Los efectos que generó la pandemia del Covid-19 en torno a las dinámicas del trabajo en la actualidad aceleraron los debates en torno a una de sus aristas más importantes: la jornada laboral. A más de 100 años desde que se estableciera el primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la materia, ¿Cómo se posiciona la Argentina en relación al resto del mundo?
Según una investigación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicada en julio de 2020, la crisis sanitaria del Covid incidió en una serie de tendencias que ya se venían marcando en el mercado laboral: destrucción y transformación de empleos y aumento de la desigualdad. Otro informe del mismo organismo de febrero de 2021 señaló que esta crisis generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región.
Como era de esperarse, la Argentina no se encontró ajena a esta realidad. El Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) perteneciente al CONICET reveló a través de una serie de publicaciones que la pandemia intensificó y agudizó múltiples situaciones de precarización que ya existían en el país. Algunos de estos informes advirtieron acerca del estrés por el encierro y las dificultades asociadas al teletrabajo, mientras que otros indicaron que sigue existiendo un importante conjunto de trabajadores informales con problemas de nutrición.
Cuánto se trabaja en el país y en el mundo
La legislación argentina establece que la jornada laboral no puede superar las 8 horas diarias o 48 horas semanales, una situación que es similar en países vecinos como Bolivia, Paraguay, Perú y Uruguay. En el otro extremo, se encuentran Francia, Australia y Dinamarca, donde las jornadas legales son menores a las 40 horas semanales. De acuerdo a datos de la OIT, las jornadas más extensas están en América Latina, parte de África y el sur de Asia.
Ahora bien, estas son las jornadas legales, pero ¿cuánto se trabaja efectivamente en Argentina? Un estudio del Instituto de Pensamiento y de Políticas Públicas (IPyPP) publicado en agosto de 2021 precisó que en el país hay 4,5 millones de sobreocupados, es decir, que trabajan por encima de las 45 horas semanales, lo que representa el 26% del total de ocupados. “La sobreocupación es una consecuencia del fenómeno de la precarización e informalidad laboral y los bajos niveles de ingresos laborales”, destaca el informe.
Siguiendo esta línea, detalla que de los 4,5 millones de ocupados con sobrejornada, el 26% trabaja por cuenta propia por un ingreso mensual de apenas $31.300. A su vez, cerca de un millón (el 21%) son asalariados no registrados. “Se percibe claramente que el problema de ingresos y pobreza en los ocupados está muy lejos de tener que ver con la reticencia al trabajo, al contrario”, subraya la investigación.
¿Es viable reducir la jornada laboral?
Los proyectos presentados hasta ahora en el Congreso para reducir la jornada laboral son dos. Uno es el de la diputada Claudia Ormaechea, del Frente de Todos, que plantea una jornada laboral máxima de 6 horas diarias y un tope de 36 horas semanales. El otro pertenece al diputado Hugo Yasky, de la misma coalición, que propone una carga semanal de 40 horas y que los gremios de cada cámara empresaria fijen la forma en que se distribuyen esas horas a lo largo de la semana, tal y como sucede actualmente.
Ante esta situación, algunos sectores y funcionarios decidieron manifestarse públicamente en contra de cualquier iniciativa de este tipo bajo el argumento de que muchas empresas van a quebrar debido a que disminuirá su producción y aumentarán sus costos. Como vemos, estas estrategias discursivas no difieren demasiado de las que circulaban en 1886, cuando fueron fusilados los Mártires de Chicago por reclamar la jornada laboral de 8 horas. En aquel momento, sólo existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas y la única sanción para este incumplimiento era una multa para la empresa.
En 1919, la OIT logró convertir las demandas de estas luchas colectivas en el primer “Convenio sobre las horas de trabajo”. Desde entonces, se produjeron numerosos cambios sociales, culturales y en los modos de producción. Entre estos, está la introducción de la mujer en el mercado laboral formal y la inclusión de la ciencia y la tecnología, que elevó la productividad, acortó los tiempos de producción y redujo la mano de obra intensiva.
En este contexto, el sector empresario terminó asumiendo que menos tiempo de trabajo no significa necesariamente merma de la productividad, sino que, por el contrario, las jornadas más cortas implican un uso más racional de los tiempos de producción, de la energía y menos accidentes de trabajo. Numerosos experimentos que se han aplicado recientemente en distintas partes del mundo han demostrado que es viable seguir reduciendo las jornadas laborales, tal y como recomienda actualmente la OIT.
La realidad de Argentina
El mencionado informe del IPyPP resalta que en los países centrales el debate está asociado centralmente a los cambios tecnológicos y que, si bien en la Argentina esto debe ser tenido en cuenta, “requiere de un abordaje previo ligado a una forma particular de precarización laboral que es la ultra explotación por la vía de jornadas extenuantes”.
Siguiendo esta línea, concluye que si se hiciera efectivo el control de la jornada laboral vigente “podrían liberarse 1,6 millones de puestos de trabajo y se resolvería el 80% de la desocupación”. Sin embargo, debido a que la mayoría de los sobreocupados se encuentra en la informalidad este control resultaría demasiado difícil de alcanzar por el momento.
A pesar de esto, el estudio analiza que, si se regulara el segmento de asalariados registrados, que poseen un nivel de sobreocupación del 25%, y se les asignara un reparto de los tiempos de trabajo acorde con la jornada laboral vigente de 8 horas “se generarían 661.375 puestos de trabajo. Es decir, podría resolverse un tercio del problema del desempleo”.
A esto se le podría agregar que no disminuir el salario en el país implicaría una gran ventaja comparativa porque el mercado interno ocupa prácticamente el 80% del PBI. En este sentido, un mayor poder adquisitivo por parte de los trabajadores y jubilados trae como consecuencia un aumento del consumo, la producción y las ventas.
Por otra parte, los trabajadores podrían tener más tiempo para la familia, para hacer deporte y también para instruirse. Trabajadores más felices y más formados, ¿no representan también un beneficio para las empresas? ¿Pero cómo se avanza en una ampliación de derechos como esta en un mundo laboral tan precarizado?
Desde La Defe afirmamos que es necesario avanzar en el debate de la reducción de la jornada. En estos años, la pandemia intensificó la explotación laboral atravesada por grandes problemáticas de salud mental para la sociedad en general, y para les laburantes, mucho más. Necesitamos transformar el mundo del trabajo, actualizar las leyes para que avancen al servicio de la búsqueda de dignidad de quienes hacen que todo esto se mueva.
