«Necesitamos políticas públicas para cortar con la cadena de pobreza»

🧠🤔 Mientras la clase media habilitó la pregunta por la salud mental gracias a la pandemia, el tema sigue invisibilizado en los barrios populares. A partir del primer Informe de Salud Mental Villera, El Grito del Sur habló con militantes y trabajadores sociales sobre la problemática.

“¿Es posible gozar de salud mental en un contexto de precariedad? ¿Cómo hacer para obtener un mínimo grado de estabilidad psíquica cuando los derechos son vulnerados?” Las preguntas, escritas con angustia que sabe a bronca, resuenan en el primer Informe de Salud Mental Villera realizado por La Garganta Poderosa. El relevamiento, que se llevó a cabo en articulación con profesionales de la salud de los barrios, impactó como la piedra que rompe un cristal para dar visibilidad a la problemática.

Entre comités de expertos y prepagas extorsivas, en nuestro país las políticas de salud mental no parecen contemplar a las clases bajas. Como si se tratara de padecimientos exclusivos de los sectores medios de la sociedad, la vulnerabilidad emocional que atraviesa los barrios populares queda relegada a lo mínimo, invisibilizada tras la urgencia de la subsistencia.

Fotos: La Garganta Poderosa

“Empezamos a trabajar la salud mental hace dos años cuando nos dimos cuenta, especialmente en los espacios de asesoría para mujeres y disidencias, que había una demanda de contención psicológica que no se llegaba a cubrir”, cuenta Tamara Noga, referente de Salud de La Poderosa. “No es una cuestión de falta de predisposición de les profesionales, sino un recorte presupuestario donde el área de salud mental se ve fuertemente afectada. El informe es una herramienta más de las que pensamos todos los días para generar un nexo con los centros de salud de los barrios”, continúa. Según el diagnóstico, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que se necesitan más de 23 profesionales de atención de salud por cada 10.000 habitantes, en el barrio Yapeyú (Córdoba) hay una sola psicóloga para 10 mil habitantes; en la Villa 21-24, CABA, son 12 les profesionales para más de 70 mil personas; y el barrio Madres a la Lucha, Río Gallegos, no cuenta con psicólogues ni psiquiatras.

Camila Seijas es trabajadora social de la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones de la Ciudad de Buenos Aires. Sobre los consumos problemáticos, explica que -si bien a partir de la nueva ley de Salud Mental se los comenzó a concebir bajo esta órbita- hay una matriz punitivista que pervive tras las supuestas responsables individuales, desligando a quienes los padecen de su entorno. “Cuando hablamos de consumos problemáticos se cree que es una responsabilidad personal y no el producto de una coyuntura donde se entrecruzan muchos factores. Se juzga a les pibis como si fuera su culpa sin tener en cuenta que viviendo en un barrio liberado al lado de un punto de venta es mucho más probable que consuman”.

Si bien no es el único ámbito en el cual el sistema de salud es elitista por ser históricamente subestimadas, en las patologías mentales la brecha se agranda. Esto genera que quienes no cuentan con el respaldo económico para costear un tratamiento, se vean sometides a largas listas de espera a cambio de pocas sesiones de terapia o recurran a otros espacios, desde organizaciones sociales hasta comunidades religiosas. “Nosotres todo el tiempo estamos pensando espacios colectivos para contener, pero si bien éstos contribuyen a mejorar la salud mental, no reemplazan el tratamiento profesional. Cuando no se consigue terapia somos las mismas militantes de los territorios las que nos sentamos a escuchar a los vecinos y vecinas y generamos recursos básicos para acompañar situaciones de violencia, angustia, desesperación”, explica Tamara sobre el trabajo emocional que suele recaer sobre mujeres y feminidades. “Las mujeres son las que más se acercan a los espacios a pedir ayuda. Generalmente vienen porque alguien de su entorno está atravesando una situación de consumo y recién en ese momento sale a la vista que ella también. Tener una adicción siendo mujer está más estigmatizado: se pone en juego la sexualidad, el rol de la mala madre, la violencia de género”, explica.

“La accesibilidad de las mujeres a los tratamientos suele ser mucho menor porque en su mayoría tienen hijes a cargo y las instituciones no lo contempla. Recién al día de hoy se está permitiendo que los traigan, lo cual también genera que estén pendientes de elles y no totalmente abocadas al tratamiento», describe Seijas. «Cuando las pibas consumen, la sociedad las califica de malas madres y muchas veces les dan medidas de excepción que las separan de sus hijes, algo que no sucede en el caso de los varones. Por otro lado, cuando escarbas un poco te das cuenta que las que sostienen la red para que esa mujer pueda hacer tratamiento también son mujeres -madres, hermanas, tías- y al contrario muchas veces los hombres incluso argumentando que si van a terapia están descuidando la casa, los hijos o el trabajo”.

Fotos: La Garganta Poderosa

Durante la pandemia muchos problemas estructurales de las villas, como la falta de agua o la sobrepoblación de los comedores, se hicieron patentes. Sin embargo, el nivel de estrés y angustia que generó no fue tan abordado como en la clase media. Para cubrir el vacío institucional, en Paraná la Poderosa creó la cooperativa de panificación Timy del barrio Gaucho Rivero, que se sostiene entre seis jóvenes que estuvieron en situación de consumo. No obstante, “la violencia está inmersa en la raíz, ya que uno de ellos tuvo una recaída y terminó baleado por otro pibe del barrio, que también consume”.

La máxima consecuencia de la falta de tratamientos para la salud mental son los suicidios. Según el informe de Salud Mental Villera en el barrio Constitución, San Rafael, Mendoza, cuatro adolescentes se suicidaron en una semana; en el barrio Bosco II, Santiago del Estero, en 2020 se quitaron la vida seis adolescentes y hubo 30 intentos de suicidio. “Si la Ley Nacional de Prevención del Suicidio Nº 27.130 se hubiera reglamentado antes, quizás no estaríamos lamentando pérdidas irreparables”, manifiestan.

“Hay un loop por el cual por más que los pibes realicen el tratamiento, generen adherencia y dejen de consumir si cuando tienen que construir un proyecto de vida no tienen recursos es mucho más probable que vuelvan a hacerlo. Hay que pensar herramientas desde lo comunitario pero también capacitaciones, empleos, puestos laborales, cosa que no está pasando. Es difícil después de tres o cuatro entrevistas donde te rechazan por haber tenido consumos problemáticos no frustrarse y volver a recurrir a la sustancia, más si muchas veces está al alcance de la mano”, explica la trabajadora social.

“Al no ser reconocida, la salud mental queda por detrás de todas las otras urgencias que siempre se tienen que suplir. Desde las organizaciones, cuando vemos que alguien está entrando en un consumo problemático activamos redes para que la esquina no sea el único lugar donde pueda ir a parar pero no son suficientes. Necesitamos políticas públicas que nos permitan cortar con la cadena de pobreza de nuestras familias. Mientras tanto, desde los espacios colectivos vamos a seguir construyendo instancias para garantizar, dentro de lo que esté a nuestro alcance, para que cada pibe o piba pueda planear un futuro mejor”, concluye Tamara.

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Dalia Cybel

Escribo y edito sobre géneros en El Grito del Sur. Alguna vez fui historiadora del arte, ahora intento ser Maestranda en Estudios y Políticas de Género. Tengo un newsletter con nombre de dibujito animado. Mi superpoder es tener siempre los labios pintados.
@orquidiarios