El martes a la medianoche, se aprobó en la Cámara de Diputados la ley de Etiquetado Frontal. Con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones, el proyecto que ya tenía media sanción en el Senado se convirtió en ley después de la fallida sesión que hizo caer parte del bloque de Juntos por el Cambio. Afuera se concentraron activistas que impulsaron la iniciativa y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) organizó un verdurazo.
Consciente Colectivo, una de las agrupaciones que impulsó el proyecto, celebró la sanción. “Reafirmamos la importancia de involucrarse, participar y exigir que se garanticen nuestros derechos”, escribieron en su cuenta de Twitter después de la votación.
«Después de más de cinco años trabajando para que este proyecto sea ley, estamos muy felices de que las y los diputados hayan priorizado los derechos de la ciudadanía por sobre cualquier otro interés. Se trata de un gran avance para la salud pública de nuestro país y desde FIC Argentina agradecemos a la Cámara de Diputados por haber dado este gran paso en defensa de la salud», sostuvo Victoria Tiscornia, investigadora de Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC) Argentina.
Al inicio de la sesión (que terminó el miércoles a media mañana), la diputada Cecilia Moureau afirmó: «Con esta ley vamos a subir un escalón en la prevención de la salud y en la garantía de los derechos de todos los argentinos y argentinas».
La ley contempla cuatro ejes fundamentales: el etiquetado con sellos de advertencia (octógonos negros) en productos que contengan excesivos “nutrientes críticos” (azúcares, sodio, calorías, grasas saturadas y grasas totales); la prohibición de aquellos productos que contengan exceso de algún nutriente crítico en las escuelas; la regulación de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes; y la obligación de que el Estado priorice la compras de aquellos productos que no contengan sellos de advertencia, lo cual repercutirá de manera directa en la alimentación de las clases populares.
Sin embargo, desde el bloque del Juntos por el Cambio hubo voces que adelantaron que no votarían a favor de la iniciativa porque, argumentaron, “perjudica la industria alimenticia”. “Alguna vez fuimos el granero del mundo -vociferó Carmen Polledo del PRO-. Nuestros alimentos no son basura ni veneno, son una bendición”.
Su compañero de bloque, Alejandro García, acusó que la ley es una herramienta para “confrontar con los productores de alimentos”, cuando se está en un contexto de crisis con pobreza, malnutrición y desempleo. No faltaron quejas absurdas sobre chocotortas o “la ausencia de octógonos en los choripanes que dan en las marchas”.
Pero Gisela Scaglia (PRO) fue una de las voces que explicó con mayor claridad por qué es necesaria la ley de Etiquetado. “(Las empresas) quieren esconder y engañar. Hoy nosotros estamos acá para resguardar el derecho a la salud. Esta ley nos va a permitir que tengamos mayor información, una alerta para los ultraprocesados, una industria más sana”, dijo.
Scaglia sostuvo que la ley “no le prohíbe a nadie vender un producto” y que “quienes no quieran sellos negros pueden producir alimentos de otra calidad”. Además, apuntó que tampoco implica una traba para la exportación. “Encontramos productos argentinos en Chile con los octógonos o en Ecuador con el semáforo”, señaló en referencia a dos países que ya cuentan con leyes de este tipo.
“No hay derecho a la alimentación si no es de calidad. Por eso es importante lo que producimos y consumimos. Tenemos que dejar en claro que hoy no se pretende que la gente deje de consumir una golosina, lo que queremos es que la gente sepa qué está comiendo”, manifestó.
Las voces a favor criticaron la demora en tratar el proyecto. “Hay un interés económico claro y certero de 12 productores de alimentos y seis supermercados que quieren tener acaparada la producción de alimentos y la distribución en el mercado minorista”, denunció José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal) y resaltó la importancia del derecho a la información y la posibilidad de que los consumidores conozcan cómo están compuestos los alimentos que están consumiendo.
En la misma línea se expresó Carlos Ponce (Frente de Todos): “Al momento de la compra uno no se detiene a ver esos datos. Tenés que ser un nutricionista, deportista, para entender que esto le hace mal a nuestras familias”.
Según la 2° Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS 2) de 2019, solo un 13 por ciento de la población comprende la información que hay en los envases y etiquetas actuales. Además, el relevamiento indica (entre otras cosas) que niñes y adolescentes de 0 a 17 años consumen un 40 por ciento más de bebidas azucaradas, el doble de productos de pastelería o productos de copetín (snacks) y el triple de golosinas respecto de los adultos. Todos estos, productos con altos niveles de azúcar, grasa y sal.
La sanción de la ley es apenas el principio. Tanto las organizaciones de la sociedad civil como les diputades que impulsaron el proyecto aseguraron que en un futuro cercano se debe fortalecer la agricultura familiar y sancionar una ley de acceso a la tierra para que el pueblo argentino pueda, finalmente, lograr la soberanía alimentaria.
