Picante como ají de gallina: el Perú arde al ritmo de las tensiones que enfrenta la gestión del presidente Pedro Castillo. Ayer, en una jornada agitada, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y otros seis miembros del gabinete presentaron su renuncia y fueron reemplazados en sus cargos. La decisión llega en un clima de sonantes tensiones al interior del gobierno, que enfrentan al sector del profesor con los partidarios del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Este miércoles fue nombrada como nueva jefa de Gabinete Mirtha Vásquez, abogada ambientalista, defensora de Derechos Humanos y expresidenta del Parlamento durante la gestión del saliente mandatario Francisco Sagasti. Su ratificación queda ahora en manos del Congreso, que deberá votar la moción de confianza que le permita asumir el cargo. La designación de Vásquez es un triunfo del ala de Castillo, que había chocado en numerosas ocasiones con el premier Bellido, sobre todo a partir de una iniciativa inconsulta de este último de avanzar en la discusión por la nacionalización del gas de Camisea, en Cusco.
Vladimir Cerrón es un actor fundamental en este escenario. Médico cirujano, ex gobernador de Junín y condenado a cuatro años por causas de corrupción durante su gobierno municipal, siempre fungió como un contrapeso del profesor, intentando condicionar sin mucho éxito la línea política del gobierno. Cerrón, cuyo paradero se desconoce luego de una avanzada judicial en su contra, había logrado ubicar a varios ministros propios y había sido muy crítico de algunas designaciones, entre ellas la del economista Pedro Francke al frente de la cartera de Economía. Sin dudas, este neurocirujano formado en Cuba es el gran derrotado de la jornada: no solo pierde a su hombre de confianza, sino que también resigna posiciones al interior de su partido. Conserva algunas carteras de peso como Interior, Trabajo y Minería, pero su influencia en el gobierno se desdibuja y las tensiones al interior de su bancada afloran al compás de la crisis.
En un ejercicio comparativo (salvando las distancias que separan a ambos países), las tensiones que se viven en Perú pueden equipararse en cierta medida a la situación argentina: un gobierno de coalición sin equilibrios internos claros, una oposición radicalizada y obstruccionista y un debate de fondo, no por el contenido, sino por la velocidad de los cambios. La gran preocupación es que el gobierno peruano no pueda avanzar en las grandes transformaciones prometidas debido a las presiones internas y externas y que, mientras tanto, cargue con el peso y el desgaste de la gestión. A este diagnóstico se le suma otro elemento común: una muy mala gestión de la comunicación de gobierno. Mientras Castillo anunciaba la Segunda Reforma Agraria (un proceso de industrialización e inversión en cooperativas agrarias), TV Perú -la emisora estatal- transmitía un partido de tenis del Challenger de Lima.
A diferencia de la lectura partidaria de Perú Libre, no hay una derechización ministerial o una claudicación ante presiones, sino la expresión de una fractura interna que se arrastra desde el origen. Lo que preocupa no es el giro político hacia posiciones de centro, sino la muestra de fragilidad que persiste al interior de la coalición. Sin embargo, la decisión de reemplazar a Bellido parece augurar mejoras en el funcionamiento interno del gobierno: un equipo más sólido y compacto, que pueda avanzar de manera ordenada y que cargue con menos ataques de la oposición de derecha.
Algunos de esos frutos ya pueden empezar a verse. En principio, los cambios ministeriales cosecharon la adhesión de la bancada del centroizquierdista Acción Popular y del pragmático Alianza para el Progreso, votos necesarios si es que Castillo quiere sostener una buena relación con un legislativo fragmentado. Sin embargo, los acuerdos con estos espacios pueden complicar aún más el objetivo nodal con el que Castillo llegó al gobierno: la Constituyente. Lo que fuera la principal promesa de campaña, cada vez parece más lejana. Frente a la complejidad del primer intento de negociarla con aval parlamentario, vuelve a surgir la pregunta por la correlación de fuerzas y la viabilidad para encabezar este proceso. Lo cierto es que sin Constituyente, Castillo se refleja en un espejo oscuro: la humalización de su gobierno, replicar la gestión de Ollanta Humala que llegó con propuestas de transformaciones radicales y dejó el poder perpetuando un esquema desigual de crecimiento económico sin redistribución de la riqueza.
Así las cosas, comienza una nueva etapa en el gobierno de Castillo, que deberá enfrentar el voto de confianza del Parlamento a su nuevo gabinete y prepararse para una lucha difícil en ciernes: la presentación del Presupuesto 2022. A favor, la buena gestión de la pandemia y el apoyo popular que conserva en las regiones del interior y los sectores populares. En contra, una Constitución neoliberal heredada del fujimorismo, una oposición radicalizada y un gran nivel de fragmentación en el campo popular y sus organizaciones.
