Frente a la emergencia sanitaria por la llegada del Covid-19, diversos especialistas definieron a las cárceles como una «bomba de tiempo». El hacinamiento y la falta de infraestructura para atender a enfermos graves podían resultar en un agravamiento del impacto de la enfermedad y en el crecimiento de la conflictividad social al interior de las cárceles. Sin embargo, el Gobierno logró implementar con cierto éxito los protocolos para que no hubiera una explosión de los contagios en dichos lugares de encierro.
A lo largo de la pandemia, al interior de las unidades penitenciarias y policiales de nuestro país hubo dos períodos críticos: entre julio y octubre de 2020 (se pasó de 1145 a 1968 casos), y entre abril y junio de 2021 (se pasó de 2586 a 3710 casos). El último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que monitorea los lugares donde se encuentran personas en situaciones de encierro, destacó un significativo descenso de los contagios durante agosto y septiembre, a tono con el avance del proceso de vacunación. «Es así que en el mes de agosto de 2021 la reducción de los contagios fue de un 87% y en el mes de septiembre del 95% en relación a los respectivos meses anteriores», destacaron.
Hasta el 30 de septiembre se registraron 2740 casos confirmados y 96 fallecimientos en unidades penitenciarias, así como 1150 confirmados y 18 fallecimientos en unidades policiales. En relación a la situación en unidades penitenciarias, el reporte señala que las tasas de mortalidad por Covid-19 (de 98,9 cada 100 mil personas) y de letalidad (3,5% de fallecimientos sobre casos confirmados) se mantuvieron estables. Si bien la tasa de mortalidad resultó inferior a la registrada en el medio libre, la letalidad ha sido mayor en unidades penitenciarias producto del «deficitario acceso a la salud en estos establecimientos y la reducida cantidad de testeos, fundamentales para la detección y el tratamiento temprano».
Desde marzo de 2020, el monitoreo llevado adelante por el CNPT registró 96 hechos de protesta o medidas de fuerza asociados al cumplimiento de las medidas de prevención en relación al Covid o a la implementación de mecanismos de compensación frente a las restricciones adoptadas. «En general, gran parte de estos incidentes tuvieron lugar ante la inexistencia de canales de diálogo que permitieran gestionar pacíficamente los conflictos», explicaron desde el CNPT.
A finales de septiembre, ya habían sido inoculadas con al menos una dosis el 49,65% de las personas privadas de la libertad en todo el país. Las jurisdicciones que se encuentran con el porcentaje más bajo de su población penitenciaria vacunada son: Neuquén (50.8%), Buenos Aires (50.5%), Río Negro (48,4%) y Tucumán (40,8%).
