Este martes se celebró el primer 28 de septiembre con aborto legal en Argentina. En ese contexto, el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol (MISObservatorio) -junto con la diputada nacional del Frente de Todos, Mónica Macha- presentó un proyecto de ley para incentivar la producción pública de misoprostol y mifepristona con el fin de garantizar las Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) en el marco de la ley 27.610.
El proyecto pretende fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico en torno al uso de misoprostol y mifepristona, elaborar informes semestrales sobre el impacto de la producción pública y establecer precios de referencia que puedan ser recalculados acorde a los contextos inflacionarios. Además, contempla la necesidad de asignar una partida presupuestaria especial para los laboratorios inscritos en AnLap (Agencia Nacional de Laboratorios Públicos) que lo produzcan.
“Las políticas públicas en torno a la producción de medicamentos requieren un diseño articulado e integral. Si bien ahora tenemos ley de IVE, por las diferencias culturales, políticas y sociales de nuestro país sabemos que el acceso al misoprostol cambia según el territorio. Nuestro proyecto busca desarrollar una estrategia integral que permita diseñar un sistema de producción pública a nivel nacional para optimizar la inversión en el tema y garantizar que pueda ser distribuido y comprado en todas las provincias”, contó a este medio Magui Fernández Valdez, candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, integrante de MISObservatorio y secretaria general de Nuevo Encuentro CABA.
“Las políticas de salud, como la interrupción voluntaria del embarazo, necesitan estar acompañadas de una política de medicamentos y producción de recursos que garanticen las intervenciones sanitarias. Si Argentina produce misoprostol, lo que va a producir es más salud y autonomía. El proyecto de ley viene a fortalecer y expandir el alcance del aborto legal”, manifestó por su parte Mónica Macha.
El misoprostol comenzó a utilizarse como método abortivo por los grupos feministas en los ’80, por estar contraindicado su uso durante el embarazo. Desde 2005 se encuentra entre el listado de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud -al igual que la mifepristona- y tiene un 85 por ciento de efectividad para interrumpir embarazos en el primer y segundo trimestre. Si bien este porcentaje aumenta cuando ambos medicamentos se combinan, convirtiéndose en la opción más segura, al día de hoy la mifepristona no se comercializa ni produce en nuestro país.
Solo dos laboratorios públicos producen misoprostol en la Argentina: el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado de Santa Fe (que provee al sistema público de salud) y la Productora Farmacéutica Rionegrina S.E (que se encarga del sistema público en la provincia de Río Negro). Esta limitación genera que los únicos dos laboratorios privados que lo producen, tanto BETA que lo comercializa bajo el nombre de Oxaprost como Domínguez que lo hace como MISOP200, tengan un monopolio que les permite aumentar los precios de manera desleal.
“La producción pública permitiría regular la competencia y el precio altísimo que fijan estos dos laboratorios. El proyecto también tiene en cuenta la brecha salarial y la distribución asimétrica de ingresos entre varones cis y mujeres y disidencias, que tienen consecuencias a la hora de cuidar la salud”, explicó Fernández Valdez.
Según el segundo relevamiento de precios realizado por el MISObservatorio, el Oxaprostx16 aumentó un 33,1 por ciento en 2020 y el MISO200x12 un 31 por ciento. En su primer informe, la organización había relevado que para marzo del 2020 el costo mínimo del misoprostol estaba un 18,2 por ciento por encima del ingreso promedio de las mujeres del decil más bajo, lo que representaba alrededor de 1,2 millones de mujeres. Es por eso que, desde el Observatorio, insisten en la necesidad de regular su comercialización. “Sin presencia del Estado, los laboratorios que producen las marcas comerciales que se consiguen en farmacias abusan de las remarcaciones de los precios, ubicando su rentabilidad por encima de todo bien público”, aseguraron.
“Si bien el Gobierno está trabajando en cuestiones de género, creemos que esta ley es un aporte para revertir las desigualdades y señalar la necesidad de repensar el acceso a la salud -afirmó la candidata del Frente de Todos-. Sabemos que no es lo mismo pedir un aborto para una piba villera, una persona de clase alta o un pibe trans. Mientras la realidad va transformándose, tenemos que poder garantizar pastillas a precio accesible en la farmacia”.
Para finalizar, Valdez resaltó que el gobierno nacional ha dejado en claro el peso de la agenda de género y diversidades tanto en hechos como en palabras. No obstante, y de cara a las elecciones, enfatizó que es necesario que esta perspectiva abarque todo el ámbito político. «Tenemos que encontrar estrategias para lograr que las agendas transfeministas sean transversales y no dependan de la voluntad de un partido. La contracara de esto es apostar a abrir la cancha y que los transfeminismos puedan ser agentes fundamentales en temas que no aparecen directamente relacionados, como la economía o el presupuesto nacional».
