La semana posterior a las PASO, mientras todas las miradas se centraban en los movimientos internos del Frente de Todos, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aprovechó la distracción general y coló por la ventana un proyecto de ley en la Legislatura local para que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ) pueda intervenir en causas nacionales. La aparición del proyecto, sorpresiva -lo anunció el legislador de Vamos Juntos Gastón Blanchetiere durante una sesión virtual de la Comisión de Justicia, sin que estuviera incluido en el temario- levantó las alarmas en la oposición, que salió rápidamente a denunciar un conflicto de competencias y un intento desesperado del oficialismo porteño por salvarle las papas a Mauricio Macri en la causa del Correo Argentino. “Que el TSJ porteño se meta en una causa nacional es el planteo que hicieron en el caso Correo Argentino. Quieren traer la causa Correo Argentino al TSJ porteño», denunció la legisladora del Frente de Todos Claudia Neira.
Es que en junio de este año, 48 horas después de que la jueza Marta Cirulli decretara la quiebra del Correo Argentino, los abogados de Socma Americana presentaron un recurso para removerla de forma “urgente” de la causa ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño. La movida fue un intento desesperado de Mauricio Macri para zafar de un más que probable desenlace judicial adverso en los tribunales comerciales nacionales. Cauto, el TSJ dejó correr los meses y, hasta ahora, no rechazó ni aceptó el planteo. Si la Legislatura porteña termina aprobando el proyecto de ley, que se debatirá en principio este jueves, estaría en condiciones de hacerlo, a menos que un tribunal federal nacional se lo impida.
«Quieren dirigir las causas que a Larreta y Macri le interesan a la mayoría automática del Tribunal Superior de Justicia porteño», dijo por su parte sobre el proyecto la legisladora Lucía Cámpora.
Las suspicacias se basan en que tres de los cinco miembros del TSJ porteño, Marcela de Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg de Roca, fueron designados por Rodríguez Larreta o por el propio Mauricio Macri, durante su paso por la Jefatura de Gobierno. Weinberg de Roca, incluso, fue la candidata del expresidente a ocupar la silla vacante que dejó Alejandra Gils Garbó tras ser forzada a renunciar a la Procuraduría General. Otamendi fue funcionario de Germán Garavano durante el gobierno de Cambiemos y de Langhe fue presidenta del Instituto de Seguridad Pública, donde se entrena la Policía de la Ciudad.
«Intentan institucionalizar un mecanismo para que las causas terminen en los tribunales amigos del oficialismo de la Ciudad; y sabemos cómo se compone el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad: tiene hasta funcionarios del gobierno de Mauricio Macri», agregó Cámpora.
