Filtraciones en los techos y grietas en las paredes, pisos desnivelados, herrajes en mal estado, fallas en el sistema eléctrico, caños cloacales rotos, poca o nula aislación térmica y acústica y problemas con el suministro de agua caliente. Una casa nueva no debería traer consigo ninguno de esos trastornos, pero son cosa de todos los días para un grupo de familias de la Villa 31 recién mudadas al complejo de viviendas populares conocido como “YPF”, estrenadas hace poco más de dos años por el Gobierno porteño. Un informe elaborado por especialistas del Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC) de la UBA, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) y la Defensoría de los Laburantes relevó la situación de 45 hogares beneficiados por la obra, y llegó a la conclusión de que “la sumatoria de los déficits en la construcción ponen en juego la durabilidad y la vida útil” de las viviendas, además de generar potenciales problemas de salud y riesgo de incendios y derrumbes.
“Los problemas que encontramos son serios y la preocupación de los vecinos es muy grande. Los daños estructurales que encontramos en las losas y los techos ya están debilitando y hasta pueden terminar por destruir la estructura resistente de los edificios si el Gobierno porteño no escucha el reclamo e interviene a tiempo. Los problemas de seguridad eléctrica también son graves, hay riesgo de nuevos incendios, como ya sucedió en uno de los departamentos en mayo de este año”, resumió ante la consulta de El Grito del Sur la ingeniera María Eva Koutsovitis, de la CLIC.
El informe se basó en 45 entrevistas con familias que habitan en 19 de los 26 edificios de departamentos inaugurados en 2019 por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. El complejo fue construido en los terrenos del barrio que alguna vez pertenecieron a YPF, de donde toma el nombre, y desde el inicio del proceso de urbanización, en 2016, las viviendas estuvieron destinadas a relocalizar a mil familias que habitaban debajo de la traza de la Autopista Illia. El proceso de reubicación resultó forzado, dado que varios de los destinatarios de las nuevas viviendas no se querían mudar, tanto por las dificultades para el desglose familiar como por la desconfianza en el método de construcción, que en su momento fue cuestionado por lo bajo por varios funcionarios porteños dedicados a otros procesos de urbanización, como la Rodrigo Bueno y la Villa 20. Además, parte de los cuestionamientos eran económicos: las familias debían resignar parte de sus ingresos por el alquiler de piezas o los comercios que tenían en su antiguo barrio y pasar a pagar mensualmente la hipoteca por su nueva vivienda.
Según el informe, el 73,8 por ciento de las familias encuestadas denunció “filtraciones de agua a través de los techos” y el 69 por ciento acusó “filtraciones de agua a través de las paredes”. Un 68,2 por ciento afirmó “no poder enchufar varios artefactos a la vez” porque salta la térmica y que las luces y los enchufes “funcionan mal”. Respecto a las instalaciones sanitarias, el 81,4 por ciento dijo que la provisión de agua fría y agua caliente “es insuficiente”. El 81,4 por ciento describió que la aislación acústica “es muy deficiente”.
Los espacios comunes también se sumaron a la lista. Más de la mitad dijo que “las luces de los pasillos y las escaleras funcionan mal”, lo que complica el proceso de evacuación ante algún imprevisto. En el 43 por ciento de los casos se detectó que no hay matafuegos o que los matafuegos no tienen carga, y que no funcionan las luces de emergencia.
“La falta de luces de emergencia y la falta de elementos de seguridad básicos adecuados potencia el riesgo de accidentes, el riesgo de pérdida de vidas y además nos lleva a un escenario de eventuales incendios no controlables”, destacó Koutsovitis. Y agregó: “los derrames de líquidos cloacales constatados en algunas de las unidades funcionales constituyen un enorme riesgo para las familias. Las filtraciones que generan humedades y mohos aquí nos ponen frente a un mayor riesgo de sufrir enfermedades vinculadas al sistema respiratorio”.
“Si a los graves problemas le agregamos que muchas familias fueron relocalizadas contra su voluntad y en ese proceso perdieron parte de sus ingresos, más el shock económico que implica pagar la hipoteca, más los servicios, más el costo de acondicionar y mantener los espacios comunes deficitarios, la conclusión es que esta pésima construcción tiene como objetivo potenciar el proceso de gentrificación y expulsión de los vecinos de la 31”, concluyó la titular de la CLIC.
El informe abunda en las consecuencias que podrían generarse si el deterioro se profundiza:
- “Las humedades en paredes pueden ocasionar deterioro del Durlock y corrosión en los perfiles que lo soportan”;
- “Las filtraciones en carpinterías generarán un deterioro de las mismas con el consiguiente empeoramiento de su hermeticidad. Se favorecerá el proceso de corrosión en herrajes y bisagras que ya está en marcha”;
- “Las fallas en las instalaciones eléctricas generarán cortocircuitos y deterioro de cables y componentes”;
- “El subdimensionamiento de los cableados, tableros y terminales genera, además de múltiples riesgos, gran incomodidad a las familias que no cuentan con otro suministro energético para calefaccionar, refrigerar, usar electrodomésticos, internet y ver televisión”;
- “Las fallas en la instalación sanitaria con sus pérdidas, desbordes y acumulaciones indeseadas de líquidos terminarán por deteriorarse, ellas y los elementos constructivos que las contienen, además de pisos y paredes expuestos a chorreaduras de las cañerías”.
Ya en febrero de este año, la Defensoría del Pueblo elevó su propio informe, relevando varios de los mismos déficits en la construcción, e instó al Gobierno porteño a tomar cartas en el asunto. Desde el año pasado, vecinos y vecinas organizaron recorridas abiertas para los medios de comunicación con el objetivo de visibilizar la situación. El informe de las organizaciones también se abocó a ese punto: la abrumadora mayoría de las familias dijo que -antes de denunciar públicamente su situación- acudió a las autoridades a cargo de la urbanización, sin obtener respuesta. “Muchos reclamos fueron iniciados desde el momento mismo de la entrega de las viviendas”, dice el informe.
“El Gobierno porteño hace todo lo posible para no consolidar el barrio y para no otorgar todas las soluciones habitacionales definitivas que necesitan las familias. Eso puede verse en las escrituras: la Ciudad no aceptó eliminar la posibilidad de que las viviendas fueran subastadas por falta de pago. Este proceso de reurbanización o integración social y urbana tiene más rasgos de un proceso de gentrificación lento a largo plazo para que el barrio desaparezca y estos suelos sean destinados a emprendimientos inmobiliarios suntuosos al estilo de Puerto Madero, como impulsa el GCBA en Costa Salguero en la Costanera Norte y el de Costa Urbana en la Costanera Sur”, afirmó por su parte Jonatan Baldiviezo, referente del Observatorio.
«Es inaceptable que se continue ignorando los reclamos de les vecines y no podemos seguir permitiendo un modelo de gestión que ningunee a los barrios populares, entregándoles viviendas de mala calidad, endeudándoles, violentándoles y poniendo en riesgo sus vida», concluyó Zoe Durruty. de La Defensoría de Laburantes.
