Este miércoles, asociaciones de abogados, gremios de trabajadores judiciales, organizaciones políticas y de la sociedad civil marchan al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de protestar contra el avance del Gobierno de la Ciudad sobre la Justicia porteña.
«La Union de Empleados Judiciales de la Nación ha expresado su oposición absoluta al traspaso de la Justicia nacional al ámbito de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires», explicó el dirigente sindical Julio Piumato, consultado por este medio. «Esta intentona de pseudo autonomía es solo una forma más de manipulación de la Justicia, un disparate de la Legislatura de la Ciudad que intenta traspasar la alzada de los tribunales nacionales a la órbita de la Ciudad», agregó Piumato, secretario general del gremio de los judiciales.
El affaire comenzó el pasado jueves cuando, en una maniobra poco usual y en el marco de la discusión de un proyecto sobre notificaciones y audiencias virtuales, el oficialismo porteño introdujo dos artículos que modifican el funcionamiento judicial en nuestro país. Según los agregados, el TSJ porteño tendría la potestad de fallar en causas nacionales, un precedente que preocupa a la oposición teniendo en cuenta la hegemonía macrista en el tribunal supremo: entre sus miembros destacan el ex viceministro de Justicia de Macri, Santiago Otamendi, e Inés Weinberg de Roca, candidata PRO a la Procuración durante la gestión amarilla.
Esta avanzada judicial también preocupa porque habilitaría que ciertas causas de peso tramiten en la Justicia local. Tal es el caso de la Causa Correo, que investiga la quiebra fraudulenta de la empresa en manos de la familia Macri. Con la decisión adoptada por la Legislatura, sería el TSJ la instancia encargada de fallar en una investigación de gran magnitud. Al respecto, la legisladora porteña Lucía Cámpora explicó: «Constituye una avanzada con claras intenciones de beneficiar concretamente a Mauricio Macri que, en la causa Correo, intentó un recurso similar acudiendo al Tribunal Superior de Justicia porteño para correr a la jueza nacional que estaba interviniendo y que había decretado la quiebra».
«Esta medida es una muestra más de la búsqueda de la Ciudad de Buenos Aires de implantar un modelo centralista porteño que no tiene parangón en la historia de la Justicia argentina», agregó Piumato. A su vez, el dirigente sindical enfatizó que la nueva medida no solamente busca garantizar la impunidad de los sectores afectados sino que también flexibiliza las relaciones laborales en el marco del Poder Judicial y busca controlar la esfera de la economía nacional. «Buscan manejar la economía del país, para controlar la vida del 90% de las empresas, que se encuentran en el ámbito de la Ciudad. Sea cual sea el gobierno, nosotros nos vamos a oponer a estas medidas que no buscan una mejor Justicia sino una manipulación de la misma», sentenció Piumato.
Otra de las críticas que se suma a los argumentos en contra de la modificación es que el Congreso Nacional debería ser el órgano encargado de legislar en la materia. Si bien desde Juntos por el Cambio esgrimen el argumento de la autonomía de la Ciudad para impulsar esta suerte de «traspaso judicial de facto», lo cierto es que en la Ciudad aún rige la Ley Cafiero, que establece que mientras Buenos Aires sea la capital, la competencia en este territorio será de la Justicia Nacional.
El sindicato judicial oficialista y el opositor, la CTA, la CGT, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Comisión Interna del Fuero del Trabajo. Incluso la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial Nacional o la propia Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El rechazo a la medida fue contundente y, si bien aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial, ya son muchas las voces que advirtieron que apelarán esta cuestión. Por lo pronto, el repudio comienza en las calles.
