban sobre uno de los basurales de la Villa 31, en el sector del barrio conocido como “La Containera”, muy cerca de uno de los complejos de viviendas estatales construidas por el Gobierno porteño. Con topadoras, decenas de efectivos y sin previo aviso, el operativo arrasó en pocos minutos con las casillas precarias y terminó por levantar el asentamiento. “No les importó nada. Tiraron todo lo que había adentro. Vinieron a las 7 de la mañana y nos echaron a la calle peor que a un perro», describió una de las desalojadas.
«Ahora no sabemos adónde vamos a dormir con nuestros hijos. Hace más de tres meses que estamos en el asentamiento. Armamos el asentamiento porque no tenemos un lugar para vivir», dijo Graciela Sosa, una de las voceras de las familias. «Estamos por el derecho humano a una vivienda, estamos por el derecho de las mujeres y de las madres, a tener una vivienda digna donde vivir porque los alquileres de la villa no los podíamos pagar más. Hoy nos quedamos a la deriva», agregó.
La toma había sido bautizada “La fuerza de las mujeres”, debido a que la mayoría provenía de hogares con violencia machista. El acampe, a la intemperie, se montó además como forma de protesta por el crecimiento del valor de los alquileres en el barrio, que en ningún caso baja de los diez mil pesos. El propio Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño reconoció hoy, horas después del operativo, que solo 17 de las 52 familias censadas cobraban el subsidio habitacional, conocido como “el 690”.
La orden de desalojo provino de la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de Faltas 15, a cargo de Valeria Massaglia, quien desde hace meses venía amagando con la decisión. Según el Gobierno de la Ciudad, las mujeres desalojadas “nunca aceptaron ser censadas ni la ayuda social y habitacional que se les ofreció” en la previa. El abogado de las familias, Ramiro Geber, lo desmintió: “Ni la fiscalía a cargo de Valeria Messaglia ni el Gobierno de la Ciudad quiso armar la mesa de diálogo”, dijo.
Las primeras casillas se habían levantado a principios de junio, en pleno invierno. El terreno en cuestión es un basural repleto de escombros de las casas que la ex Secretaría de Integración Social y Urbana, encargada de la urbanización de la 31 y degradada a Unidad de Proyectos, comenzó a demoler hace por lo menos tres años. Según el Gobierno porteño, allí se planea “construir una escuela para los chicos” pero los escombros nunca fueron removidos, pese a las quejas de los vecinos. El desalojo es la primera medida importante de la nueva gestión del barrio, a cargo de Tomás Galmarini, sobrino de la titular de Aysa Malena Galmarini.
«Urgimos al Gobierno de la Ciudad a dar una solución real a estas personas y a sus infancias que no tienen donde vivir ni cómo afrontar un alquiler. La Ciudad debería tomar el ejemplo de Berlin y convocar a un plebiscito para que sean las ciudadanas y los ciudadanos quienes decidan qué hacer con los edificios ociosos aún en manos privadas y así poder dar una solución concreta al drama habitacional que miles de familias padecen», afirmó Walter Córdoba, referente de Somos Barrios de Pie Capital, una de las organizaciones que acompañaba la toma.
“En horas en que el Jefe de Gobierno entrega tierras y espacios públicos a la explotación y especulación inmobiliaria, las familias de las barriadas populares como es el caso de la Toma Fuerza de Mujeres son arrojadas a la calles sin respuesta por parte del Estado y sus instituciones”, denunció por su parte el legislador porteño del FIT, Gabriel Solano. “La policía ingresó pateando, apaleando, golpeando y prendiendo fuego casillas precarias que montaron decenas de familias arrojadas a tal situación a causa de la crisis de vivienda que atraviesa el país y en particular la Ciudad”.
